La Junta confirma el fiasco de las oficinas antiokupación: 170 consultas en 1 año

Las oficinas ontiokupa de Castilla y León se consolidan ya como un fiasco en toda regla. Las cifras de consultas que maneja la Junta así lo ponen de manifiesto, puesto que cuando ni siquiera se ha cumplido un año desde la puesta en marcha de estas plataformas, tan solo se han contabilizado 170 entre presenciales y telefónicas lo que supone, además, una media de poco más de 18 consultas por cada una de las 9 agencias, una por provincia, desde el 8 de junio del año pasado.

Fue el propio consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ayer desveló este dato, a todas luces paupérrimo cuando la okupación de viviendas es un problema en alza. Tanto es así que el consejero, para tratar de justificar la existencia de estas nueve oficinas, se sacó otro dato de la manga, este sí mucho más vistoso. Habló así de 6.500 consultas por vía telemática, lo que sobre el papel resulta mucho más llamativo.

Sin embargo, desde la Consejería de Suárez-Quiñones y a preguntas de este periódico aclararon que esas 6.500 consultas telemáticas no son otra cosa que las visitas al apartado de las oficinas antiokupación dentro de la web de la Junta, lo cual no confirma que todas ellas fueran hechas por personas con viviendas okupadas.

Ya en enero, atendiendo a una consulta de este periódico, desde Vivienda trasladaron que eran 109 las consultas recibidas en los primeros ocho meses de funcionamiento de las oficinas que se pusieron en marcha a través de un convenio suscrito entre la Junta y las Cámaras de la Propiedad Urbana.

Sin dar importancia a los escasos datos de consultas, Suárez-Quiñones manifestó ayer que estas oficinas son «fundamentalmente de información para la prevención». Al respecto, sostuvo que cuando se produce este hecho, el escenario «entra en un ámbito jurídico donde el propietario tiene que ejercer las acciones legales penales o civiles». «Nosotros hemos pretendido que el propietario conozca de antemano qué hacer para evitarlo a través de la información», matizó el consejero en declaraciones recogidas por Ical durante su participación en una jornada para analizar los efectos y la realidad de la Ley de Vivienda estatal, desarrollada en la propia Consejería junto al Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.

Tampoco se puede pasar por alto que esas 170 consultas referidas por Suárez-Quiñones suponen el dato global de las nueve oficinas antiokupación abiertas en Castilla y León, sin que ello implique necesariamente un reparto homogéneo en cada una de ellas. Sin ir más lejos, en los datos que la Consejería facilitó a este periódico en enero quedaba patente que las agencias de algunas provincias, como Ávila y Salamanca, ni siquiera habían recibido consultas.

También en relación con este asunto, Suárez-Quiñones continuó que el hecho de que salga «como noticia de actualidad» el desalojo de una okupación en Mojados (Valladolid) durante la jornada de este lunes «no es preocupante con carácter general, porque este fenómeno en Castilla y León, afortunadamente, es limitado». «Algún efecto habrá tenido este sistema de información puesto en marcha por la Junta», precisó, pasando por alto el escaso volumen de consultas recibido por las oficinas hasta el punto de que la Consejería tuvo que desvelar ayer como «consultas telemáticas» lo que en realidad son consultas a la página web.

En lo que se refiere a la Ley estatal de Vivienda, que ahora cumple su primer año desde su aprobación, Suárez-Quiñones argumentó que «carece de aplicación práctica» en Castilla y León, donde «el mercado sigue presidido por las actuaciones de la Junta». «Se dota de seguridad jurídica a través de distintas medidas. Esa es la que hay que promover, no la inseguridad», comentó el consejero, quien apeló también a «toda la política de promoción, construcción de nuevas viviendas en alquiler de promoción pública e incentivación de la privada mediante la modificación de los precios de VPO de promoción privada y actualización de los precios de alquiler, y que son el camino adecuado».

Así lo trasladó durante una jornada para analizar los efectos y la realidad de la Ley de Vivienda estatal, desarrollada en la propia Consejería junto al Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, y que permitió conocer los pormenores de esta norma en su primer año de aplicación. Suárez-Quiñones recordó que esta ley «nació con mucha polémica sobre la posible invasión de competencias de las comunidades autónomas», motivo por el que hay ocho recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver por el Tribunal Constitucional.

También surgió, prosiguió, con la «polémica de su carácter intervencionista y desincentivador del mercado de la vivienda, especialmente del alquiler; así como la politización y falta de comunicación con los gobiernos regionales para regular una competencia que es exclusiva de las autonomías».

Durante la mañana, técnicos jurídicos analizaron las consecuencias procesales que ha conllevado esta norma en el mercado del alquiler, así como conocer si ha conseguido su objetivo de incrementar este mercado o si, según expuso el consejero, «las políticas más adecuadas son las contrarias a las que promueve: incentivación fiscal y seguridad jurídica, que son dos de los aspectos más polémicos de la ley, que dificultaba o alargaba los plazos para recuperar la posesión de una vivienda por parte del propietario que la veía ocupada».