Amilivia destaca la «buena gobernanza» de las diputaciones de Ávila, Burgos, León y Valladolid en contratación

Los contratos de las diputaciones, bajo la lupa en las Cortes. El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, destacó este lunes la «buena gobernanza» que, a su juicio, realizan las diputaciones de Ávila, Burgos, León y Valladolid por sus “escasos incumplimientos significativos” dentro del análisis de la contratación pública que llevan a cabo las instituciones provinciales de los nueve territorios de Castilla y León. Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, Amilivia destacó a estas cuatro instituciones porque, de los 84 incumplimientos significativos advertidos en la preparación de los pliegos por el Consejo de Cuentas en su informe sobre la contratación realizada por las diputaciones provinciales, la de Ávila solo cuenta con dos, por una de Burgos y cinco tanto de León como de Valladolid.

Se trata así, según Amilivia, de un ejemplo de “buena gobernanza” que va en la línea de los objetivos marcados por el Consejo de Cuentas con la realización de este informe, relativos a la transparencia en la comunicación a la plataforma de rendición de cuentas de estos contratos, y a la publicidad, para que “todas las diputaciones alojen los contratos en la plataforma de contratación del sector público”, dijo en declaraciones que recogió Ical.

Amilivia, en respuesta a los grupos representados en la Comisión, valoró el informe como un documento que “hace un magnífico reflejo de la contratación de las diputaciones” pero que espera que se traslade a “un debate político e institucional” en el propio seno de estos organismos públicos, para mejorar también las “carencias y vicios ilícitos” observados en el informe.

También manifestó el presidente del Consejo de Cuentas su parecer sobre uno de los puntos que podrían marcar la mejora de la agilidad y la transparencia en los procesos de contratación pública de las diputaciones provinciales, apuntado por Vox, y relativo a la “merma en la burocracia”, de la que Amilivia se mostró partidario “sin perjuicio de que ahora está en debate el establecimiento de una nueva plataforma de contratación de ámbito estatal”.

Dinero de todos

Esta reducción burocrática fue, de hecho, la principal petición del procurador salmantino de Vox en las Cortes, Javier Teira, en su intervención durante la Comisión de Economía y Hacienda de hoy, al señalar que, probablemente, sea “la complejidad burocrática, y no la mala fe, la que aboca a las incidencias” que las diputaciones cometen y que se observan en el informe.

De hecho, el procurador ‘popular’ David Beltrán defendió la “actitud de colaboración” de las diputaciones de Castilla y León que “intentan cumplir con la normativa vigente pese a la complejidad burocrática”. No obstante, reconoció Beltrán “carencias y deficiencias” que aseguró, en todo caso, que “se debatirán” en el propio seno de las instituciones provinciales para “mejorar la accesibilidad claridad de la información” de sus contratos para “cumplir con los requisitos legales y mejorar en transparencia y rigor”, como pide el Consejo de Cuentas.

Más crítico con el comportamiento de las diputaciones fue el Grupo Parlamentario Socialista que, por voz de la procuradora María Consolación Pablos, denunció la “falta de documentación por parte de todas las administraciones, la falta de interés a la hora de presentar alegaciones y los incumplimientos, en mayor o menor grado, de todas las diputaciones en transparencia y publicidad”.

Algo que Pablos consideró inadmisible porque “igual que entendemos las dificultades de los ayuntamientos menores para cumplir con las obligaciones, las diputaciones cuentan con medios y personal suficiente para ser más rigurosas”, por lo que exigió a todas ellas, ante su “deficiente” rendición de cuentas en contratación, “poner en práctica las recomendaciones del informe para cumplir con la ley”.

Por último, el procurador de la UPL, José Ramón García, hizo un llamamiento a las diputaciones para “parecer además de ser” frente al “libre albedrío” del que las acusó a la hora de contratar empresas pese a que “conocen los procesos”. Por ello, mostró su esperanza en que las instituciones provinciales “tomen nota” para “aplicar la norma, mejorar el proceso y la gestión y cumplir con la transparencia” dado que se está hablando de “el dinero de todos”.