Mañueco recuerda que "cuidar a las víctimas" es "prioridad política" y hablará del informe ONU cuando lo conozca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insistió este viernes en que no puede opinar sobre el pronunciamiento de los tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia, puesto que desconoce el documento. “Desconozco el informe, con lo cual no puedo hablar sobre algo que no conozco, ni se nos ha comunicado, ni se nos ha informado, ni se nos ha dicho nada, con lo cual no puedo decir más a este respecto”.

Fernández Mañueco, que participó, en su calidad de presidente del PPCyL en un acto en Reus con motivo de las elecciones en Cataluña en apoyo del candidato del PP por Tarragona, Pere Lluís Huguet, explicó que cuando conozcan el documento, lo leerán con detenimiento, y verán “quién ha pedido ese informe a la ONU”. “Analizaremos y diremos qué es lo que estamos dispuestos a hacer”.

En todo caso, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que en la norma de Castilla y León, en fase de tramitación parlamentaria, no se hace distinción entre víctimas. “No hacemos distinción entre víctimas. Esa es nuestra principal preocupación” y dijo que “también es una prioridad política cuidarlas", informa Ical.

Preguntado por los periodistas si condena la dictadura franquista, dijo que lo ha hecho en público. “Lo he condenado públicamente, lo acabamos de votar hace unos días en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León”, resumió.

Por parte de Vox, consideró una “burda estafa publicitaria” la comunicación de la respuesta de los relatores de la ONU sobre la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas leyes de concordia que se tramitan en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Precisa que “el autor del informe no es la ONU, sino tres ‘relatores’” que, "probablemente lo hagan porque les interese llevarse bien con Moncloa después de ver cómo se enriquece todo el entorno del presidente, incluidos compañeros socialistas con contratos de pandemia”, indicaron desde el partido de Santiago Abascal.

Para la formación, las nuevas leyes aprobadas, que han permitido “que deje de haber víctimas de primera y de segunda según el bando en el que lucharon los españoles hace casi 100 años; que se proteja todo nuestro patrimonio histórico y monumental; y que no se persiga a nadie por sus opiniones sobre la historia de España”. “En el caso de las leyes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, hablamos de proposiciones aún en tramitación ante las que tres relatores de la ONU pretenden influir. Influir en una tramitación parlamentaria de un país soberano”, sentenciaron.

"Es una pena que estos relatores no hayan mostrado su interés por las invasiones migratorias, por el aumento de los delitos sexuales en España, por los índices de pobreza cada vez más altos, por los constantes ataques de este Gobierno a la separación de poderes y al Estado de Derecho o por los homenajes a etarras de los socios de Sánchez”.

“Tampoco han dicho nada cada vez que asociaciones financiadas por el Gobierno han enterrado de vuelta cadáveres exhumados sólo porque no les gustaba el bando en que habían luchado en la Guerra Civil”, añadieron en un comunicado.

“Este informe evidencia para qué sirven estos organismos globalistas: No para observar y ayudar a los países a solucionar las necesidades reales y concretas de sus ciudadanos, sino para auxiliar a los gobiernos obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo”. “ VOX no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre”.

En relación con el informe de la ONU el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, dudó sobre "la parcialidad" del mismo con el argumento de que uno de los tres relatores que firman ese informe es un jurista argentino del que "está acreditado" que es "amigo íntimo personal de Baltasar Garzón".

"Entonces, al menos a nosotros, lo que sí que nos lleva es, de momento, a dudar sobre la parcialidad de este informe", ha aseverado Menéndez que ha reconocido al mismo tiempo que en su caso ha conocido la información este mismo viernes por lo que no conocen el contenido del informe ni el proceso que se ha seguido para su elaboración por parte de los tres relatores.

Menéndez ha aclarado también que ni los relatores o ni los informes forman parte del organigrama de Naciones Unidas y ha considerado que se trata "simplemente de unas recomendaciones" de unos relatores que "se limitan a hacer informes y aconsejar". "No es que sea una conclusión de Naciones Unidas", ha insistido y ha explicado que los informes de la ONU "no son vinculantes".

El portavoz del Grupo Vox ha defendido asimismo que las Cortes de Castilla y León, como cámara legislativa, es "perfectamente soberana" para tramitar en este caso la proposición de ley de Concordia de PP y Vox.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, ha asegurado que también desconoce la literalidad del informe de la ONU por lo que ha apostado por "esperar" a tener el informe para poder tener después una opinión formada al respecto. "No vamos a opinar a la ligera de algo que desconocemos", ha zanjado.

"La leeremos, que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de leerla; la estudiaremos, por supuesto, como hacemos siempre las cosas, y tomaremos la posición más adecuada", ha precisado el viceportavoz del Grupo Popular.

También por parte de Vox el diputado en el Parlamento europeo, Jorge Buxadé, cargó contra los relatores de la ONU. Lo hizo a través de redes sociales, con una publicación en su perfil de 'X' en la que criticó que "unos 'relatores' llamados Salvioli, Baldé y Tidball-Binz, activistas que no hemos nombrado ni rinden cuentas a ningún español, a encargo de Sánchez, digan 4 vaguedades sin fundamento para darle un titular a la prensa zurda es un ataque a la justicia".

Precisamente, la Mesa de las Cortes desestimó este mismo viernes la solicitud del Grupo Socialista de pedir un informe facultativo al Consejo Consultivo sobre la proposición de ley de Concordia de Castilla y León con el voto en contra de Vox, mientras que el PP se pronunció a favor, junto con el PSCyL, y dejó solo a su socio parlamentario.

Así se manifestó en la Mesa de las Cortes, una vez oída la Junta de portavoces, al decidir en relación al informe solicitado por el Grupo Socialista, ya que, según la ley de funcionamiento del Consejo Consultivo, la Presidencia de la Cámara podrá pedir ese informe si hay un acuerdo unánime de su órgano rector.

En este caso, la Mesa de las Cortes está formada por dos miembros de Vox, que preside la misma, dos del Grupo Popular y dos del Socialista, lo que determinó cuatro votos a favor y dos en contra, por lo que la petición de ese informe quedó desestimada.

En declaraciones al término de la Junta de Portavoces, que ordenó el pleno monográfico del próximo 7 de mayo del Procurador del Común, Carlos Menéndez argumentó que no existe precedente de una petición así al Consultivo, que no está en el Reglamento de las Cortes para tramitar una proposición de ley y que el PSCyL trata de “entorpecer” su tramitación.

Tanto Menéndez como Miguel Ángel García Nieto defendieron la constitucionalidad del texto presentado por ambos grupos y su encaje en la ley estatal de Memoria Democrática, aunque el segundo afirmó que no veían “ningún inconveniente” en contar con el dictamen del Consultivo porque reforzaría su legalidad.

“Seguridad absoluta” de que no se conculca la ley estatal expresó García Nieto, que, al explicar la posición diferente de su socio, alegó a que son dos partidos distintos que cada uno tiene su autonomía, en una aseveración que antes había manifestado también el portavoz de Vox, quien añadió que ello “no menoscaba” la relación con el PP.

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, denunció que las Cortes “están secuestradas por la minoría fascista” porque “el Partido Popular se arrodilla a la ultraderecha” y reclamó una “reflexión” a los ‘populares’ sobre lo que ocurre en la Cámara. “De lo que no hay ningún precedente es de que se imponga el fascismo”, respondió a Vox.

Gómez defendió la necesidad de ese informe porque en opinión de su grupo la norma que plantean PP y Vox puede incurrir en contradicciones con la estatal, al “al negar la historia de este país, la memoria y las víctimas” de la dictadura franquista. “No lo vamos a permitir, ni el PSOE ni el Gobierno”.

Ante la próxima tramitación que iniciará la norma, el Grupo Socialista “llegará hasta el final con todas las armas legislativas”, respondió Gómez en relación a si van a presentar enmiendas una vez que se abra el plazo, a la vez que advirtió que, una vez aprobada, dada la mayoría de los socios, no se quedarán ahí e irán “hasta el final”.

“Ahora no toca”, manifestó García Nieto sobre si se plantean corregir algún elemento del texto como la condena expresa a la dictadura franquista, no incluido pero en lo que se manifestaron en contra al votar a favor de una PNL socialista con ese contenido. En este caso, Menéndez confirmó que su grupo no va a presentar enmiendas a un texto que ve legal, aunque admitió que será difícil que se apruebe ya en este periodo de sesiones (junio).

Tampoco presentará enmiendas el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea para que el Grupo Popular “no busque una excusa, se tramite lo presentado y se retracte”. “Quien pide en el Congreso informes previos (ley de amnistía) no puede decir lo contrario”, censuró Igea, para quien es “una desvergüenza” que se rechace el informe del Consultivo.

“Aquí el PP no puede jugar a diferenciarse ya de Vox”, manifestó el exprocurador de Cs que centró su critica en el Partido Popular al que acusó de “engañar” a los ciudadanos y a Vox de “ser el tonto útil” de los ‘populares’ al impedir que se pronuncie el Consejo Consultivo.

De “conveniente” calificó contar con dicho informe el procurador de Soria Ya Ángel Ceña, aunque criticó que PP-Vox, por un lado, y el PSCyL, por otro, abran “un debate ficticio” que vio cerrado con el decreto de 2018 del anterior Gobierno de Juan Vicente Herrera, aunque sí demandó a la Junta una posición “más proactiva” en la localización y recuperación de restos de represaliados por el franquismo.

El parlamentario sorianista avanzó que presentarán enmiendas en la línea de reconocimiento de las víctimas y de respeto a los derechos humanos como recoge el informe de la ONU conocido hoy.