La ARMH carga contra la Ley de Concordia porque busca “recuperar la censura franquista”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció este miércoles que el proyecto de Ley de la Concordia, presentado ayer por los portavoces del Partido Popular y de Vox en las Cortes de Castilla y León, pretende “recuperar la censura franquista” en el año 2024. Por ello, la ARMH registró un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios como respuesta al texto normativo.

Según la asociación, la intención del PP y Vox queda “perfectamente reflejada” en el Artículo 4.4. donde dice: “Los proyectos habrán de respetar durante todo su desarrollo, en todo caso, la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que, con esta redacción, “se quiere ejercer censura sobre las exhumaciones y las reparaciones a las víctimas para ocultar la identidad y los hechos de los verdugos”; un texto, añadieron en un comunicado remitido a Ical, que “podría haber firmado el dictador Francisco Franco”.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “el artículo de la censura es el eje central de la ley, un intento por seguir escondiendo la historia y mantener el honor de los verdugos y cerrar la boca a las víctimas que estuvieron calladas durante mucho tiempo porque uno de los objetivos de la transición fue que murieran en silencio”.

Silva añade que el discurso político del preámbulo, que no nombra la dictadura ni el golpe de Estado de 1936 y parte del articulado componen un “envoltorio” cuya finalidad última es “censurar y amordazar la memoria de las víctimas del franquismo para salvaguardar el supuesto honor de los verdugos”. “Se trata de practicar un negacionismo legislativo hablando de terminar con un relato sesgado del pasado mediante la ocultación de la historia”, matizó.

Así, según Silva, para proteger las identidades de los verdugos el texto legislativo alude a una “ley especial de protección de datos” que “no existe”. “Lo que existe es una ley de protección de datos a secas, porque las leyes especiales sólo se articulan en momentos de estados de excepción, que es quizá lo que la proposición de ley de la concordia pretende: generar un estado de excepción en torno a la historia reciente para mantener blanqueadas las biografías de los verdugos y escondidas en las cunetas las historias de sus víctimas”, manifestó.

Silva, nieto del primer desaparecido republicano asesinado por pistoleros falangistas identificado por una prueba genética en España, aseguró que “pretender legislar el silencio de las víctimas de la dictadura es imposible”. "Nosotros vamos a seguir exhumando, ayudando a las familias de los desaparecidos, contando lo que hicieron sus asesinos y poniendo un megáfono en las voces que durante décadas han estado atemorizadas y silenciadas”, advirtió.

“La única concordia que necesitan las víctimas se llama verdad, se llama justicia y se llama reparación. Si creen realmente en esa idea de concordia que le digan a una victima del terrorismo que el familiar que murió en un atentado tiene el mismo honor que quien murió preparando el explosivo o detonándolo”, concluyó.

CCOO

Por su parte, CCOO Castilla y León considera que la proposición de Ley de Concordia es una “ocurrencia ideológica”, un paso más hacia el “blanqueo de la época más oscura de la historia de España” y una falta de respeto a las víctimas de la Dictadura de Franco durante casi 40 años. Además, cree que es un “retroceso” en el avance de la justicia y reparación de lo ocurrido.

En su opinión, la normativa equipara el periodo democrático de la II República con lo que pasó durante el Franquismo y choca frontalmente con los derechos de memoria, reparación y voluntad de no repetición que recogía la Ley de la Memoria Histórica.

Asimismo sostuvo que la Ley no menciona en la exposición de motivos el Golpe de Estado de 1936 por lo que no existe y amplía el periodo histórico de atención a entre 1931 y 1978, dando a entender que la Segunda República fue un trance histórico carente de legalidad y reconocimiento democrático. “Esto supone una falta a la verdad y a la historia de nuestro país”, indicó.

Este proyecto ideológico, además, se realizó, según destacó el sindicato, entre los partido PP y VOX sin contar con la participación de ningún otro partido ni organismo, todo lo contrario a lo que ocurrió con la elaboración de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León que fue fruto del acuerdo entre las asociaciones memorialistas, las organizaciones sindicales de clase y el Gobierno autonómico, que incorporó para su desarrollo a las universidades públicas de Castilla y León y a las entidades locales. “Contó, para su aprobación, con una amplísima mayoría de las Cortes y con el voto a favor incluido del propio Partido Popular”, precisó.

CCOO exigió que esta Ley sea revisada por el Estado, como propone el PSOECyL y se elimine esa visión “sesgada” de la Dictadura de Franco equiparada a la II República, donde no aparece ni la palabra dictadura, además de dar participación a la sociedad organizada.