UPA-Coag denuncia a las lonjas de Castilla y León por tirar el precio del cereal por debajo de costes

La Alianza UPA-Coag denuncia ante el Defensor de la Cadena Alimentaria de Castilla y León, Alfredo Blanco , las prácticas de operadores de cereales y lonjas provinciales de Castilla y León, como la de Zamora y León, que están fijando los precios de mercado del cereal por debajo de los costes de producción «obligando así a los agricultores a vender a pérdidas». Establecer un precio por debajo de costes de producción es una práctica que incumple la Ley de la Cadena Alimentaria , y la Organización Profesional Agraria (Opa) ha tramitado ya el formulario correspondiente para dar curso a la denuncia. «La semana pasada la Alianza UPA-Coag informó públicamente del presunto incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en relación directa con los operadores de cereales en Castilla y León y las lonjas provinciales de nuestra Comunidad Autónoma, al situarse los precios de varias lonjas por debajo de los costes de producción», explica la Opa en la carta dirigida a Blanco, a la que ha tenido acceso este periódico. 

«La situación insostenible que sufren los agricultores de cereal de Castilla y León, con precios muy por debajo del coste de producirlos, requiere de actuaciones urgentes y valientes por parte de la Aica [Agencia de Información y Control Alimentarios] y de los organismos competentes en esta materia, entre los que se encuentra la figura del Defensor de la Cadena Alimentaria, dependiente de la Dirección General de Industria y Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León», añade.

La denuncia se fundamente en un estudio realizado por el departamento técnico de la Alianza UPA-Coag . Se trata de un estudio de costes de producción tomando como ejemplo el cultivo de cebada de secano en varias provincias de Castilla y León. En ese informe se obtienen distintos costes de producción, estableciendo una cosecha media de tres toneladas de grano por hectárea. En el caso de la provincia de Ávila, el coste asciende a 229,17 euros por tonelada de cebada de secano; en Zamora el resultado es de 303,33 euros por tonelada, y por último en Soria asciende a 285,32 euros .

«A modo orientativo, el coste de producción de una hectárea de cebada de secano en Castilla y León con rendimientos de 3.000 kilos la hectárea es de 810 euros, y por lo tanto el coste se sitúa en torno a 270 euros por tonelada, que está muy por encima del precio que está percibiendo el agricultor hoy mismo por la cebada, que está en torno a 195 euros por tonelada» , explica la organización. A continuación publica un cuadro de cotizaciones de las lonjas de Zamora y de León con fecha 28 de febrero. La primera establece un precio de 198 euros por tonelada de cebada, mientras la segunda la pone aún más barata, a 196 euros por tonelada.

«Estamos, así pues, ante un presunto incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria , que la Alianza UPA Coag pone en conocimiento, y denuncia mediante este escrito ante usted como Defensor de la Cadena Alimentaria, pidiéndole que investigue y actúe de inmediato ante todos estos agentes que distorsionan de manera directa o indirecta estas cotizaciones hasta llevarlas a la ruina del primer eslabón de esa cadena, que son los productores», concluye el escrito de la Opa dirigido a Blanco.

Suspender la cotización

Y es que, aclara la organización, las lonjas provinciales «son responsables de marcar unos precios que son la base utilizada por operadores para marcar los precios de compraventa de los productos, por lo que las lonjas deberían marcar precios cumpliendo la Ley o suspender la cotización cuando los precios estén por debajo de los costes, igual que hicieron dichas lonjas cuando se dio la circunstancia contraria y no dudaron en suspender las cotizaciones con el alto precio de cereal que perjudicaba a los operadores».

La Alianza UPA-Coag solicita que el organismo «investigue y actúe en las lonjas provinciales, y en los operadores que las componen , para que dichas lonjas no fijen precios por debajo de costes de producción, marcando así unos precios de referencia que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria».

Pocos días antes, UPA-Coag había advertido «a las autoridades competentes» de que vigilaran las actuaciones de los operadores de cereales en Castilla y León y a las Lonjas Provinciales de la Comunidad Autónoma, y que les obligaran a cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria, «porque con sus maniobras están provocando que los cerealistas de nuestra región perciban actualmente precios muy por debajo de sus costes de producción», manifestó.

La Opa calificó de «insostenible» la situación que sufren los agricultores de cereal de Castilla y León con precios «muy por debajo del coste de producirlos». Una actuación que requiere de «actuaciones urgentes y valientes» por parte de la Aica y de los organismos competentes en esta materia. «Estamos ante un incumplimiento flagrante de la Ley de Cadena Alimentaria, que debe actuar de inmediato ante todos estos agentes que distorsionan de manera directa o indirecta estas cotizaciones hasta llevarlas a la ruina del primer eslabón de esa cadena, que son los productores», manifestó.   

La Alianza ya puso «nombres y apellidos», el pasado jueves, y apuntó a los operadores de cereales como «responsables directos de la situación actual», marcando  «precios muy por debajo del coste de producción, y con operaciones en el mercado que dejan en la ruina a los cerealistas, que se ven indefensos a pesar de que la Ley dice muy claramente que el precio se forme de abajo hacia arriba». La nueva Ley obliga a que en las operaciones de compraventa se tengan en cuenta los costes del primer eslabón, el de los agricultores. Y el responsable de pagar un precio justo es siempre del comprador, por lo que la protección del eslabón más débil, en este caso del cerealista no se está cumpliendo. 

La Alianza UPA-Coag «quiere llegar al fondo del origen de algunos de los problemas del sector agrícola de la región, y por eso también demandamos a los organismos de control de nuestro país que supervisen no solo la mercancía que entra en nuestros puertos, sino que obligue además a que el precio de entrada del grano nunca sea inferior a los precios que reciben los agricultores españoles por su cereal, «porque lo contrario sería competencia desleal y estaría atentando contra la propia Ley de Cadena Alimentaria».

La Opa exige también a la Junta de Castilla y León que dote «del presupuesto necesario» a la Dirección General de Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura «para que deje de ser una figura decorativa, como hasta ahora, y de una vez por todas actúe con recursos suficientes para hacer cumplir la Ley con la que se ha dotado a la Cadena Alimentaria, y por lo tanto desde la Junta se controle, vigile  y apoye a los agricultores y ganaderos de esta Comunidad Autónoma».

Terceros países

El desembarco de grandes cantidades de cereal proveniente de terceros países es la causa del hundimiento del precio del grano. Las Opas continúan sus reivindicaciones para que les sean exigidos a estos países los mismos requerimientos de producción que a los de la Unión Europea. 

Ya desde enero la organización mayoritaria de Castilla y León, Asaja, plantea que es fundamental «dar una solución a la inundación de cereal tanto ucraniano como de terceros países de nuestros mercados, que está hundiendo los precios del grano español». Asaja Castilla y León criticó que «para solucionar el bloqueo de grano ucraniano impuesto por Rusia, Bruselas esté facilitando la llegada del grano ucraniano eliminado aranceles y quitando cláusulas de salvaguarda que perjudican claramente las producciones de nuestros agricultores».

Por eso Asaja pide, tanto para el grano ucraniano como para el de terceros países que llega a los puertos españoles «la imposición de unos aranceles que graven estas importaciones, o ‘cláusulas espejo’ que garanticen que este grano de fuera cumple con las mismas garantías sanitarias, fiscales y laborales que se exigen a los agricultores europeos».

Para la organización, a pesar de las políticas europeas, «el Gobierno de España tiene margen y maniobra para resolver estos problemas como lo han hecho con anterioridad Polonia o Hungría o lo está haciendo Alemania tras las protestas de los agricultores».

Precisamente el establecimiento de esas cláusulas espejo para terceros países, así como el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que posibilite unos precios justos para los productores, tanto agrícolas como ganaderos, son dos de las reivindicaciones principales de las movilizaciones del campo que, desde el pasado 6 de febrero, inundan de tractores las carreteras y ciudades de Castilla y León y de España.