El Común exige "menos rigor" para abrir un protocolo de acoso escolar en Castilla y León

Los expedientes de acoso escolar deberían abrirse con mayor celeridad y sin necesidad de tantas pruebas. Así lo considera el Procurador del Común que, en una resolución de oficio dirigida a la Consejería de Educación, razona que los protocolos tendrían que hacerse «con la menor demora y sin excesivo rigor en cuanto a la exigencia de indicios», en aras de evitar que se dilate el arranque de un procedimiento, dando «cierta presunción de veracidad» a la posible víctima.

La institución dirigida por Tomás Quintana estima necesario mayor rapidez en la apertura de un caso después de constatar –«a raíz de la experiencia acumulada» en la tramitación de quejas relacionadas con situaciones de acoso en entornos educativos– que «en algunas ocasiones» las familias tienen que 'llamar a varias puertas' para solicitar que se atienda su demanda, en referencia al propio centro donde esté matriculado el estudiante, a la inspección y a la dirección provincial.

«La apertura de los protocolos de acoso no siempre se hace de forma inmediata y ante las primeras denuncias por algún tipo de incidente producido, a pesar de que así se solicite por la supuesta víctima», esgrime el conocido como Defensor del Pueblo para justificar su petición al área de la consejera Rocío Lucas de actuar con inmediatez, a fin de no retrasar que se aborden las posibles situaciones de acoso.

A juicio del Procurador, si se dilata su gestión «la supuesta víctima percibe cierta incomprensión en el ámbito más inmediato en el que se le puede prestar ayuda que pudiera precisar». De ahí que considere necesario rebajar la «exigencia de indicios» aunque «los incidentes concretos no sean indicativos a primera vista de situaciones de acoso».

En definitiva, aboga porque la Administración sea más diligente con los expedientes, «sin perjuicio del resultado de las actuaciones desarrolladas para confirmar las posibles situaciones de acoso».

Más allá de esta petición, el Procurador enumera en su escrito una serie de sugerencias relacionadas con este «problema» que «no deja de estar presente en los centros educativos» a pesar de que ahora pueda tener una «mayor visibilidad» y se le dé «verdadera importancia» frente a lo que podía ocurrir en el pasado. Por eso, solicita también que el cambio de centro no sea una solución recurrente o que se haga hincapié en los planes de acompañamiento.

Pide también que se fomenten campañas preventivas, que se forme mejor al profesorado, que se ponga especial atención a los alumnos con discapacidad, que se mejoren las medidas para prevenir el ciberacoso, que se traslade a la Fiscalía los casos susceptibles de ser tipificados como delitos y que se implique a toda la comunidad educativa y a la sociedad en la erradicación de situaciones «ante las que debe reaccionarse con tolerancia cero».

Y es que, aunque el Procurador del Común valora que las administraciones educativas hayan puesto en marcha «mecanismos para prevenir y reaccionar ante el acoso escolar», también estima que se pueden implementar más medidas para acabar con las «agresiones físicas, amenazas, insultos, coacciones, vejaciones o aislamiento» que resultan «especialmente hirientes para la víctima», tanto a nivel físico como emocional.

Las cifras, de hecho, constatan que el problema está más que latente. Según los datos de la Sección del Convivencia del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León a las que alude el Defensor del Pueblo en su resolución, en el curso pasado se abrieron más protocolos que en el anterior, si bien se confirmaron menos.

En concreto, en el año escolar 2022-2023 se contabilizaron 622 expedientes, con un saldo final confirmado de 54 casos de acoso y 35 de ciberacoso, mientras que en 2021-2022 se tramitaron 411 y se ratificaron 64 de acoso y 75 de ciberacoso.

«Por provincias, cabría resaltar que, en la provincia de Valladolid, donde se han abierto más protocolos (129), también se han confirmado más casos de acoso (16), seguida de la provincia de Ávila con 9 y de la provincia de Soria con 8; no habiéndose registrado ningún caso en la provincia de León. En cuanto a los casos de ciberacoso, ha sido en la provincia de León en la que se han confirmado más casos, un total de 14; seguida de la provincia de Salamanca con 6 casos, completando la tabla las provincias de Soria y Zamora con un caso cada una», añade el Común en su actuación para enmarcar las peticiones que lanza a la Consejería de Educación tras haberle solicitado un informe al respecto.

En dicho informe, el departamento de Rocío Lucas avanza que en el próximo curso 2024-2025 la Junta va a poner en marcha una «actuación específica de convivencia» en la que ya están trabajando en la actualidad. Esta medida que, según se desprende, se llevará a cabo como un proyecto piloto «con carácter muestral», se basará en la supervisión de la convivencia en los centros y en un mayor contacto entre los colegios e institutos con la inspección.

A partir de esa información, la finalidad será «proporcionar a la Consejería de Educación un retrato lo más fiel posible de la situación de la convivencia en los centros escolares» de la Comunidad, según trasladó el propio departamento al Procurador, con el propósito de mejorar el «asesoramiento y orientación» y de favorecer el «análisis y supervisión» de las «herramientas de convivencia».