Diario de Castilla y León

Facua teme un incremento del riesgo de intoxicaciones alimentarias al descender los controles ganaderos en Castilla y León

Según la organización la medida aprobada por PP y Vox de permitir que veterinarios privados no funcionarios puedan llevar el control de enfermedades puede acarrear una relajación en los controles sanitarios

Un cerdo mira desde la alambrada de una explotación porcina.

Un cerdo mira desde la alambrada de una explotación porcina.PQS / CCO

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Diario de Castilla y León | El Mundo
Valladolid

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FACUA Castilla y León critica la medida aprobada por el Gobierno de PP y VOX de Castilla y León de permitir que veterinarios privados no funcionarios puedan llevar el control de enfermedades de saneamiento ganadero. Las Cortes han dado luz verde a un cambio en la normativa de sanidad animal que permitirá a los ganaderos pagar a veterinarios para que realicen este servicio si no quieren acogerse a las inspecciones que lleva a cabo la propia Junta de Castilla y León.

La asociación no comparte esta “liberalización” del saneamiento ganadero en la comunidad autónoma, ya que la medida puede acarrear una relajación en los controles sanitarios y, con ello, un aumento del riesgo de intoxicaciones alimentarias o propagación de enfermedades entre los animales.

Los gobiernos tanto autonómicos como locales deberían apostar por unas políticas diametralmente opuestas a las que están aplicando PP y VOX en esta comunidad autónoma. Por ello, defiende que se refuercen las plantillas de veterinarios, que se intensifiquen los controles e inspecciones sanitarias, que sean las propias administraciones las únicas que tengan la competencia para realizar estos controles para garantizar unos elevados estándares de calidad que protejan la salud de los consumidores.

FACUA Castilla y León advierte que la relajación de los controles sanitarios en ganadería puede provocar que aumente el riesgo de que se repitan escándalos alimentarios como el Caso Magrudis, una intoxicación con carne mechada que provocó cuatro víctimas mortales, seis abortos y multitud de intoxicados.

Además, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal) ha calificado el cambio normativo como una “rebaja de la calidad y credibilidad”.

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