La Ley de Concordia en Castilla y León queda aparcada

Aparcada la Ley de Concordia en Castilla y León. Así lo transmitió el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, al argumentar que “era complicado” aprobar la correspondiente Proposición de Ley en este periodo de sesiones al existir más asuntos y presentados por antelación, pero añadió que está hablado con su socio del Partido Popular que su toma en consideración llegue en septiembre.

El periodo en las Cortes se cierra este mes con un pleno ordinario, en el que no entra la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y de Vox, y el debate monográfico del estado de la Comunidad, en fecha aun por determinar.

A preguntas de los periodistas en la posterior rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, que ordenó el debate de este pleno, previsto para el jueves y viernes, Menéndez admitió que había asuntos, como otras proposiciones de ley, que tenían prioridad por haber entrado antes, informa Ical.

Por ello, asumió que “era complicado” que esa norma saliera en este periodo y aseguró que así se habló con el Grupo Popular, por lo que confió en que su toma en consideración sea en el próximo periodo, que arrancará en septiembre.

“Cuando se registró, ya se sabía que había muchos temas”, apostilló el portavoz de Vox, que recordó que el tiempo “no depende de uno mismo”, en referencia a que la ley lleva la firma de los dos grupos, por lo que tiene que “estar en consonancia”.

La proposición de ley de concordia de Castilla y León se registró el 26 de marzo por PP y Vox, cuyos portavoces explicaron en rueda de prensa su contenido, objetivos y elementos que se regulan, todo ello rechazado por la oposición y por las asociaciones de la Memoria Histórica ya que entienden que “se blanquea la dictadura franquista”.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de abril, acordó admitir a trámite la proposición de ley, ordenó su publicación en el boletín y su remisión a la Junta para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración así como su conformidad o no a la tramitación.

Este trámite está cumplido y el texto está listo para la toma en consideración por el pleno de las Cortes, lo que ya se producirá en todo caso a partir del mes de septiembre, cuando comience el nuevo periodo parlamentario hábil.

Conviene recordar que, tras la denuncia del Gobierno de España decidió ante la la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa por los anteproyecto de la ley de la Concordia que se estaban tramitando en las Cortes de Castilla y León, así como el de la Comunidad Valenciana y la Ley de Aragón; el informe de tres relatores de la ONU cargó la norma en la Comunidad ya que "invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista" al negar a nombrar el "régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas".

Por su contenido, la ONU indicó que "las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos" y podrían “acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas”; obstaculizar o suprimir iniciativas, como las exhumaciones que promueven las asociaciones de Memoria Histórica, al tiempo que "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista". Añaden que, además, “evita, y/o omite nombrar o condenar el régimen franquista”.

Al respecto, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, defendió la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox y se preguntó quiénes son los relatores del informe de la ONU y con quién guardan afinidad: "Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución".

"De eso no nos va a mover la ONU", aseguró García-Gallardo al considerar, desde su punto de visita, como una "justicia" tratar de manera "neutral" a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX.