La ONU carga contra la Ley de Concordia de PP y VOX en Castilla y León

Varapalo de la ONU a las leyes de concordia. El informe de tres relatores de Naciones Unidas carga contra la Ley de Concordia de PP y VOX en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana. Tanto es así  que la ONU pide al Gobierno que "tome todas las medidas necesarias" contra las leyes de concordia que se tramitan en Castilla y León y Valencia, y la ya aprobada en Aragón. Y, todo ello, "con el fin de que se garantice el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos", detalla el informe de los tres relatores de la ONU al que  ha tenido acceso este periódico.

Un informe de ocho páginas que, en el caso de la norma que se está tramitando en Castilla y León por PP y VOX deja claro que esta nueva ley viene a derogar el decreto de 2018 de memoria histórica, que aprobaba el gobierno del PP de Juan Vicente Herrera. Incide, en este punto, que a diferencia de ese decreto, la norma de concordia de PP y VOX "suprime la palabra dictadura para referirse al periódico histórico del franquismo y no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978".

Razón por la que los tres relatores denuncian que la norma de la Comunidad "invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista" al negarse a nombrar el "régimen dictatorial. "El proyecto de ley de concordia presentado ante las Cortes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas", remarca el escrito de la ONU.

Pero, no sólo, porque en el mismo se incide en que "podría obstaculizar el derecho a la verdad por parte de las víctimas y la sociedad civil respecto del destino y paradero de las víctimas" del franquismo y la dictadura.

"Asimismo, el proyecto de ley no facilitaría la participación ni otorgaría un rol consultativo a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil o académicas en el trabajo de la Comisión de Exhumaciones; no reconoce el otorgamiento de subvenciones para la realización de actividades en el ámbito de la memoria histórica; y podría obstaculizar con ello el derecho a la verdad por parte de víctimas y de la sociedad civil respecto del destino y paradero de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo a las desapariciones forzadas, el cual debe ser respetado sin perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos personales", concluye la ONU en su escrito para lo que tiene que ver con la norma de concordia de 'populares' y el partido de Santiago Abascal en la Comunidad.

En un ámbito más general, referido a las tres leyes, la de Castilla y León, la aprobada de Aragón y la que ya se está viendo en comisión este viernes en las Cortes valencianas, indica Naciones Unidas que "las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos". Los expertos Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz añaden que las normas "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia".

La ONU añade que estas leyes podrían “acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas”; obstaculizar o suprimir iniciativas, como las exhumaciones que promueven las asociaciones de Memoria Histórica, al tiempo que "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista". Añaden que, además, “evita, y/o omite nombrar o condenar el régimen franquista”.

Conviene recordar que el Gobierno de España decidió el pasado mes denunciar ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa el anteproyecto de la ley de la Concordia que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León, así como el de la Comunidad Valenciana y la Ley de Aragón.

A su juicio, estas leyes son “contrarias” a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática, por lo que además de ser objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional, se elevarán a las principales instancias Europeas e Internacionales por su “gravedad”.

En el caso de Naciones Unidas, el Gobierno recurrió al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que evaluara la conformidad de estas leyes con los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos.

Además, en el Parlamento Europeo decidió promover distintas iniciativas, y en el Consejo de Europa, invocando la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos, promover un debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.