Diario de Castilla y León

Servicios Sociales

Nuevo intento de compra de locales para los centros de violencia sexual de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora

La Junta flexibiliza condiciones de compra después de que los primeros concursos quedaran desiertos y este viernes cierra los procesos de Ávila, Palencia y Soria 

Local donde se abrirá el centro de crisis de Valladolid.

Local donde se abrirá el centro de crisis de Valladolid.STREET VIEW

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Valladolid

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La Junta de Castilla y León sigue buscando locales para abrir los centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual y, después de un primer intento sin resultados en Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, acaban de publicar otra convocatoria con requisitos más flexibles, sobre todo respecto a superficie y radio de ubicación, al igual que ya hicieran a principios de mes en Ávila, Palencia y Soria, donde tuvieron el mismo problema respecto a ausencia de proposiciones.

Con el objetivo de facilitar que los propietarios les oferten inmuebles donde poner en marcha este nuevo servicio de atención presencial continuada impulsado desde del Gobierno central para que haya uno operativo en cada capital del país, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha abierto un nuevo concurso público, con límite de presentación fijado para el 5 de julio.

Cabe recordar que este viernes, 20 de junio, es cuando se cierran los procedimientos de las otras tres provincias mencionadas anteriormente –en las que se tuvieron que lanzar de nuevo a principios de mes– pues, por el momento, sólo se ha resuelto la compra en Valladolid y en León.

En el primer caso, la Junta ha adquirido por 360.000 euros un bajo ubicado en el paseo de Isabel la Católica y, en el segundo, uno en la calle Sampiro por 210.000 euros. Serán los primeros en abrir, una vez se acondicione el interior para disponer los despachos y salas de espera y de reuniones, además de los baños y almacenes.

Ahora, con los cuatro nuevos procedimientos en marcha, el Ejecutivo autonómico ha tenido que reservar más presupuesto de lo previsto inicialmente, no porque haya modificado el precio de tasación por metro cuadrado, sino porque ha aumentado la superficie máxima estipulada para estos locales que se convertirán en el refugio donde puedan acudir las víctimas y sus familiares en busca de atención psicológica, jurídica y social.

En Segovia y en Zamora se permitirán recintos que lleguen a los 200 metros cuadrados, frente a los 175 fijados en la primera y fallida convocatoria; y en Burgos y en Salamanca, en vez de oscilar en una horquilla de entre 200 y 250 metros cuadrados, se amplía el abanico a un tamaño de entre 160 y 300.

Este ‘añadido’ de metros al alza es lo que ha motivado que se amplíe el crédito previsto, con 308.552 euros más reservados por si se llega al tope. La diferencia más notable es la de Salamanca, donde la Junta previó un desembolso máximo de 634.451 euros y ahora contempla 761.341 euros (126.890 más). En Burgos pasa de 410.997 a 493.197 (82.199 más), en Segovia de 364.377 a 416.431 (52.053 más), y en Zamora de 331.863 a 379.272 (47.409 más). Eso sí, habrá que esperar a comprobar las ofertas de los vendedores para ver realmente cuánto dinero se invertirá en cada local.

Además de flexibilizar el tamaño, la Consejería que gestiona Isabel Blanco también ha variado los requisitos en cuanto a ubicación, en aras de aumentar las posibilidades de encontrar una propiedad que encaje en las necesidades que buscan. En Segovia y Zamora se ha ampliado en 300 metros el «perímetro admitido» respecto al primer pliego, mientras en Burgos y Salamanca ese radio puede exceder en 500 metros.

Eso sí, tomando como referencia los distritos ya marcados en los mapas, que corresponden con barrios céntricos de las capitales. A partir de ahora también se amplía el máximo de superficie permitida en sótano o en altura (del 10 al 20%), respetando siempre que el local esté en planta baja, se acceda directamente desde la calle (no desde galerías interiores, patios, pasadizos o callejones) y no se ubiquen en entornos considerados «poco seguros», como puede ser cerca de túneles o en zonas con iluminación deficiente.

En cuanto a la declaración de eficiencia energética, ahora únicamente piden que dispongan de un certificado debidamente registrado, mientras en los primeros concursos solicitaba una clasificación mínima D. 

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