Diario de Castilla y León

El PSOE denuncia un "fraude" de la Junta con 24 millones desviados a pagar el IBI o la ITV de sus vehículos

Tudanca expone que se trata de un caso de “ingeniería financiera y enjuague de los presupuestos” y avanza que se pedirán explicaciones en las Cortes

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, analiza diversos asuntos derivados de la Dependencia en Castilla y León, acompañado de la procuradora Isabel Gonzalo. -ICAL

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, analiza diversos asuntos derivados de la Dependencia en Castilla y León, acompañado de la procuradora Isabel Gonzalo. -ICAL

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Redacción
Valladolid

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El PSOE de Castilla y León pondrá en conocimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el “fraude” que según los socialistas comete la Junta al destinar 24 millones de euros de la financiación del Sistema de la Dependencia en 2023 a pagar otros gastos como los alquileres , la limpieza y la seguridad de sedes de la Gerencia de Servicios Sociales, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de otros edificios, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de su parque móvil, la gasolina o hasta revistas y prensa. 

El secretario autonómico del PSOE y portavoz socialista, Luis Tudanca , que compareció junto a la portavoz en la materia Isabel Gonzalo , avanzó que darán traslado de estos hechos al Gobierno, tras un trabajo de un año y una “labor detectivesca”, con la que explicó han podido detectar “horrorizados” el destino de estos fondos a partir de las solicitudes de información y preguntas a la propia Junta desde la vía parlamentaria, informa Ical.

En ese sentido, el Grupo Socialista pedirá explicaciones y exigirá responsabilidades en sede parlamentaria, según señaló Tudanca, quien señaló que se trata de un caso de “ingeniería financiera y enjuague de los presupuestos” , que consiste en detraer fondos de las prestaciones y servicios de la dependencia para sufragar otros gastos que en su opinión debería afrontar la Junta con recursos propios..

“Nos parece irregular, poco ético, inmoral y una falta de respeto a las personas dependientes” , dijo Tudanca, quien señaló que no pueden presumir de la buena calificación que reciben los servicios sociales de la Comunidad y al mismo tiempo destinar la financiación a otros fines que denunció nada tienen que ver con los dependientes. Por ello, darán traslado de esta situación al Gobierno de España, al que la Junta justifica el destino de sus aportaciones, sin que haya detectado nada hasta ahora, y pedirán que la Junta deje de hacerlo. 

En su exposición, los socialistas indicaron que en 2023 la Junta presupuesto 747 millones para la dependencia, de los que 340 fueron aportados por la Administración General del Estado, lo que supuso 96 millones más. De esta cantidad, siempre según el PSOE, 24 fueron desviados de las prestaciones y servicios a pagar otras partidas , con ocho millones para arrendamientos, limpieza y seguridad de las sedes de la Gerencia de Servicios Sociales, junto al IBI, la ITV de coches y estudios y trabajos técnicos, además de cuatro para “otros pagos”, algo “totalmente opaco” y tres más para la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León. 

“Esto no puede ser”, insistió el portavoz socialista, quien habló de “fraude” a las personas dependientes y de “tomadura de pelo” al Sistema Nacional de al Dependencia. “Ya sabemos cada vez más y mejor, qué hace Mañueco con nuestro dinero” , mientras la Junta sigue “pidiendo más y más dinero” al Estado. Además, relató que se incumple el acuerdo de destinar los fondos de la Renta Garantizada de Ciudadanía que ahora el Ingreso Mínimo Vital a los servicios sociales y que cuantificó en 64 millones. 

Por su parte, la socialista Isabel Gonzalo arremetió contra la Junta por hacer “caja” con la financiación de la dependencia una vez que la aportación del Estado ha crecido desde 2021 hasta la actualidad, puesto que según los socialistas se acerca con un 45% a la reivindicación histórica del 50 por ciento, que prevé la ley. Esto, señaló, ha supuesto la reducción de la financiación de la propia Comunidad, lo que obliga -dijo- a las familias a tener que hacer “un gran desembolso” cuando tienen que acudir a un servicio o recurrir a una residencia de mayores privada.

"El dinero de la dependencia es para los dependientes, no para pagar ningún sarao" , dijo y añadió que Castilla y León ha montado un sistema de “bajo coste” y, como ejemplo, puso a las familias que hicieron una denuncia sobre el programa ‘A gusto en mi casa’, que señaló pasaron de pagar 170 euros mensuales a 1.300, algo “totalmente inasumible” que ha hecho que se haya reducido a la “mínima expresión” los participantes.

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