Castilla y León exige gestionar el Ingreso Mínimo Vital como País Vasco y Navarra pero el Gobierno muestra dudas jurídicas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, pidió hoy que el Gobierno transfiera a Castilla y León la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en las mismas condiciones que País Vasco y Navarra, pero chocó con la posición de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que según apuntó Blanco “no fue muy receptiva inicialmente" a esta demanda, en base a varias sentencias judiciales, que aluden al régimen especial de los dos territorios forales.

Saiz recibió hoy a la consejera en Madrid en lo que supuso una “primera toma de contacto”, que se produjo tras solicitar en noviembre la Comunidad una reunión con ella para abordar el IMV, puesto que Isabel Blanco señaló que Castilla y León "no puede ser una comunidad de segunda". "Castilla y León sabe gestionarlo", dijo, y añadió que tiene la Renta Garantizada de Ciudadana, prestación propia de la Comunidad, esta vinculada a la inserción laboral y la eliminación del absentismo escolar, por lo que expresó su “preocupación” con que el Ingreso Mínimo Vital no lo esté.

En ese sentido, Isabel Blanco señaló que la ministra les emplazó a seguir trabajando en el futuro por lo que la Junta le trasladará su propuesta sobre la gestión del IMV por escrito, ya que la Comunidad plantea que el Gobierno les transfiera la financiación para que la Comunidad asuma su tramitación, algo que insistió es “perfectamente posible”, pese a las dudas de la ministra, en virtud de los informes propios que maneja el Ejecutivo autonómico. Además, con ello, señaló que se mejorará la coordinación entre las dos ayudas, puesto que indicó en algunos casos han tenido que complementar la cuantía del IMV al ser menor que el de la Renta de Ciudadanía.

Fuentes del Ministerio señalaron que Elma Saiz destacó durante el encuentro el “compromiso de colaboración” del Gobierno con las comunidades para “fortalecer” los sistemas de protección a las personas en situación de pobreza y exclusión social. Además, añadieron que hizo una llamada a la corresponsabilidad de las autonomías “que pueden complementar la cuantía del IMV, aumentar su renta mínima o ampliar los colectivos a los que se dirige, garantizando un nivel de ingresos más digno y acorde a las necesidades reales de cada territorio, aunque lamentablemente muchas no lo están haciendo”, informa Ical.

Desde que se puso en marcha en 2020, cerca de 37.000 familias de Castilla y León han recibido el IMV, beneficiando a un total de 110.000 personas, de las cuales el 43,6 por ciento son menores. Esto, subrayó Inclusión en un comunicado, ha supuesto un desembolso de 475 millones de euros en la Comunidad.

En paralelo, la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación anterior de Castilla y León, descendió un 80 por ciento en este tiempo, pasando de 9.313 hogares beneficiados en 2020 a 1.748. La nómina destinada a cubrir estas prestaciones descendió igualmente de 4,47 millones en mayo de 2020 a 816.914 euros en mayo de 2024. Con ello, la Renta llega al siete por ciento en comparación con el IMV.

Además, el Ministerio de Inclusión indicó que ha desarrollado siete itinerarios ligados al IMV en Castilla y León, con una inversión de 4,2 millones de euros y que han beneficiado a 3.000 personas. Por ello, la ministra informó a la consejera de la intención de ampliar el programa, a la vista de los “grandes” resultados obtenidos y animados por la Comisión Europea, que se abrió a estudiar nuevas vías de financiación para darle continuidad.