Tudanca rescata la ley de derechos y garantías al final de la vida de Igea

El Grupo Socialista rescató, con la firma de su portavoz, Luis Tudanca, la proposición de ley de derechos y garantías en el proceso de las personas al final de la vida que en su día presentó el entonces gobierno de coalición de PP-Cs y después el exvicepresidente y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, que no llegó al pleno porque los actuales socios la pararon en la Comisión de Sanidad.

Tudanca explicó, en rueda de prensa, que el contenido de la ley es el mismo de la iniciativa de Igea, con quien lo ha hablado, con la inclusión de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista en su frustrada tramitación para regular el derecho de las personas a ser atendidos de forma adecuada para que el final de su vida sea lo más digna y los profesionales tengan protección. “Nada tiene que ver con la eutanasia”, aseveró.

El líder de la oposición socialista advirtió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que sí el problema era su presentación por Francisco Igea, lo que motivó el “boicot” en su tramitación -parada durante casi dos años y después rechazado su dictamen en Comisión, en un acto parlamentario “inaudito”-, ya no tiene “excusa” porque la firma él como portavoz socialista, informa Ical. 

“Tiene y debe ser aprobada sí queda un poco de conciencia y de humanidad”, argumentó Tudanca, después de recordar que es una ley necesaria y así se ha entendido en diez comunidades que tienen ya leyes para regular la mejor atención a los enfermos terminales, a la vez que rechazó el argumento del Grupo Popular de que lo que se pedía, ya se aplica.

En este punto, subrayó que el presidente de la Junta la consideraba necesaria en 2019 cuando se acordó con su entonces socio de Ciudadanos, si bien fue una de las leyes que decayó por el adelanto electoral de febrero de 2022, y recordó que la proposición de ley, registrada por Igea en junio de 2022, tuvo el voto a favor del Grupo Popular en su toma en consideración.

Por ello, confió en que el PP, de nuevo, se separe de Vox, único grupo que desestimó que la PPL siguiera adelante, y mantenga su posición anterior, porque recalcó que se trata de la política útil y de servicio público, “de humanidad”, palabra que repitió en varias ocasiones.

El enfado del portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, con Francisco Igea, no puede ser el motivo para no aprobar esta ley, razonó Tudanca, que rechazó “el bullying” al que, en su opinión, somete el PP a quien fuera su socio, lo que calificó de “infantil” e insistió en apelar a un compromiso ético y digno tanto con los pacientes terminales, como con sus familias y los profesionales.

Tudanca afirmó que sí se trata de “enfado” con Igea su partido tendría que estarlo más ya que en 2019 ganó las elecciones por siete escaños de diferencia con el Partido Popular, pero el pacto de Ciudadanos con Fernández Mañueco truncó que el PSOE gobernara en ese momento en Castilla y León.

Una tramitación frustrada

La proposición de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, presentada por Francisco Igea, fue la primera ley que entró en las Cortes tras la constitución de la XI Legislatura. El exvicepresidente rescató la norma que no se pudo aprobar por el adelanto electoral. También, fue la primera que avanzó ante el Consejo de Gobierno en julio de 2019, al poco de constituirse el nuevo Ejecutivo, si bien se remitió a las Cortes el 29 de julio de 2021.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de junio de 2022, acordó su admisión a trámite, ordenó su publicación en el BOCCyL y su remisión a la Junta para que manifestara su criterio respecto a la toma en consideración, que fue favorable, con lo que se abría la tramitación parlamentaria.

Su toma en consideración por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, con el único voto en contra de Vox, se produjo el día 7 de septiembre de 2022. Se trasladó a la Comisión de Sanidad y se abrió el plazo para la presentación de enmiendas, que sufrió cuatro prórrogas entre el 19 de octubre de 2022 y el 16 de marzo de 2023.

Finalmente, en junio la Mesa de las Cortes calificó las enmiendas presentadas por todos los grupos, excepto Vox, pero también el Grupo Popular, que registró 56 retiradas el 15 de septiembre, después de un “enfado” de su portavoz con Igea por el mensaje de éste en Twitter sobre la obesidad acompañado de una foto del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

Tudanca recordó que el se manifestó en contra del comentario del procurador Igea e insistió en que no debe ser “la excusa” para que esta proposición de ley no se apruebe, ya que afirmó que, de existir acuerdo, podría tener luz verde de las Cortes a finales de año.

La tramitación no se paró ahí, ya que el retraso en la convocatoria de la Ponencia y Comisión por parte del PP, que la presidente, llevó a la denuncia reiterada de Igea en la Junta de Portavoces y en declaraciones a los medios.

El 29 de diciembre de 2023 la Ponencia emitió el informe de esta proposición de ley, sin aceptar ninguna enmienda de la oposición. La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2024, acordó no aprobar el Dictamen, decayó y no llegó al pleno, en un hecho insólito en la Cámara, como recordó Tudanca.

Financiación económica

En relación a otros asuntos, Tudanca insistió en que la revisión del modelo de financiación autonómica, para el que aun no hay “una propuesta encima de la mesa”, se tiene que aprobar con el consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y tener en cuenta “las singularidades de todos”.

Tudanca, a preguntas de los periodistas, ofreció la misma posición que el martes por la tarde, en la rueda de prensa posterior al plenario celebrado por la comisión ejecutiva autonómica. “No me muevo del acuerdo pactado con Herrera”, aseveró en relación al consenso de comunidad sellado con el anterior presidente de la Junta.

Ante la polémica abierta por la posibilidad de un modelo que reconozca la singularidad de Cataluña, el dirigente socialista alegó que ya se produjo eso en la reforma de 2014 cuando se tuvo en cuenta el peso de la despoblación y su mayor coste en la prestación de los servicios básicos.

No obstante, como recoge el acuerdo de comunidad, defendió un nuevo modelo negociado de manera multilateral, aprobado por consenso y que recoja las singularidades de todos, como en el caso de Castilla y León la despoblación, envejecimiento, dispersión y extensión. Pero también rechazó el “dumping” fiscal de Madrid que perjudica a esta Comunidad.

Además, rebatió la critica del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que el Gobierno “roba” a Castilla y León, al que recordó que fue Jordi Pujol quien dijo que “España robaba a Cataluña” pero era él quien “robaba a España”, lo mismo que consideró que han hecho hacia la Comunidad los casos de corrupción en los que se ha visto inmerso el PPCyL.

“Hay una conexión entre Mañueco y Junts, deben estar negociando la moción de censura”, deslizó Tudanca con ironía ante las advertencias del presidente de la Junta sobre una financiación singular a Cataluña que llevaría a los tribunales.

Por último, señaló a Fernández Mañueco que el Gobierno ha transferido en estos seis años 16.000 millones más a la Comunidad que en la etapa de Rajoy, que han servido “para casi todo”, y subrayó que, a día de hoy, no se ha condonado deuda a Cataluña.