VOX acusa al PP de Mañueco de "blanquear la historia criminal del PSOE"

Nuevas fricciones afloran entre los socios de gobierno de Castilla y León, el Partido Popular y VOX, después de que los de Mañueco votaran este miércoles en las Cortes a favor de una proposición no de ley del PSOE para condenar la dictadura franquista. Un posicionamiento que no ha sentado nada bien entre las filas de los de Santiago Abascal, hasta el punto de emitir un duro comunicado desde la cúpula nacional de la formación para acusar a los 'populares' de "blanquear la historia criminal del PSOE".

En el mencionado comunicado, VOX critica que "el Partido Popular de Castilla y León ha vuelto a dar una muestra de complejos y contradicciones en el pleno de ayer en las Cortes", al tiempo que recuerda que "hace tan solo dos semanas, el gobierno de coalición de la región formado por el PP y VOX había alcanzado un acuerdo para materializar uno de los puntos del pacto de legislatura por el que se iba a sustituir la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia en el que todas las víctimas de la Guerra Civil tuvieran el mismo trato". 

"De esta manera se cerraba una herida abierta en 2007 por el Gobierno socialista y se ponía fin a la manipulación histórica, acabando con una interpretación ideológica impuesta por la izquierda, devolviendo el estudio de la Historia a los historiadores", argumentan desde el partido de Abascal y visiblemente molestos por las últimas acciones políticas de sus socios.

Llama la atención que en esta nota de prensa se recuerda al PP el "haberse sumado a la iniciativa de VOX en Castilla y León para derogar las leyes que dividen a los españoles", lo cual pone de manifiesto que para esta formación la proposición de ley que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria es un texto únicamente suyo y que los de Mañueco solo hicieron que estampar su firma en ella.

Continuando con sus reproches a sus socios de gobierno, desde VOX recuerdan que este miércoles "el PSOE de Tudanca presentaba una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes, que, entre otras cosas pretendía mostrar su solidaridad y reconocimiento solamente a 'quienes padecieron persecución, violencia o muerte durante ese oscuro periodo de la historia que fue la dictadura franquista'".

Un planteamiento que el partido que en Castilla y León encabeza Juan García-Gallardo entiende como "un nuevo intento de ocultar los asesinatos políticos y de religiosos protagonizados durante la Segunda República por las milicias armadas de los partidos de izquierda, con especial protagonismo del Partido Socialista". Y es por ello que aseveran que "con su apoyo, el PP vuelve a colaborar con el blanqueamiento de la historia criminal del partido que hoy gobierna España".

"Pero la PNL apoyada por los populares no se queda ahí", continúa el comunicado de la cúpula nacional de VOX, "además muestra su intención de seguir financiando con dinero público las 'asociaciones memorialistas' y el objetivo de 'promover medidas de reparación, defensa, restauración y reconocimiento de los derechos de las víctimas y facilitar los procesos de exhumación durante la dictadura'". Lamentan, por tanto, que "el apoyo del PP vuelve a dejar fuera a las víctimas de uno de los bandos, perpetuando así las pretensiones de la izquierda y el adoctrinamiento impuesto por sus leyes ideológicas".

"Y lo que es más sorprendente", concluyen desde el partido presidido por Santiago Abascal, "la propuesta socialista apoyada por los populares incluye la Transición al señalar que debe afectar a los hechos acaecidos 'durante la Guerra Civil, la Dictadura Franquista y la Transición, pero en ningún caso habla de la violencia política de la izquierda durante la República".

Por parte del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León añaden también su propia valoración al comunicado de la dirección nacional. "A nosotros nos preocuparía que el PSOE nos aplaudiera, como le sucedió ayer al Partido Popular. Tendríamos que analizar qué estamos haciendo mal para que nos aplaudiera un líder socialista orgulloso de sus 140 años de historia. Aunque el Partido Popular ya está acostumbrado a que la izquierda les aplauda, como cuando Pablo Iglesias lo hizo en el Congreso con Pablo Casado por insultar a Abascal", trasladaron.

Debate cerrado

En relación con la polémica proposición de ley de Concordia, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, dio este jueves por cerrado el debate sobre la condena a la dictadura franquista con la aprobación en las Cortes de Castilla y León de la PNL del PSOE que condena y define como tal dicho periodo, mientras que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago, pidió “leer bien” la Ley de Memoria Democrática antes de criticar la proposición de ley de concordia autonómica presentada por PP y VOX.

En declaraciones recogidas por Ical tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo destacó así la “mayoría amplia” que condenó al franquismo en las Cortes y que coincide con la posición “clara y firme” que, aseguró, ha defendido “siempre” la Junta de Castilla y León en su definición de este periodo, pese a que la proposición de ley de concordia que PP y VOX presentaron en las Cortes no incluyera la calificación de dictadura para el franquismo.

Esa situación despertó críticas junto a la extensión del periodo de protección a las víctimas hacia la Segunda República, lo que suponía una equiparación al franquismo. A esto quiso contestar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, asegurando que la Ley de Memoria Democrática estatal, aprobada en 2022, “junta un periodo de dictadura con un periodo democrático bajo la vigencia de la actual Constitución”.

Y es que, según reveló Gago, la disposición adicional 16 de la ley, “incluida por Bildu”, amplía el periodo de protección a las víctimas a los años entre 1978 y 1983, lo que a juicio del consejero de la Presidencia, iguala a víctimas de la dictadura franquista con las de los primeros años del actual periodo democrático. Por ello, pidió a los críticos con la proposición de ley de concordia “leer bien” la actual Ley de Memoria Democrática.

De hecho, Gago consideró “mucho más sangrante” que la ley estatal equipare víctimas de la dictadura franquista con la “época democrática actual” que lo que hace la proposición de ley de concordia de PP y VOX, que “junta una etapa democrática, la republicana, con la dictadura”. Algo que, para el consejero de la Presidencia, “pone en entredicho” las críticas a este último documento.

Animó por ello a quienes critican la proposición de ley de concordia “un tiempo de esfuerzo y preocupación para estudiar las cosas y entender mejor las normas que tenemos”, en particular a “Bildu y el PSOE”. Matización que realizó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y que se refiere principalmente al hecho de que la disposición adicional a la que hizo mención Gago hoy “es fruto de Bildu”, por lo que concluyó que “sería bueno que no hubiera exigencias de algún partido independentista” al texto presentado por PP y VOX en el Parlamento autonómico.

En todo caso, Gago reiteró que la parte importante de este último documento “es el articulado, donde se amplían los derechos de las víctimas” y que, en todo caso, como recordó Carriedo, está pendiente del debate parlamentario en las Cortes de Castilla y León. Un debate para el que señaló que “hay tiempo” para que los grupos puedan consensuar la posibilidad de definir al periodo franquista como dictadura tanto en la exposición de motivos como en la parte dispositiva del texto.

En todo caso, Carriedo puso el énfasis en que el objetivo principal que se persigue es “proteger a las víctimas de cualquier tipo de violencia, ideológica, religiosa o social”, poniéndolas “en el centro”, para lo que comprometió el papel de la Junta para que “ninguna víctima quede desamparada”.

Por último, y sobre la posibilidad de que la Junta pueda introducir su posición “clara” de condena a la dictadura franquista en el informe que tiene que presentar ante la proposición de ley de PP y Vox, Carriedo apuntó que dicho informe “solo corresponde al punto de vista económico” y que no existe “capacidad de veto” del Ejecutivo autonómico salvo por si alguna norma “no pudiera encajar con el volumen de presupuesto” que se maneja desde la Junta.