Castilla y León garantiza financiación para la Ley de Concordia: "No vamos a escatimar recursos para atender a las víctimas"

La Junta de Castilla y León se hará cargo de los futuros gastos que conlleve la aplicación de la Ley de Concordia. El Ejecutivo autonómico cree que con la futura aprobación de los presupuestos autonómicos y su capacidad actual, podrá hacerse cargo de los costes de esta Proposición de Ley. "No vamos a escatimar recursos para atender a las víctimas", sostuvo el consejero de Economía y Hacienda y portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo. 

El representante del Ejecutivo regional explicó que el informe preceptivo que se pidió de la Junta de Castilla y León en relación a esta normativa "se pide ante cualquier Proposición de Ley y enmienda que aumenta el gasto público". "Es un informe presupuestario, lo hacemos con mucha habitualidad", señaló. Un texto que, según adelantó el consejero, ya está elaborado. 

La futura aprobación de esta ley, como todo hace indicar que sucederá al ser presentada por los dos miembros del Gobierno, conllevará un gasto porque "se centra en apoyar a las víctimas y eso tienen un coste". "En función de las capacidades presupuestarias, creemos que se puede abordar ese coste", apuntó el portavoz. 

"Ese debate no es presupuestario, suponiendo un coste económico, la Junta de Castilla y León asumiría los costes de continuar el Proyecto de Ley. No vamos a escatimar recursos para atender a las víctimas. Cualquier recurso se pondrá encima de la mesa", aseguró. 

Carriedo señaló que hasta que no finalice el trámite parlamentario no se podrá hacer un cálculo del coste de aplicar esta norma, que pretende sustituir el decreto de memoria histórica del año 2018. El texto se remitirá a la Cortes de Castilla y León, cuya mesa acordó ayer esperar a recibirlo para solicitar o no otro informe al Consejo Consultivo de Castilla y León como pidió el PSOE.