Castilla y León tardará 7 meses en enviar el censo del lobo que pide Madrid para revisar su protección

La Consejería de Medio Ambiente vuelve a recurrir a una empresa privada para analizar «la ingente información» recabada durante los dos últimos años para elaborar el nuevo censo del lobo ibérico en Castilla y León. Acaba de licitar esa tarea y la futura adjudicataria tiene de plazo hasta octubre para presentar un informe clave para el futuro de la especie porque el Gobierno central ha condicionado la revisión del nivel de protección del cánido a los datos que remitan las autonomías. Con esa ‘evidencia científica’ sobre la mesa, el Ministerio de Transición Ecológica ha prometido estudiar si rebaja su estatus, como pretenden varias comunidades, entre ellas Castilla y León, y propone ahora también la Comisión Europea.

El departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones ha iniciado esta semana el procedimiento de adjudicación del informe final del nuevo censo autonómico, un actualizado inventario de las manadas y su distribución geográfica en la Comunidad que sustituirá al anterior, realizado hace diez años.

Los datos de Castilla y León se integrarán en el nuevo censo nacional, que servirá de base para revisar el nivel de protección del cánido, cuya caza está prohibida a ambos lados del Duero desde 2021. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial (Lespre), en septiembre de ese año, enfrenta desde entonces al Ministerio para la Transición Ecológica y las organizaciones conservacionistas con algunos gobiernos autonómicos y organizaciones ganaderas.

Hace unas semanas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, condicionó la revisión del actual estatus del lobo a los resultados del censo nacional, que previsiblemente estará terminado a finales de este 2024. Según Morán, a inicios de marzo sólo País Vasco y Galicia habían remitido sus resultados al Ministerio. Respondía así a las autonomías contrarias a mantener la total protección, que han avivado sus reivindicaciones en los últimos tres meses a raíz del pronunciamiento de Bruselas. Entre ellas, Castilla y León, abanderada contra la protección del lobo,  no ha enviado sus resultados ni está previsto que lo haga hasta dentro de siete meses. Según los pliegos publicados esta semana en la plataforma de contratación del sector público, la futura adjudicataria tendrá de plazo hasta el 31 de octubre de 2024 para presentar ese informe final.

Para Donaciano Dujo, presidente de Asaja, esa condición es sólo «una maniobra para retrasar» la revisión del nivel de protección, que el Gobierno central podría solicitar si quisiera. «Si al Ministerio no le hizo falta ningún dato para incluirlo en el listado, ahora tampoco debería ser necesario», sostiene Dujo.

El nuevo censo regional 2022-2023 será el tercer estudio oficial del cánido. Como en las dos versiones anteriores, el estudio se erige como un detallado diagnóstico de la población, con datos de manadas y ejemplares desglosados por provincias y zonas, así como la evolución de su distribución en distintas áreas y espacios naturales o zonas de interés.

El informe final interpretará los datos recogidos durante dos años y con medios propios por la Consejería de Medio Ambiente: los agentes y celadores medioambientales han recopilado la información precisa durante los años 2022 y 2023, abarcando dos ciclos reproductivos.

La Junta asegura que los resultados de este tercer estudio serán comparables con los obtenidos en los dos censos previos (a partir de información de los años 2002-2003 y 2012-2013), aunque matiza que, en esta ocasión, se han reforzado las técnicas de muestreo.

En 2022, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal dictó una nueva instrucción que incorporó «la realización de estaciones de fototrampeo (cámaras-trampa), habiendo previsto la ejecución de un importante esfuerzo de muestreo mediante esta técnica», según consta en los pliegos. Esa vía de obtención de información se suma así a «las técnicas de campo habituales y estandarizadas para la confirmación de la existencia de manadas de lobos y para detectar su reproducción, que son el rastreo de itinerarios buscando indicios, las estaciones de observación (esperas) y las estaciones de escucha (aullidos)».

La Junta justifica la necesidad de externalizar este trabajo por el volumen de la información objeto de análisis y la falta de profesionales en la Consejería de Medio Ambiente para realizar este trabajo. «Dada la ingente cantidad de información acumulada se precisa de la realización de un análisis e interpretación de los datos recabados que se traducirá en un informe de resultados del censo regional», explica el expediente de contratación.

La Consejería de Medio Ambiente «no cuenta con la solvencia técnica necesaria» y necesita «un equipo de especialistas que acrediten la experiencia suficiente» para desarrollar esta tarea. Fuentes del departamento añaden que contar con apoyo externo para monitorizar la información «es una práctica habitual» en otras administraciones públicas.

En los próximos meses, el informe de análisis se dará a conocer en cada provincia «durante una jornada de presentación de resultados», además de otra adicional en la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. Esas jornadas «deberán contar con una exposición de resultados general del censo regional y con una parte específica para cada provincia», según consta en el encargo.

La licitación tiene un presupuesto total de 116.000 euros e, incluye, además del informe del nuevo censo, el seguimiento posterior de la población del lobo ibérico. La duración del contrato es de 19 meses y cuenta con la financiación de fondos europeos.

Castilla y León realiza un censo oficial de su población lobera cada década. Además, la inclusión de la especie en el Listado de Especies en Régimen Especial de Protección implica que la especie «debe ser objeto de un seguimiento específico por parte de las comunidades» para una evaluación periódica de su estado de conservación».

En Castilla y León, donde habita la población «más importante numéricamente y determinante para asegurar la viabilidad del conjunto de la población española», la Junta ya venía actualizando la información mediante varias fuentes de datos, como la aplicación Infolobo, que actualiza de forma continua la información de daños al ganado y mortalidad de la especie. La nueva licitación mantiene, como en la anterior, el seguimiento continuo de la especie «en el intervalo discurrido entre censos regionales».

Mejoras post-censo

Así, una vez finalizado el censo regional, la consultora deberá entregar otros dos informes a más tardar el 15 de octubre de 2025. La recogida continua de información irá revelando la confirmación de manadas y la detección de nuevos grupos post-censo. La empresa deberá analizar la evolución de las manadas teniendo en cuenta los datos recabados en la aplicación Infolobo durante el año reproductor 2024 (abril 2024-marzo 2025) y la mortalidad de la especie y de daños al ganado obrantes en la Dirección General de Patrimonio Natural, precisa el expediente.

En el informe del año reproductor «se identificarán las áreas donde resulta recomendable incrementar la vigilancia y control de los territorios que constituyen áreas de potencial expansión del lobo», añade. En caso de que la información recogida «no sea suficiente para confirmar manadas», el contrato contempla «que la empresa adjudicataria realice visitas de campo». Además de rastreo de itinerarios y estaciones de observación y escucha, se podrán aplicar técnicas complementarias como el fototrampeo y la recogida de muestras.

Áreas de control

El tercer bloque del contrato consiste en diseñar un sistema de muestro que permita obtener a los cinco años información comparable con la de los censos oficiales, un «sistema de seguimiento de áreas control que englobe aproximadamente un tercio del tamaño de población y del área de distribución de la especie».

«En esta propuesta se identificarán los itinerarios realizados durante el último censo y las estaciones de fototrampeo y de escucha/observación realizadas, al objeto de que tanto la propia metodología como el esfuerzo de muestreo empleado resulte similar al empleado en el censo regional, posibilitando que la variabilidad de los datos obtenidos sea resultante únicamente de la evolución de la especie y no de factores metodológicos».