La CHD sanciona con 500.000 euros los más de cien pozos ilegales localizados por el Seprona en Castilla y León

Las inspecciones a explotaciones agrarias o las patrullas rutinarias de vigilancia en el campo , sobre todo en épocas de caza o de riesgo de incendios, acaba en muchas ocasiones con un cordón delimitando sistemas de extracción de aguas sin el correspondiente permiso , no sólo porque suponen un delito, sino por el riesgo de caída que implican, teniendo en cuenta que muchos están abiertos y sin señalizar. Sólo el año pasado, las unidades de Protección de la Naturaleza del Seprona de la Guardia Civil contabilizaron 129 pozos ilegales en Castilla y León y, de ellos, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) , ya ha tramitado 101 expedientes .

A falta de que el organismo encargado de la gestión de la cuenca concluya los despachos referidos a 2023, por el momento calcula multas que rozan los 500.000 euros en el conjunto de la Comunidad, la mayor parte en concepto de sanción y casi 100.000 euros en concepto de indemnización de daños al dominio público hidráulico . 

La cifra, en todo caso, es una estimación, puesto que la CHD aún está inmersa en la resolución de los expedientes abiertos a lo largo de la pasada anualidad, con una treintena de asuntos pendientes, según indicaron desde la entidad adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Además, aclararon que no todas las denuncias que reciben, tramitadas desde el Seprona, acaban en sanción.

Para determinar la multa a la que se enfrentan los promotores de los sistemas de extracción no autorizados, la Confederación tiene en cuenta el «volumen ilegal extraído» , con una estimación de metros cúbicos «en función de la superficie regada , el tipo de cultivo y el tiempo durante el que se ha estado regando», apostillaron al respecto. 

Y es que, la mayoría de los pozos ilegales están relacionados con el riego de cultivos , lo que pone en evidencia que las perforaciones irregulares no se circunscriben sólo a Doñana , el entorno que centra el foco de la actualidad por el impacto que tiene en el Parque Nacional. En Castilla y León también existen este tipo de sondeos, si bien el Seprona aclaró que ninguna de las denuncias que tramitaron en 2023 a nivel autonómico estaba dentro de zonas medioambientalmente protegidas . 

De las 129 denuncias cursadas el año pasado por el servicio de medio ambiente de la Guardia Civil, la mayoría se corresponden con explotaciones agrícolas, si bien se cuela algún despacho relativo a otras actividades. Por ejemplo, hay varios casos de usos en ganadería , también de uso doméstico, en Segovia hay uno vinculado a una industria de áridos y dos referidos a actividades recreativas , y en Soria detectaron varios pozos en casas de campo . 

En todo caso, este tipo de perforaciones no autorizadas se detectan sobre todo en zonas agrícolas, puesto que resultan más fáciles de localizar. Tanto porque los agentes acceden directamente a los terrenos durante las inspecciones que realizan, como porque la ciudadanía alerta a las autoridades si se topan con un pozo en una parcela sin vallar, explicaron fuentes del servicio de la Guardia Civil, antes de añadir que la cifra va disminuyendo y es mucho más baja que en tiempos pasados.

«Cada vez localizamos menos pozos ilegales porque quedan pocos o están tapados », explicaron desde el Seprona, convencidos de que los que detectan ahora datan de hace muchos años. 

«Las maquinarias para hacer un sondeo llaman mucho la atención» , dicen desde el Cuerpo para alegar que ahora la gente ya no se arriesga a hacer este tipo de perforaciones sin los correspondientes permisos, porque enseguida se presenta la inspección a solicitar los papeles. Así que los ilegales localizados en la actualidad «existen de toda la vida». 

Los datos facilitados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), evidencian, de hecho, una tendencia estanca en el último lustro, pues cifran en 434 los contabilizados en el periodo entre 2019 y 2022 . La media da como resultado un número similar a los 129 de la estadística de 2023.

De ese total, Ávila es la provincia que aglutina un mayor número de pozos ilegales detectados por las autoridades, con 32 casos, seguida de León , con 29. El siguiente territorio en orden de importancia es Valladolid , con 25 en su haber y después, a una significativa distancia, el listado lo continúan Soria (13), Salamanca (12), Zamora (11), Segovia (4),   Burgos (2) y Palencia (1).

Aunque en algunos casos las detecciones de la pasada anualidad son similares a las de años precedentes, sí hay ejemplos dispares en la tabla de datos, como se observa en León, con sólo dos expedientes en 2022 y 29 en 2023. También en Valladolid se percibe un fuerte incremento, de los 14 de 2022 a los 25 de 2023, si bien parece relevante destacar que en 2019 los pozos sin autorización descubiertos fueron 71.

Además, Valladolid es la única provincia donde se produjo una detención en los últimos años relacionada con la excavación de un pozo ilegal, en el año 2021 por falsificación de documentos , según la información facilitada por la Guardia Civil. El resto de expedientes cursados se circunscriben al ámbito administrativo. 

Más allá de la extracción ilícita de agua, otro de los motivos más denunciados relacionados con los pozos es la existencia de los que consideran «potencialmente peligrosos para personas o animales , por hallarse en el campo careciendo de medidas de seguridad, como brocal, tapa y cerradura, que eviten caídas accidentales en su interior». 

El «detonante» de poner el foco en estos casos para proceder a su sellado fue la muerte de Julen, el niño de dos años que cayó en una cavidad ilegal «de 27 centímetros de diámetro y unos 100 de profundidad» en una finca de la localidad malagueña de Totalán , recordó la Guardia Civil sobre este «luctuoso hecho» que se saldó con el rescate del cuerpo del pequeño después de trece días de labores de rescate.