El Consultivo de Castilla y León espera “un acuerdo entre los grandes partidos” para su renovación

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, expresó este lunes su esperanza de que “haya un acuerdo entre los grandes partidos” con vistas a la renovación de esa institución propia de la Comunidad Autónoma. “Se necesita una mayoría muy grande y, por lo tanto, requiere conversaciones y acuerdos, no solo de los órganos, sino también de las personas”, indicó.

“Nosotros no somos quién para opinar sobre la renovación. Somos los sujetos pasivos. Terminamos nuestro mandato hace un año y no podemos decir más. Tenemos opción todos a renovar y, en el caso del presidente, solo es posible renovar un mandato”, expuso.

Agustín Sánchez hizo estas declaraciones en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León antes de participar en el acto solemne de presentación de la Memoria correspondiente a 2023 de esa institución propia de la Comunidad Autónoma y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. También intervino el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ley de Concordia

Por lo que se refiere a la Ley de la Concordia, Sánchez de Vega recalcó, “sin entrar en el contenido”, que “no ha llegado el asunto”, de manera que “no hay juicio que emitir, ni siquiera juicio personal”.

En este contexto, apuntó que existe la vía de la consulta facultativa, “cuando lo acuerda la unanimidad” de la Mesa de las Cortes y apostilló: “Esa era la clave. En cuanto hubo un voto negativo por parte de alguno de los miembros que forman la Mesa, no se puede plantear porque la Ley del Consejo establece que tiene que haber unanimidad”.

“No me parece ni bien ni mal. Es una posibilidad que existe en otros consejos consultivos de España, en Cataluña y en Canarias, si no recuerdo mal. Los consejos consultivos emiten dictamen cuando se los pide el Parlamento, justamente en ese momento en el que se ha iniciado la tramitación de una proposición de Ley, y todavía no ha habido plazo de enmienda”.

Por otra parte, recordó que “las minorías pueden pedir a los consejos consultivos que emitan dictamen” sobre una proposición de ley. “El documento que presentan los parlamentarios para ser tramitado y llegar al éxito de una ley se denomina proposición de ley. Hay otros consejos. Nosotros tenemos esa posibilidad, una posibilidad facultativa, con esas condiciones. La única posibilidad de que llegue al Consejo Constitutivo es la unanimidad de la Mesa de las Cortes”, insistió.

Por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió ayer contra “cualquier intento de amenazar” el “amplio sistema de garantías, controles y contrapesos” que contempla el Estado de Derecho en España y que “tienen como objetivo fundamental proteger a las personas de una actuación inapropiada o abusiva de los poderes públicos”.

“Esa es una de las garantías esenciales de la alta función consultiva sistemática e injustificadamente ignorada en cuestiones de extraordinaria importancia”, apuntó.

Fernández Mañueco hizo estas declaraciones en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la capital zamorana, durante el acto solemne de presentación de la Memoria de esa institución propia de la Comunidad Autónoma y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, correspondiente al ejercicio de 2023.

En este contexto, el número uno del Ejecutivo autonómico confirmó, “una vez más, la plena confianza” de “todas” las instituciones de Castilla y León en el Consejo Consultivo. “Empezando por el Gobierno que presido, que tenemos hacia todos los órganos consultivos, especialmente a las instituciones propias, como es el Consejo Consultivo. Su discreción, auctóritas y buen hacer en Castilla y León son imprescindibles para garantizar el pleno respeto al ordenamiento público en todas nuestras actuaciones públicas y fortalecer así el Estado de Derecho”, recalcó.

“Hemos ido adquiriendo una creciente madurez, no solo jurídica, sino también institucional. Algo reflejado en un mejor control de calidad de las decisiones que tomamos los poderes públicos de Castilla y León sobre la vida de las personas”, subrayó.

“Esto contribuye de manera decisiva a todas las instituciones propias de Castilla y León y, en concreto, el Consejo Consultivo de Castilla y León y la del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, a través de todos sus dictámenes, estudios, informes, resoluciones, jurídicamente fundados, objetivos e independientes”, aseguró.

Igualmente incidió en que, tras el estudio “solvente” de los servicios jurídicos propios de las diferentes administraciones, “aporta una última instancia administrativa de calidad y de certeza” a las decisiones que los órganos políticos “debemos aportar”, además de valorar la “cercanía y rapidez” que “reconocen” los castellanos y leoneses en la protección de sus derechos.

“También genera especial confianza el Tribunal Administrativo entre los contratantes, como una garantía prejudicial que ofrece una alternativa rápida y gratuita a los litigios en contratación pública y que alcanzaron, 1.580 millones de euros.

"Es una intensa actividad con la que podemos comprobar la triple función que los altos órganos consultivos desarrollan: garantía, control, y perfeccionamiento de la labor administrativa y de la labor política”, agregó.

Asimismo, destacó la “probada cualificación y capacidad técnica” de los integrantes del Consejo Consultivo, “además de una experiencia política muy importante”, como la de su predecesor en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

“Esto hace que la calidad de sus opiniones, de sus dictámenes, genere una cualificada guía de conducta para los órganos públicos. El 96% de decisiones administrativas confirman el parecer del Consejo y apenas se recurre un diez por ciento de las resoluciones del Tribunal Administrativo, que suele ser mayoritariamente respaldado luego por los tribunales”, concluyó.