Diario de Castilla y León

La Junta flexibiliza los requisitos de los locales para abrir los centros de crisis de violencia sexual

Castilla y León modifica las cláusulas en Ávila, Palencia y Soria para comprar inmuebles donde habilitar este servicio de atención presencial, después de una primera convocatoria desierta

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León. -ICAL

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en una foto de archivo en las Cortes. ICAL

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Valladolid

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La Junta de Castilla y León ha optado por flexibilizar en Ávila, Palencia y Soria las exigencias en cuanto a características y ubicación de los locales que necesita para la apertura de centros de crisis destinados a víctimas de violencia sexual –de atención presencial las 24 horas el día–, después de que el primer concurso que lanzara en marzo quedara desierto en estos tres casos.

Puesto que el Ejecutivo autonómico no recibió ofertas por parte de ningún propietario, ahora se han realizado varias modificaciones, sobre todo relacionadas con la localización, la distribución y el tamaño, en aras de encontrar un espacio en planta baja, con acceso directo desde la calle, donde abrir el nuevo recurso impulsado desde el Gobierno central –tiene que haber uno en cada provincia de España– en el que las víctimas y sus familias puedan recibir atención psicológica, jurídica o social.

El primero de los cambios introducidos en el nuevo concurso público de adquisición de inmuebles que se ha publicado este jueves está relacionado con el emplazamiento, pues se ha añadido un radio de 300 metros de distancia respecto a los céntricos distritos que se habían seleccionado. Se amplía, por tanto, el área de ubicación en cada mapa.

También se ha incrementado la superficie máxima de los locales, de los 175 metros cuadrados previstos inicialmente para estas tres provincias –en las que se contemplan dos despachos, una sala de reuniones y una sala de espera, además de aseos y almacén– a los 200 metros cuadrados de ahora. Además, si la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León –que es quien se va a encargar de la gestión de estos centros–, recibe la oferta de un recinto más grande que supere la referencia, la podrá tener en cuenta aunque no abone el precio de esos ‘metros extra’, mientras que antes se rechazaba.

El precio de tasación por metro cuadrado, en todo caso, no ha variado entre una convocatoria y otra, si bien al haber aumentado la referencia máxima de superficie, a la Junta le podrían resultar más costosas las operaciones. Si llegan al tope, tendrían que inyectar aproximadamente 82.000 euros más que lo estipulado al principio en las tres provincias mencionadas. En Ávila se podría llegar a desembolsar 268.515 euros (33.564 euros más), el local de Palencia podría ascender a 187.024 (23.378 más) y en Soria el coste puede elevarse hasta 198.125 euros (24.765 más).

Entre los cambios de las especificaciones técnicas para facilitar la compra de locales para los centros de crisis de atención a víctimas de violencia sexual destaca también uno relacionado con el almacén, para que éste pueda estar en una planta sótano o en altura, siempre que no exceda el 20% de la superficie total –antes era el 10%–, y otro relacionado con la eficiencia energética. Antes la Junta pedía una clasificación mínima D y ahora, simplemente, que tenga certificado, independientemente de su nivel de consumo.

Modificaciones que, según aclaran desde la Consejería de Familia, serán iguales para los centros de Zamora, Salamanca, Segovia y Burgos, donde aún no hay locales. Para saber cuál será el desembolso final relacionado con la compra de estos locales habrá que esperar porque, por el momento, sólo se han encontrado opciones en Valladolid y León.

A tenor de estas incógnitas, parece complicado que los primeros centros de crisis de Castilla y León vayan a abrir sus puertas antes del verano, que es la referencia temporal que había marcado la Consejería liderada por Isabel Blanco cuando a principios de mayo confirmaron las complicaciones en los concursos.

Además, queda pendiente de saber qué ocurre con Salamanca, Segovia y Zamora, donde también tuvieron que declarar desierta la primera convocatoria pero, en estos casos, no porque no se recibiera ninguna oferta (como ocurrió en Ávila, Palencia y Soria), sino porque las propuestas recibidas no se ceñían a los requisitos previstos. En Burgos también habrá otro intento. 

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