Luz verde del Gobierno para llevar al Constitucional la Ley de Concordia de PP y VOX en Castilla y León

El Consejo de Ministros dio hoy el visto bueno a la decisión de llevar ante el Tribunal Constitucional la proposición de ley de concordia que Partido Popular y Vox registraron la semana pasada en las Cortes de Castilla y León si en el texto “persiste la colisión con la Ley Estatal de Memoria Democrática”, como sucede con la proposición presentada en el Parlamento valenciano y con la derogación de la trasposición autonómica de la Ley Estatal de Memoria Democrática en Aragón.

Según figura en la referencia del Consejo de Ministros celebrado hoy, el Gobierno de España convocará una comisión bilateral con la Comunidad de Aragón para intentar alcanzar un acuerdo sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, al ser la primera comunidad en realizar una acción directa de derogación de los preceptos del texto legislativo, informa Ical. 

No obstante, y dada la presentación por parte de PP y Vox de una proposición de ley de concordia para sustituir la legislación autonómica de memoria democrática tanto en Castilla y León como en la Comunidad Valenciana, el Gobierno también manifestó hoy su intención de “llegar a un acuerdo” con ambas comunidades. “Pero, si persiste la colisión con la Ley Estatal de Memoria Democrática, el Gobierno acudirá también al Tribunal Constitucional”.

Además, el Gobierno incorporará en la Ley estatal las cuestiones derogadas en las leyes autonómicas, bajo el prisma de que “la reparación de las víctimas es justa, y hay que restituir la verdad de una parte de la población que murió y fue enterrada en fosas comunes por defender el régimen democrático”. “Esta reparación tiene que ser un pilar sobre el que no haya discusión y si no lo hace una comunidad autónoma, lo hará el Gobierno de España”, apuntó el Consejo de Ministros.

La principal queja del Gobierno con respecto al texto presentado por PP y Vox en las Cortes autonómicas, y que ambos partidos, que sustentan el Gobierno de la Junta, pretenden que se debata y apruebe antes de que termine el actual periodo de sesiones, se debe a que “se equiparan los años de la Dictadura con los de la Segunda República y evitan condenar el franquismo”.