El gasto público en fármacos crece un 79% en hospitales y un 33% en las recetas de Primaria

La factura farmacéutica apunta a un nuevo récord en 2023. A falta de incorporar los datos de diciembre, el gasto de los medicamentos dispensados en hospitales superará por primera vez los 500 millones de euros de Castilla y León (acumula 478 millones hasta noviembre, según los datos del Ministerio de Hacienda). Similar es la evolución del coste de los fármacos con receta, financiados total o parcialmente por el sistema sanitario: los 719 millones en los once primeros meses del año pasado se acercan a los 754 millones de 2022, cuando este capítulo registró su máximo. 

Sumando las dos partidas sostenidas con fondos públicos (tratamientos dispensados en hospitales y envases prescritos por el médico), la inversión de Castilla y León en farmacia acumuló en los once primeros meses del año pasado 1.195 millones de euros. Será fácil superar los 1.250 de 2022 . En todo caso, la cifra actual queda lejos de los 843 millones gastados en hospitales y recetas de 2014 (un 48% más hoy que hace ocho años). En concreto, entre 2014 y 2022, la inversión en farmacia hospitalaria ha crecido un 79% y la de medicinas recetadas un 33%.

La evolución del gasto en la última década dibuja una línea en ascenso constante en todas las autonomías, según los datos que las propias comunidades facilitan al Ministerio. Los incrementos de Castilla y León resultan casi idénticos a los de la media española. Son varios los factores que explican ese encarecimiento. 

 

La mayor partida pública del gasto corresponde a los medicamentos con receta indicados desde Atención Primaria. Aránzazu Zarzuelo, profesora del departamento de Ciencias Farmacéuticas en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, enumera en este apartado tres factores que explican el encarecimiento de la factura:  mayor esperanza de vida de la población, la creciente frecuencia de  patologías crónicas y la falta de médicos. 

Al vivir más tiempo, la población genera más gasto. Lo habitual en una familia media es consumir pocos medicamentos –«las vacunas de los niños» o tratamientos puntuales menores y poco más, mientras las personas de mayor edad hacen un mayor uso para afrontar «los achaques». Además, la peor calidad de vida (ritmos de actividad y hábitos de alimentación menos saludables) están incrementando la prevalencia de enfermedades crónicas. 

El tercer factor es la falta de médicos, apunta la profesora de la USAL, y la saturación en Atención Primaria y en los hospitales. «Las consultas en Primaria son muy rápidas, no da tiempo a diagnosticar bien y el médico a veces acaba recetando un medicamento por ‘ensayo-error’» , relata la profesora de la Facultad de Farmacia. 

El médico de cabecera, además, puede recetar un medicamento para ofrecer una solución rápida al malestar del paciente y evitar en lo posible las derivaciones a otros especialistas, donde las listas de espera alargan durante meses la posibilidad de ser visto en una primera consulta. Pone como ejemplo las dolencias musculares, afrontadas con medicamentos durante largos periodos ante las demoras que tienen las consultas de traumatología o reumatología o las dificultades para acceder a tratamientos con el rehabilitador o el fisioterapeuta del sistema público dentro de un plazo razonable. 

Lo mismo sucede con la salud mental, con un notable incremento en el consumo de antidepresivos y ansiolíticos. La población «tiene cada vez una mayor conciencia» ante este tipo de dolencias, pero «si no hay citas disponibles con el psiquiatra o con el psicólogo, lo que sucede es que «el médico te manda antidepresivos para ir tirando». 

En cuanto al gasto en hospitales, Zarzuelo atribuye el aumento de la inversión sobre todo a la incorporación de «medicamentos innovadores», a menudo comercializados en monopolio, «protegidos por una patente y, por tanto, más caros». Pone como ejemplo los tratamientos oncológicos muy específicos, como las inmunoterapias Car-T, a las que cada vez acceden más pacientes y cuyo coste supone cientos de miles de euros por persona. «Cada vez se aprueban más y pueden costar 700.000 u 800.000 euros para un solo paciente», precisa. «Eso dispara el gasto de forma enorme». 

Apunta, además, que este tipo de tratamientos farmacológicos tiene cada vez un mayor número de candidatos. Por un lado, gracias a la efectividad de los cribados –que facilitan el diagnóstico precoz – porque siempre hay más opciones de recibir un tratamiento cuando el diagnóstico se produce en estadios iniciales. Por otro, la mayor esperanza de vida de la población engrosa la cifra de pacientes susceptibles de someterse a una terapia. 

Menciona también algunos tratamientos de enfermedades raras o poco prevalentes. La industria no suele invertir demasiado en ellos por afectar a poca población pero cuando se aprueban su precio es elevado. Es el caso de Zolgensma, el medicamento más caro de cuantos financia el sistema y que se indica contra la atrofia muscular espinal, una enfermedad poco frecuente pero muy grave que puede aparecer a los meses de vida. Se administra una única dosis que supone más de 1,3 millones para las arcas públicas. 

Las políticas de sanitarias y los sistemas de compra en cada comunidad, así como la propia inflación, también repercuten en el gasto. 

La Consejería de Sanidad no ha querido analizar los factores que explican la subida de la inversión en Castilla y León, limitándose a decir que la década propuesta para el análisis es un periodo «bastante amplio, por lo que existe variabilidad en los factores a valorar» e indicando que «efectivamente, algunos de los factores indicados afectan al crecimiento del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud».

Los datos que publica la Junta no coinciden con los del Ministerio de Hacienda, pese a que estos proceden «de la información remitida por las comunidades autónomas y elaborada por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local». «El motivo es que se utilizan criterios diferentes en su elaboración», dice la Consejería. Ambas fuentes, en todo caso, muestran tendencias similares. 

Los de Sacyl, aunque están menos actualizados, a junio de 2023, permiten observar el gasto farmacéutico por hospitales. Los 456 millones que computó en total en 2022 son un 16% más que en 2019, con 394 millones. Y el que más consumió es el complejo de Salamanca, con 75,4 millones, que también es el que más incrementó su gasto entre 2019 y 2022, un 23%. 

Le siguen, de mayor a menor gasto, el complejo de León (62,5 millones, un 16% más que antes de la pandemia), el de Burgos (59,4 millones, un 17%), el Clínico de Valladolid (51,1 millones, un 22%), el Río Hortega (50,4 millones, un 13%), el complejo de Palencia (29,4 millones, un 11%), el complejo de Segovia (26,2 millones, un 19%), el de Zamora (25,1 millones, un 9%), el hospital de El Bierzo (25,1, un 6%), el de Ávila (24,3 millones, un 17%), el de Soria (12,5, un 10% más), el Santiago Apóstol de Miranda (5,3 millones, un 5%), el Santos Reyes de Aranda (5 millones, el único que reduce el gasto, un -7%) y el de Medina del Campo (4,6 millones, un 22%). 

La tercera pata del consumo farmacéutico es la que se apoya sobre el ciudadano: los medicamentos sin receta, adquiridos a precio libre y sin orden de dispensación. Entre enero y noviembre de 2023 alcanzaron los 383 millones de euros en Castilla y León, cerca de los 396 computados en todo 2022. No fue ese su máximo, sin embargo. En las medicinas sin receta el pico se registró en el año 2020, cuando se rozaron los 472 millones en un año excepcional por la pandemia. Si comparamos el gasto previo al covid, entre 2019 y 2022 el incremento es del 17% en esta Comunidad, más contenido que el aumento del 26% en el conjunto de las autonomías. 

La profesora Zarzuelo señala aquí que el precio es libre –«el laboratorio tiene que notificarlo pero no está intervenido»– y tiene competencia. Y, como segundo factor, de nuevo, la saturación del sistema, que lleva al paciente a comprar medicamentos por su cuenta o pidiendo consejo al farmacéutico , «capaz de prestar esa atención cuando se trata de patologías menores en lugar de tener que esperar quince días para una cita con el médico».