El Común insta a habilitar espacios de arte urbano para combatir los graffitis

Fachadas, puertas de garaje y otros muchos elementos de mobiliario urbano son el ‘lienzo’ habitual de los vándalos que los ‘decoran’ con graffitis y otro tipo de pintadas en muchos casos de dudoso gusto. Un problema al que se enfrentan varios ayuntamientos de Castilla y León, además de ser los encargados de limpiarlo, y que el Procurador del Común ahora pretende atajar recomendando a estos municipios una batería de medias entre las que se encuentra facilitar espacios para que niños y jóvenes puedan expresarse artísticamente sin dañar propiedades públicas y privadas.

En concreto, la institución que dirige Tomás Quintana recomienda que «se valore la conveniencia de habilitar o facilitar los medios para la canalización de las inquietudes artísticas de los niños y jóvenes, mediante campaña de fomento del muralismo o del graffiti autorizado, o de contribución a la rehabilitación de espacios especialmente degradados».

Así lo recoge el Procurador en una resolución originada a partir de una actuación de oficio por el «incremento notable del fenómeno de las pintadas vandálicas, graffitis, firmas o similares, que ocasiona innumerables daños en los espacios públicos e inmuebles».

Para abordar esta problemática, el Procurador del Común solicitó información a los 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León. De ellos, catorce respondieron a la petición, si bien no lo hicieron los de Medina del Campo (Valladolid) y San Andrés del Rabanedo (León), tal y como expone la Defensoría en su resolución y lo que les ha llevado a formar parte del registro de entidades no colaboradoras.

Entre las conclusiones extraídas por el Procurador del Común a través de la información recabada se indica que la gran mayoría de las entidades locales «cuentan con medios materiales y humanos específicos y especializados dedicados a tareas de limpieza y retirada de pintadas, aunque solo en algunos casos se actúa diariamente. En general se interviene a demanda o cuando se realizan campañas de ‘choque’».

Asimismo, la institución que encabeza Tomás Quintana también señala que si bien en todas las normativas se prohiben estas conductas «esto no se traduce en la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores».

Asimismo, entre estas valoraciones por parte del Procurador destaca también que la mayoría de actuaciones de los municipios «se centran en la vigilancia policial de las zonas especialmente atacadas y/o degradadas, aunque en algunos casos se realizan campañas educativas o de fomento del grafismo autorizado como un método más de prevención».

En cualquier caso, lo que la Defensoría destaca es que «parecen evidentes las dificultades que enfrentan los servicios municipales para poner freno a este tipo de conductas». Todo ello, asimismo, con el coste económico que implica la limpieza de estas pintadas.

«Una y otra vez, los particulares afectados y también la administración deben volver a reparar daños en zonas que previamente habían sido limpiadas, lo que provoca unos gastos que resultan cuantiosos para los presupuestos públicos, así como para las economías familiares, en cuanto titulares de los inmuebles afectados, que con dificultad pueden hacer frente una y otra vez a una labor de adecentamiento de pareces, cierre o fachadas cada vez que se produzcan estos ataques», expone la resolución.

Es por esto que el Procurador del Común de Castilla y León recomienda que «se deben poner en marcha planes de actuación específicos (planes de choque) contra pintadas vandálicas, singularmente, pero no solo, en las zonas históricas y monumentales o comerciales de las ciudades». Añade, a este respecto, que «se debe incluir en dichos planes la actuación sobre fachadas y elementos privados que sean accesibles desde la vía pública».

La resolución señala, asimismo, que «el plan de choque debe ir acompañado de otra serie de medidas dirigidas a la intensificación de la vigilancia policial», al mismo tiempo que añade que «puede resultar de utilidad la elaboración de un inventario de las zonas más afectadas y señalando los lugares especialmente degradados y que requieran una rápida respuesta municipal». En este sentido, se detalla que «como es fácilmente apreciable, la tardanza en la respuesta administrativa ante este tipo de conductas genera en ocasiones un efecto llamada en relación con los espacios previamente agredidos».

A la vista de todo lo anterior, el Procurador del Común lanza a los grandes ayuntamientos de la Comunidad una serie de recomendaciones para combatir los graffitis. Además de esos espacios de arte urbano, en los que también se incluyen «campañas o de fomento del muralismo o del graffiti autorizado, o de contribución a la rehabilitación de espacios especialmente degradados», se invita a las corporaciones municipales a que, por un lado, «se sigan extremando las medidas de limpieza y protección del patrimonio municipal y de las propiedades privadas contra las pintadas, graffitis y otros actos vandálicos (...) interviniendo ante los mismos a la mayor brevedad posible para evitar el efecto llamada».

Por otra parte, el Procurador también recomienda que «se valore la posibilidad de elaborar un Plan de actuación específico o un plan de choque (...) al tiempo que se potencian las acciones de concienciación y educación, así como la implantación vecinal mediante campañas específicas».

Finalmente, el Común también recomienda a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León que «se incremente la vigilancia policial y la seguridad en las zonas que sufren más intensamente este tipo de comportamientos incívicos, adoptando medidas sancionadoras si no se frena la proliferación de este tipo de conductas».