Cerca de 9.000 solicitantes en Castilla y León se quedan sin la ayuda a las renovables por falta de fondos

Los más ‘afortunados’ cobrarán la ayuda con meses o años de retraso. Los menos 'afortunados', no la cobrarán. Miles de solicitantes de las subvenciones para promover las energías renovables –en su mayoría familias que instalaron paneles solares en sus casas– se quedarán sin ingresar la cuantía porque no hay dinero para todos, pese a cumplir los requisitos y haber presentado la solicitud dentro del plazo establecido.

La Junta ya admite que la ayuda no llegará a cerca de 9.000 solicitantes en la Comunidad, un tercio de las más de 25.500 solicitudes válidas registradas. Las peticiones rozan los 200 millones de euros (199,5), una cantidad que representa el 169% del dinero disponible (asciende a 117,8 millones, contando las cuatro ampliaciones aprobadas). Es decir, siguen faltando casi 82 millones de euros para poder satisfacer todas las peticiones.

Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, el dinero disponible alcanzará para atender 16.915 solicitudes.

El desfase entre la disponibilidad presupuestaria y las solicitudes recibidas es generalizado en todas las autonomías del país. En algunas, la demanda llega a duplicar las cuantías asignadas, como es el caso de Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, Baleares, Cataluña y Extremadura, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que canaliza los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

El programa, diseñado para estimular la instalación de energías renovables, sufraga una inversión ya realizada, un gasto que el solicitante debe justificar ante la administración. Es decir, que las existencia de estas ayudas pudo determinar la inversión con la expectativa de que el gasto podría ser recuperado, sin que finalmente vaya a ser así. De media, cada solicitante pide unos 7.500 euros de ayuda para compensar la inversión realizada en sus respectivas instalaciones de energías renovables.

El plazo para presentar solicitudes comenzó en enero de 2022 y estuvo abierto hasta el pasado mes de diciembre de 2023. En este tiempo, se han aprobado cuatro ampliaciones presupuestarias para los distintos programas contemplados en estas ayudas, dedicadas a incentivar la instalación de placas solares o energía eólica para el autoconsumo o almacenamiento tanto en el sector residencial como en empresas y administraciones públicas. La mayoría de las ayudas (dos tercios de las solicitudes) corresponden a particulares que instalaron placas solares en sus viviendas unifamiliares.

La propia convocatoria establece que las ayudas se otorgan mediante concurrencia simple, es decir, que «serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos», según consta en la página web.

Con el presupuesto habilitado, la Consejería de Economía y Hacienda calcula que la mayoría de las solicitudes registradas a partir de mayo de 2023 no serán atendidas (eso es, las presentadas siete meses antes de que culminara el plazo). En algunos programas, la fecha de corte es incluso anterior, según los datos publicados en la web de la Junta por el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), que gestiona aquí el programa.

Los solicitantes que entren a tiempo en la bolsa de los fondos disponibles tampoco están recorriendo un camino de rosas. Como está siendo habitual con otras lluvias de ayudas europeas, Bruselas manda los fondos, el Gobierno central los canaliza y las autonomías gestionan los expedientes. Y, como también está siendo frecuente, ese aluvión de solicitudes y la complejidad de los trámites han generado un notable atasco, con demoras excesivas y transferencias del dinero que llegan al ciudadano a cuentagotas.

Según los datos facilitados por Hacienda, de momento sólo han recibido el ingreso en su cuenta bancaria 1.123 solicitantes (el 4% de los más de 25.500 que pidió estas ayudas en la Comunidad), que se han repartido los primeros 8,5 millones de euros.

Ese millar de solicitantes son los primeros en recibir una ayuda cuya liquidación, en total, han tramitado ya 4.328 firmantes. El plazo para hacerlo es de 18 meses desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión. En ese plazo, deben justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de subvención, presentando la solicitud de liquidación junto con la documentación justificativa de la actuación.

Pero la mayoría aún ni siquiera han recibido la respuesta de la Administración autonómica, que arrastra importantes retrasos con la tramitación de los expedientes. Son más de 7.000 las solicitudes pendientes de resolución en Castilla y León, el 41% de esas casi 17.000 que la Junta calcula que podrá estimar con los fondos asignados. Es decir, por ahora se han resuelto de forma favorable 9.700 expedientes, que representan el 59% de los que recibirán la ayuda.

Desde la Consejería de Economía y Hacienda destacan que ese porcentaje coloca a Castilla y León por encima de la media del país (47%). «A pesar de las dificultades de gestión, Castilla y León es la cuarta Comunidad autónoma que mejor está gestionando estas ayudas», sostiene Alfonso Arroyo, director general de Energía y Minas de la Junta, al precisar que ese porcentaje de resolución respecto al presupuesto asignado sólo lo mejoran País Vasco, Aragón y Madrid.

Recuerdan desde la Consejería de Economía y Hacienda que los retrasos son comunes en todas las comunidades y que el procedimiento de estas subvenciones es «complejo y lento». Y añaden que las Junta modificó la convocatoria «para simplificar la documentación justificativa» que deben presentar los beneficiarios. Pero inciden en que a menudo se ve arrastrada por sucesivas correcciones con dilatados plazos, «que en algunos casos se extienden seis meses al existir hasta tres subsanaciones».

Según apostillan, «la causa principal de la demora corresponde a los retrasos en las transferencias de los fondos Next Generation por parte del gobierno a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dado que «la disponibilidad presupuestaria ha estado condicionada a la información relativa a los ingresos de las comunidades autónomas».

Entretanto, la Junta de Castilla y León no ha dejado de reforzar la plantilla dedicada a la resolución de los expedientes. De los tres trabajadores dedicados en inicio a cursar estas solicitudes, en la actualidad son 23. Y está previsto que en breve se incorporen siete más.

Sobre la gran demora en la resolución de las subvenciones el Procurador del Común ha emitido varias resoluciones en los últimos meses en respuesta a las quejas ciudadanas que recibe. La más reciente, del pasado mes de mayo, urgía a la Consejería de Economía y Hacienda a resolver los expedientes que aún se encuentren en trámite «hasta llegar al abono efectivo de las ayudas a las que los peticionarios tengan derecho sin más dilaciones» y proponía «un plan de choque hasta que se ultime la tramitación de la totalidad de estas ayudas con el pago efectivo» de las cuantías.

Se pronunciaba así Tomás Quintana sobre el caso de un ciudadano que habiendo presentado la petición en enero de 2022, vería pasar dos años antes de recibir una respuesta a su solicitud y proponía «arbitrar un plan de choque hasta que se ultime la tramitación de la totalidad de estas ayudas con el pago efectivo de las mismas".

Aun reconociendo el «esfuerzo encomiable» de la Junta para sacar adelante la excepcional carga de trabajo que conllevan estas ayudas, el Procurador censuró que este tipo de retrasos «no parece tener justificación suficiente e incide negativamente en los intereses» del ciudadano. En su opinión, «los retrasos en la recepción de las ayudas públicas en muchos casos distorsionan la finalidad para la que fueron creadas y perjudican no solo a los interesados» sino «a la ciudadanía en general, mermando su confianza en el correcto funcionamiento» de las administraciones públicas. Y recuerda que el tiempo «anormalmente dilatado» en la resolución de estos procedimientos también puede provocar perjuicios «a las empresas de los sectores implicados».