El PP se desmarca de VOX y vota con el PSOE para condenar la dictadura franquista

El voto favorable del Grupo Parlamentario Popular permitió este miércoles la aprobación de la proposición no de ley presentada por el PSOE para que las Cortes condenen el golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista, dejando solo a Vox en su negativa a condenar expresamente ambos hechos. El texto aprobado también insta a la Junta a contribuir en la restitución y el mantenimiento de la memoria de las víctimas con la celebración de un acto institucional cada 31 de octubre, y a colaborar con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica para los procesos de exhumación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

El texto fue defendido por el portavoz socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, que lamentó “tener que volver a subir a esta tribuna para defender lo obvio: que hubo un golpe de estado en 1936, que llevó a una guerra civil y condenó a la muerte, al exilio y a una oscura dictadura de 40 años a miles de españoles, como dice la Ley de Memoria Democrática y el decreto aprobado por la Junta en 2018”.

Tudanca se refirió a este texto para señalar que “no hace falta una ley de concordia”, como la proposición presentada por PP y Vox en las Cortes autonómicas, porque ya existe la Constitución, la Ley de Memoria Democrática y el decreto aprobado en 2018 “para preservar la memoria colectiva”, como recordó que defendió en su momento el Partido Popular cuando el entonces único procurador de Vox quiso derogar ese decreto en 2019.

Por ello, aseguró que su formación acudirá al Tribunal Constitucional y a las Naciones Unidas si PP y Vox “siguen ahora adelante” para aprobar su ley de concordia, comparando la situación con la de otros países que vivieron dictaduras de extrema derecha: “A nadie en Alemania, o en el mundo, se le ocurriría dudar de quienes eran los malos, por mucho que hubiera víctimas en ambos lados”.

El Partido Popular anunció, por medio del procurador Ramiro Ruiz Medrano, su voto favorable a la proposición, bajo el prisma de “no buscar el enfrentamiento ni contribuir a la polarización, la división y el enfrentamiento”, pese al “ruido político” y a “la utilización, con foto presidencial incluida, de esta parte triste de la historia de España”.

No obstante, Ruiz Medrano defendió una ley de concordia que, recordó, se someterá a debate en las Cortes para “mejorarla a través de la participación de todos los grupos”. “Donde hay voluntad, hay camino”, aseguró, ejemplificándolo con el decreto aprobado en 2018 con la unanimidad de la Cámara autonómica y que “se está cumpliendo”, con más de dos millones invertidos para “llevar a cabo cerca de 200 actuaciones en los últimos años”.

En su respuesta, Tudanca agradeció la “coherencia” de Ruiz Medrano, “último ejemplo del herrerismo”, y le pidió que “después de votar esta iniciativa, retiren la ley de concordia”, con el objetivo “no de reabrir heridas, sino de cerrarlas por fin, en un país que tiene una deuda que saldar con las víctimas de la dictadura”.

Sin embargo, no se pudo lograr la unanimidad para sacar adelante esta PNL por el voto contrario de Vox, que acusó al PSOE de “confundir la historia con su memoria”. Así, el procurador palentino David Hierro recordó que fueron militantes socialistas los que “organizaron un golpe de estado para acabar contra el régimen que dicen defender” en octubre de 1934, bajo el prisma de Largo Caballero de que “la democracia era incompatible con el socialismo”.

“No sé si estarán orgullosos de esta parte de su historia, pero toda su razón como partido ha sido la de buscar fascistas”, criticó el procurador de Vox, acusando a la formación socialista de “hipocresía” cuando “señalan como fascistas a los burgueses, al clero, a los miembros del ejército, a los contrincantes políticos, a los historiadores que no comulgan con su versión oficial o al PP de Aznar, a la UpyD de Rosa Díez, al Ciudadanos de Albert Rivera y ahora al Vox de Abascal y Ortega Lara, pero no a Bildu o a Esquerra Republicana de Cataluña”.

A ello respondió Tudanca señalando que en la historia “hay un consenso muy mayoritario sobre lo que sucedió” en la guerra civil y la dictadura. Algo que, lamentó, “no impide a los nostálgicos del franquismo, sin atisbo de demostración científica, anhelar otra historia que nada tiene que ver con la realidad”.

También se centraron las críticas del resto de partidos de la oposición en el papel de Vox a la hora de proponer la ley de concordia, si bien el procurador de UPL-Soria Ya, Ángel Ceña, también criticó al PP por “abrazar el marxismo de Groucho” con un cambio de principios para “aprobar el presupuesto”, con el apoyo de Vox, a cambio de la derogación del decreto puesto en marcha en 2018 con el apoyo de sindicatos, asociaciones memorialistas y el resto de grupos salvo el que ahora forma parte del Gobierno autonómico.

Por parte del Grupo Mixto, Francisco Igea lamentó la propuesta de ley de concordia porque “reabre las heridas” de quienes han sufrido “años de silencio y dolor”, y Pablo Fernández apuntó que “cualquier grupo parlamentario que se considere demócrata, debe estar a favor de esta iniciativa” porque “no se puede ser demócrata sin ser antifascista”. Su intervención acabó con gritos hacia la bancada de Vox que hizo que el presidente de las Cortes le llamara dos veces al orden.

Oficina de atención a las víctimas del franquismo

Por otra parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado oficialmente una reclamación dirigida al Gobierno para que responda a las leyes de concordia de los gobiernos autonómicos gobernados por PP y VOX reforzando las políticas de memoria del Estado. El escrito registrado en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explica como en las últimas semanas hemos visto cómo algunos gobiernos autonómicos promueven leyes de Concordia "que ponen límites a los derechos de las víctimas de la dictadura y equiparan momentos históricos con el fin de blanquear el régimen franquista y a quienes se beneficiaron de su violencia política y de su corrupción económica".

“El Gobierno central discute con ellos pero realmente lo que demuestran estos debates es que las víctimas del franquismo se encuentran todavía desamparadas por las instituciones democráticas y sometidas a estos vaivenes, mientras no se encuentra en ese debate la verdadera discusión que lleve al ejercicio de todos sus derechos que consisten en la apertura de investigaciones judiciales condenas y reparaciones que en ningún caso son posibles con la legislación vigente ni del Estado ni de las comunidades autónomas”, indican en un comunicado, en el que reclaman una institución que atienda a las víctimas del franquismo, porque lo contrario “es una forma de revictimizarlas”.

Partiendo de los dictámenes sobre España del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, exigen que “con carácter de urgencia” el Ministerio de Política Territorial en Memoria Democrática ordene la creación de una institución que, utilizando las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en el territorio de todo el Estado, atienda a las víctimas del franquismo que a día de hoy no tienen un lugar físico al que asistir en el que exigirle al Gobierno del Estado “sus derechos, ser escuchadas y sentirse cuidadas por las instituciones democráticas que no pueden utilizar sólo la palabra víctima en los debates políticos sino que tienen que asociarla a derechos básicos de quienes sufrieron violaciones de derechos humanos durante el franquismo”.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de la primera víctima del franquismo identificada por ADN “es incomprensible que las familias de los desaparecidos por la represión franquista no tengan una oficina en las que ser atendidas, cuidadas y donde se garanticen sus derechos. En cinco años las políticas de memoria han estado en tres ministerios distintos, como si no existiera un criterio firme y es hora, en el año 2024, de poner todos los medios para que las víctimas accedan a sus derechos”.