PP y VOX impulsan una Ley de Concordia que no condena la dictadura y llega a la República

La Ley de Concordia de Castilla y León inicia su trámite en las Cortes autonómicas. PP y VOX impulsan la nueva norma de concordia que no tiene una condena explícita de la dictadura del Franquismo y que llega en el reconocimiento a las víctimas hasta la República, en 1931. Los portavoces del PP y VOX en las Cortes, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, volvieron a representar ayer la unión de los dos socios de Gobierno con la presentación de una proposición de la Ley de Concordia para Castilla y León, una de las leyes ideológicas incluidas por VOX en el pacto de gobierno de la Junta, junto con la violencia intrafamiliar.

La norma amplía el reconocimiento de las víctimas hasta el año 1931, con lo que también se engloba la etapa de la Segunda República, a pesar de que el texto registrado evita en todo su articulado el término dictadura, así como su condena porque, según el portavoz ‘popular’, «la condena está implícita en el texto» y su «espíritu parte de una condena de la vulneración de los derechos humanos, también de la dictadura».

De la Hoz explicó, en la rueda de prensa posterior al registro de la proposición, que la nueva ley responde a los cambios realizados en 2022 en la norma estatal y que vendrá a sustituir el actual Decreto de Memoria Histórica de Castilla y León. «Eso requiere una nueva adaptación de nuestra normativa desde el punto de vista jurídico», especificó, apuntando también que el decreto, desde este martes en la recta final de su vigencia, se redactó en base al marco que ofrecía la ley original de 2007 y que hace dos años se modificó.

Decreto que, por otra parte, era aprobado durante la etapa de Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta de Castilla y León, y que ahora, seis años después, PP y VOX dejan sin efecto en favor de esta nueva ley, por cuya demora VOX ya había manifestado en varias ocasiones su malestar.

En el mismo sentido, el portavoz ‘popular’ en las Cortes incidió en que con esta proposición se lleva a cabo «la elevación de la norma a rango de ley», lo que a su vez permite «el fortalecimiento de la estructura legal de las medidas» y dar «coherencia y uniformidad normativa a nivel autonómico», ya que, según De la Hoz, en otras comunidades autónomas ya rigen leyes sobre esta materia mientras que Castilla y León contaba hasta ahora con ese decreto de 2018.

Asimismo, tanto el propio De la Hoz como su homólogo en el Grupo Parlamentario VOX, Carlos Menéndez, coincidieron en la importancia que tiene el registro de esta proposición de ley para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de gobierno que en 2022 suscribieron Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo. Concretamente, ambos se refirieron al tercer eje de este documento: «Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles».

En cuanto a las novedades que presenta la futura ley de concordia de Castilla y León, una de ellas tiene que ver con el periodo de tiempo que delimita a las víctimas, ya que ahora irá desde 1931 hasta 1978. En este sentido, De la Hoz defendió que esto se debe a que en esos años «en España nadie estaba legitimado para usar la violencia para imponer sus convicciones políticas», a lo que añadió que «desde 1939 nadie lo estaba tampoco para imponer un régimen», en alusión a la dictadura franquista. Eso sí, el ‘popular’ también aclaró que no se relacionan unos periodos y otros: «No estamos equiparando la Segunda República con la dictadura. Reconocemos la deuda de los españoles y de los castellanos y leoneses con los que fueron víctimas de la violencia política y violencia social, y especialmente con los de la Guerra Civil y la dictadura», agregó.

Otra de las principales novedades que trae aparejadas la Ley de Concordia de Castilla y León es la creación de una Comisión de exhumaciones, un organismo que tendrá competencia resolutoria con respecto a las solicitudes de recuperación de restos que se formulen, comprendidos ente 1931 y 1978, y que, según De la Hoz, proceden en su mayoría de asociaciones. «Antes informaban y ahora también resuelven», sintetizó el portavoz ‘popular’ con respecto a los cambios que afectan a la comisión, evolución a su vez del actual consejo técnico.

Según el texto propuesto, la Comisión de exhumaciones estará compuesta por varios representantes de la Administración autonómica y de la Federación Regional de Municipios y Provincias. No contará, por el contrario, con miembros de las asociaciones en defensa de la Memoria Histórica, una modificación que se debe a su nueva «capacidad resolutoria». Según De la Hoz, estas asociaciones son las que presentan la mayoría de las solicitudes de exhumación y, de participar en este órgano, concurrirían en un «conflicto de intereses».

Sin embargo, y pese a que durante la rueda de prensa fue mencionada en varias ocasiones, lo más llamativo de la proposición de ley presentada ayer por PP y VOX es la esquiva evidente que se hace de la palabra dictadura y de su condena explícita. De hecho, en las valoraciones posteriores de otras organizaciones y formaciones políticas, sobre esta cuestión pusieron el acento y vertieron buena parte de sus críticas, puesto que en el decreto de 2018 era un término que se mencionaba –y condenaba– en varias ocasiones.

Por su parte, Menéndez aseguró que «nunca ha habido un relato consensuado respecto de la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo», al mismo tiempo que celebró que «con la Constitución de 1978 se pone fin a un enfrentamiento entre españoles, se consagró la concordia y supuso un entendimiento resolviendo discrepancias de una forma democrática». «Se hizo un esfuerzo para cerrar heridas y mirar hacia el futuro», resumió.

En su primera intervención, De la Hoz hizo hincapié en que la acción política debe ir «siempre dirigida a la cultura de la paz». «Hemos rechazado en el pasado y rechazamos cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la intolerancia o que afecte a la igualdad de todos los españoles», dijo, a lo que sumó su condena de «la vulneración de los derechos humanos con independencia de quién, cuándo y dónde» la lleve a cabo.

Fue el portavoz de VOX en las Cortes quien realizó una valoración con un tono más político de esta nueva norma y del resto que versan sobre la misma materia. «Las nuevas generaciones que no vivieron estos enfrentamientos han recibido una visión sesgada», incidió, y añadió: «Los poderes públicos debemos velar por mantener una visión objetiva de la historia, de los errores que se cometieron para no volver a cometerlos».

Por ello, Carlos Menéndez puso en valor que ambos grupos parlamentarios han tenido «la mayor de las voluntades en llegar a un consenso» y que, bajo su punto de vista, queda plasmado en un «texto bueno, sin ideologías, que no divide y que respeta a todas las víctimas políticas sin diferencia por sus victimarios. Se da el mismo trato a todas las víctimas». «Cuando hacemos referencia a la atención de todas las víctimas lo que hay que tener en cuenta es que los periodos están relacionados historiográficamente y las víctimas deben tener la misma protección», agregó. Eso sí, no aclaró por qué ahora la norma amplía el periodo de reconocimiento de las víctimas hasta la Segunda República, ya que en el texto tampoco se explica en profundidad.

«Lo que no hacemos es una valoración de la historia ni de ningún periodo histórico», aclaró Menéndez en una intervención posterior, «lo que sí vemos es que diferentes legislaciones tienen esa visión sesgada porque mediante la ley se hace una interpretación». «Lo que hacemos es un tratamiento objetivo y dar el mismo tratamiento a todas las víctimas entre 1931 y 1978», apostilló. La proposición de Ley de Concordia de Castilla y León llega tan solo unos pocos días después de que la Comunidad Valenciana, también gobernada en coalición por el PP y VOX, hiciera lo propio con su texto, que además se convertía en el primero en hablar de concordia. Es más, también abría la puerta a aumentar el reconocimiento de las víctimas desde 1931.

No obstante, De la Hoz significó que la norma de la autonomía levantina es «bastante más amplia» y que se refiere a muchas más cuestiones, como la lingüística, lo que ha llevado al Gobierno de España a salir al paso del texto. Una opción que, en el caso castellano y leonés, descartó porque «este texto se ajusta tanto competencial como orgánicamente a los establecido en la norma estatal».

«Tenemos toda la seguridad de que en absoluto se incurre en ninguna causa de inconstitucionalidad», defendió. Por su parte, Carlos Menéndez manifestó que «esta proposición de ley cumple con los principios de necesidad, oportunidad, seguridad jurídica y eficacia y eficiencia».