Cuentas señala "falta de coordinación" de la Junta en la gestión de los fondos Next Generation

La gestión de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea por parte de la Junta de Castilla y León presenta, en algunos aspecto, "falta de coordinación". Esa es una de las conclusiones que el Consejo de Cuentas, la entidad presidida por Mario Amilivia, refleja en su informe relativo a la fiscalización del plan de recuperación en la Comunidad y que se puso de manifiesto durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes.

En el caso del informe sobre la Junta, el periodo de estudio se extiende entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2022, motivo por el que Amilivia señaló que, dado que la Comunidad “aún no disponía de margen de reacción para la corrección de aquellas cuestiones que contribuyeran a una mejora de la gestión del mecanismo”, la auditoría se plantea como “sistema de alerta temprana para detectar las oportunidades de mejora al inicio de la implementación del plan”.

En ese proceso, el presidente del Consejo de Cuentas, aseguró que “durante la fiscalización, se percibió un impulso en el proceso de implementación de algunas de las medidas analizadas” y que, incluso, con posterioridad “se han seguido produciendo progresos”, lo que le llevó a afirmar que “las entidades responsables fueron evolucionando y mejorando”.

No obstante, y dentro de las 48 conclusiones elaboradas por el Consejo de Cuentas en el informe de Cuentas relativo a la fiscalización en el ámbito autonómico del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude ligado al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Amilivia reconoció que la Junta no contaba con “un instrumento único y formal de planificación estratégica” para gestionar los subproyectos asignados por una cuantía de 1.655 millones de euros para la Comunidad, y que tampoco “había uniformidad en la elaboración de la planificación estratégica de las subvenciones” ni en la elaboración de los planes anuales de contratación.

Toda la información, sostuvo Amilivia, se canalizó “principalmente a través del portal web” y dividido por consejerías y no desde un punto de vista unitario, como tampoco constaban “instrucciones, orientaciones o guías” para el personal de la Junta desplegado para la gestión de estos fondos, que ascendía, a 31 de mayo de 2022, a 537 empleados de los que el 15% correspondía a nuevas incorporaciones, informa Ical.

Esa “falta de coordinación” que apuntó Amilivia también se produjo en las pruebas de autoevaluación de la gestión de los fondos, con la única excepción de la Gerencia de Servicios Sociales que realizó “un análisis exhaustivo de los riesgos detectados”. Pese a ello, el presidente del Consejo de Cuentas sí confirmó que existe un código en cada proyecto que lo vincula directamente con su fuente de financiación y permite “realizar un seguimiento de los fondos procedentes del mecanismo”.

Esa “falta de coordinación” que apuntó Amilivia también se produjo en las pruebas de autoevaluación de la gestión de los fondos, con la única excepción de la Gerencia de Servicios Sociales que realizó “un análisis exhaustivo de los riesgos detectados”. Pese a ello, el presidente del Consejo de Cuentas sí confirmó que existe un código en cada proyecto que lo vincula directamente con su fuente de financiación y permite “realizar un seguimiento de los fondos procedentes del mecanismo”.

A raíz de esta conclusión Amilivia también trasladó tres recomendaciones. Por un lado, defendió que la Junta, a través de la Dirección General  de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística "debería desarrollar una base de datos centralizada de toda la información relativa a la gestión del mecanismo de recuperación, como órgano técnico, y que sirva, además, de apoyo a los gestores participantes en el plan".

En segundo lugar, el Consejo de Cuentas de Castilla y León sostiene también que las seis consejerías que habían evaluado sus necesidades de recursos humanos en la gestión del plan debería incluir en sus planes de formación "el contenido necesario para que su personal disponga del adecuado conocimiento sobre la gestión de estos fondos". Es más, para aquellas carteras que no lo han hecho, la institución aboga por "evaluar sus necesidades de personal para poder, posteriormente, planificar y cubrir las carencias de formación".

Y, como tercer punto, el organismo que preside Mario Amilivia recomienda a las consejerías, "como entidades ejecutoras del Plan de Recuperación", que "deberían valorar la creación de unidades especializadas en las particularidades de esta gestión para que los funcionarios en ellas integrados puedan compartir sinergias y conocimiento y que el adquirido no se pierda".

Planes antifraude en las capitales

Asociado a este primer informe, Amilivia también presentó otro relativo a la elaboración de planes de lucha contra el fraude sobre la gestión de estos fondos en las entidades locales y diputaciones de Castilla y León, para lo que se fiscalizó la actuación de 27 organismos de la Comunidad: las nueve diputaciones, las nueve capitales de provincias, y otros nueve ayuntamientos que, en total, recibieron fondos por valor de 64,7 millones de euros entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.

El presidente del Consejo de Cuentas resaltó que todas las diputaciones y capitales de provincia aprobaron un Plan de Medidas Antifraude, así como Aranda de Duero y Medinaceli entre los otros nueve ayuntamientos estudiados, pese a que Solana de Rioalmar, Sahagún, Bárcena de Campos, Arapiles, Fuente de Santa Cruz, Traspinedo y Fuentesaúco no lo hicieron así.

De entre los planes de medidas antifraude, 13 entidades los aprobaron dentro del plazo previsto, y siete lo hicieron fuera de plazo, además de que, algunos de ellos, no lo remitieron al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. No obstante, Amilivia sí destacó que “con carácter general, las entidades definieron en sus planes el conflicto de intereses” y todas constituyeron un comité o comisión antifraude “a excepción de los ayuntamientos de Palencia, Zamora y Aranda de Duero”.

También valoró que “la mayoría de las entidades adoptaron medidas para garantizar la confidencialidad, tanto del denunciante como del denunciado”, y que se ha previsto “revisar todos aquellos proyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al fraude” para, de ser así, retirarlos.

El informe concluye con un total de nueve recomendaciones que incluyen la adopción de “algún tipo de medida para lucha contra el fraude” en los siete municipios estudiados que no cuentan con un plan, la remisión de todos los planes al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, la realización de una evaluación de riesgos o la habilitación de un canal de denuncias externo, entre otras.