El Procurador del Común suma 200 resoluciones formuladas sin contestación

Prácticamente una de cada cuatro resoluciones dictadas por el Procurador del Común en Castilla y León a lo largo del año 2023 quedó sin contestación por parte de las administraciones a las que fueron dirigidas. Así lo pone de manifiesto el informe de la institución que dirige Tomás Quintana, quien ayer lo entregó en las Cortes antes de su debate en el pleno en las próximas semanas.

Según trasladó la institución, a lo largo del último año se dictaron 1.042 resoluciones, de las que 183 supusieron un archivo por inexistencia de irregularidad en la actuación administrativa. Fueron por tanto 859 las que recibieron recomendaciones por parte del Procurador del Común, y mientras que 659 recibieron contestación (557 para aceptarlas y 102 para rechazarlas), las 200 restantes tan solo obtuvieron la callada por respuesta.

Fue también a lo largo del año pasado que el Común tramitó 2.687 expedientes en los que se hacía referencia a 1.774 quejas, una cifra ligeramente inferior a la registrada en 2022 (1.805).

Tras ser recibido en el despacho del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en su despacho, Quintana ofreció una rueda de prensa en la que

detalló algunos de los datos del informe de 2023 que señala que las solicitudes de intervención por parte de los ciudadanos han dado origen a la apertura de 2.687 expedientes de la Procuraduría, que atendían a un total de 1.774 quejas pues varios de ellos habían sido presentados por múltiples personas.

De la cifra total de expedientes, como explicó Quintana de acuerdo con la actual forma de contabilizar en el Procurador del Común, 923 expedientes han versado sobre 15 asuntos. 733 de ellos aludían a diez quejas múltiples -presentadas en al menos diez reclamaciones sobre un mismo problema- planteadas en 2023 y 190 sobre cinco quejas múltiples suscitadas en 2022, por lo que a efectos estadísticos solamente se computan diez quejas en 2023.

A los 2.687 expedientes relacionados con estas quejas, se suman las 97 actuaciones de oficio sobre diversos asuntos motivadas por la propia institución, de modo que la cifra total de expedientes es de 2.784.

En cuanto a las resoluciones, se han emitido sido 1.042, una cifra sensiblemente inferior a las 1.533 de 2022, de las cuales en 183 de ellas han servido para cerrar el expediente sin encontrar irregularidad en la actuación de la administración. En cualquier caso, Quintana subrayó que «el grado de actuación ha sido alto».

Las cifras, añadió Tomás Quintana, lleva a la institución a estar «razonablemente satisfechos» por la idea de que «detrás de cada queja hay un problema y detrás de cada una de las resoluciones hay una solución a un problema de una única persona o que afecte a varias».

En cuanto a las temáticas que han generado más quejas, Tomás Quintana destacó los servicios prestados por las administraciones locales -asuntos, por ejemplo, de aguas, evacuación de residuos o alumbrado público-, con un total de 359 quejas; el empleo público «o bien por el ingreso de personas en empleo público, los procesos de selección, problemas relacionados con las relaciones laborales estatutarias o contractuales»; y a continuación Sanidad y Consumo (181), Medio Ambiente (172), Familia (163) y Fomento (158), entre las más mencionadas, informa Europa Press.

De las diez quejas múltiples motivadas en 2023 y que fueron presentadas por 733 personas, destaca por volumen las 190 presentadas sobre la escasa dotación de vestuario y EPI a personal subalterno de Educación en León; las 173 por la gestión de las bolsas de Empleo de personal laboral de Educación también en dicha provincia; las 127 por el retraso en las obras de un colegio en Carbajal de la Legua (León) y las 87 por las molestias por ruidos de un campo de tiro en Candeleda (Ávila).

Por administración afectada, sobre todo se ha señalado a las locales (45,5% de las quejas) y a la Junta (42,9%), mientras que dirigidas al Gobierno central iba un 8,5%. Tomás Quintana ha subrayado que "a día de hoy" ninguna de las quejas presentadas ha quedado sin resolver, aunque ha destacado que en la administración local, sobre todo en municipios o entidades pequeñas con pocos medios, se da con mayor reiteración el caso de que o bien no se responde con la información requerida o no se señala si aceptan o no la resolución.

En cuanto a las actuaciones de oficio, en 2023 el Procurador del Común abrió un total de 97; 34 más que en el año 2022, algo que según Quintana no responde a una circunstancia específica.

Éstas se han dirigido a la Administración autonómica, a las Diputaciones provinciales y a diferentes municipios, generalmente los de mayor población y han atendido a "temas considerados de interés para el ejercicio de derechos por la ciudadanía".

Así, se han citado expedientes como el relativo a implantar un servicio que permita la atención administrativa personalizada y preferente a las personas mayores; la regulación del tráfico de vehículos de reparto de mercancías en zonas peatonales; la situación del comercio rural en Castilla y León; la pervivencia de las farmacias en el medio rural; la prevención de conductas suicidas en la Comunidad y en particular en menores y jóvenes; el fomento de la rehabilitación y puesta en uso de viviendas de titularidad municipal en el especiales; fomentar mecanismos de acuerdo con propietarios de terrenos para evitar la expropiación en proyectos de instalación de placas solares; el control del ruido producido por los lugares de ocio nocturno; la ampliación de las franjas de edad de los cribados de cáncer de mama; la promoción de campamentos de verano inclusivos; la adopción de medidas de seguridad y de una mayor información para quienes hagan la Ruta del Cares, en la provincia de León, entre las que ha señalado el Procurador del Común.

En muchos de los casos, ha precisado Quintana, las administraciones han aceptado las resoluciones.