La número dos de Feijóo arremete contra la ONU y defiende la ley de Concordia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reaccionado al informe emitido por tres relatores de la ONU, en el que advierten sobre las leyes de concordia acordadas por los 'populares' con Vox en tres comunidades autónomas, expresando que lo que hay que "rectificar" es el "revisionismo" de la ley de memoria aprobada por el PSOE con el apoyo de Bildu, que no condena el terrorismo.

En una entrevista a Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que "posiblemente" quienes hayan emitido el informe "desconocen" el contenido de las leyes de la concordia pactadas por PP y Vox y que tampoco saben que la Ley de Memoria Democrática "que ha impuesto Bildu" con los socialistas describe al periodo de la Transición como "no democrático".

"Ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad española y es al que el PP le pone todas las pegas, y no sólo eso, sino que tenemos muy claro que la Transición es uno de nuestros mejores periodos en nuestra historia", ha expresado la dirigente 'popular', adelantando que rectificarán allí donde gobiernen "aquellas leyes" impulsadas por el PSOE "de la mano de aquellos que no condenan el terrorismo" y que nieguen "lo mejor de nuestra democracia".

Las declaraciones de Gamarra tienen lugar después de que Naciones Unidas haya emitido un informe, en respuesta a una denuncia del Gobierno, instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a preservar la memoria histórica frente al "peligro" de que las leyes de concordia acordadas por PP y Vox invisibilicen las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.

En el escrito, llaman a "todos los poderes del Estado", incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de "todas las entidades de Gobierno" a nivel nacional, regional o local, a "cumplir con la obligación de proteger los Derechos Humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de Derechos Humanos".

Asimismo, los relatores de la ONU alertan de que las leyes de concordia podrían llevar a "asimilar" las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció ante de las elecciones generales del 23 de julio que si llegaba al Palacio de la Moncloa derogaría la ley de memoria y así lo recogió en su programa electoral.

"Impulsaremos, derogando la mal llamada ley de memoria democrática, una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad", señala el programa del PP.

CCOO

Junto a Gamarra, también ha reaccionado al informe de la ONU el sindicato Comisiones Obreras, que ha lamentado este viernes que, una vez más, la gestión de la Junta de Castilla y León vuelva a ser cuestionada y sea ejemplo del incumplimiento de la legalidad.

La organización que dirige Vicente Andrés advierte de que no es la primera vez. Ya ocurrió con el protocolo abortista que anunció el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y con el SERLA, cuando en marzo del año pasado el Gobierno de España remitió un requerimiento previo a la vía judicial advirtiendo de que si la Junta no cumplía con la legalidad vigente, adoptaría las acciones oportunas.

El sindicato se congratula ahora de que tanto el Gobierno de España como la ONU velen por el cumplimiento de la legislación y por el derecho de las víctimas del franquismo recordando que el proyecto de la Ley de Concordia se ha realizado en Castilla y León entre PP y VOX sin contar con la participación de ningún otro partido ni organismo.

Frente a esa "decisión unilateral", CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que la Ley de Memoria Histórica y Democrática salió adelante con el acuerdo entre las asociaciones memorialistas, las organizaciones sindicales de clase y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que incorporó, para su desarrollo, a las universidades públicas de Castilla y León y a las entidades locales.

CCOO añade que, a día de hoy, tiene abiertos nueve procesos judiciales contra la Consejería de Empleo. "No son procesos caprichosos, sino que hay indicios suficientes para haber tomado la determinación de poner en manos de la Justicia la política del Gobierno de PP y Vox en esta Comunidad. De hecho, ya hay una primera sentencia favorable al sindicato: un juez dio la razón al sindicato sobre el calendario laboral de 2023 que fue declarado nulo", apuntan.

CCOO no sólo se ha visto en la obligación de poner en manos de la Justicia los casos de incumplimiento de la legalidad que ha detectado en la Junta, sino que también se ha dirigido a instancias europeas.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea, ha admitido a trámite la reclamación que CCOO, junto a UGT, presentó hace unos meses, al entender que la Comunidad de Castilla y León, con sus actuaciones vulneraba y vulnera, varios preceptos de dicha Carta.

Además, recuerda que el pasado 13 de marzo la Comisión de Peticiones del Parlamento votó a favor de la petición, presentada por CCOO y UGT, en la que solicitó que se investigue a la Junta por la vulneración de los derechos recogidos en los tratados fundacionales de la Unión Europea.

Por tanto, "Europa investigará a la Junta de Castilla y León en relación al incumplimiento de la legislación de la Unión Europea sobre el Diálogo Social, además de todas las actuaciones que impiden desarrollar en Castilla y León el papel que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía confiere a ambas organizaciones como agentes sociales y sindicatos más representativos", concluye el sindicato.