El seguro agrario bate récord de indemnizaciones en Castilla y León con 233 millones
Es la comunidad autónoma con mayor montante económico y casi triplica la cuantía abonada en 2022 / Los herbáceos extensivos alcanzan los 189 millones, con 1,35 millones de hectáreas siniestradas, lo que desmiente al Gobierno que calificó a la Comunidad como 'de afección media' por la sequía
Confirmado a través de las indemnizaciones de Agroseguro: Castilla y León no ha sido una Comunidad de 'afección media' por la sequía, como la calificó el Gobierno de España para abonar la mitad que a otras comunidades autónomas en ayudas a los productores, sino que ha sufrido una 'afectación total' . Lo venían diciendo desde el principio las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) y los datos les han dado la razón. La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados ha batido el récord histórico en compensaciones a los agricultores y ganaderos de la Comunidad, con más de 233 millones de euros . En este montante están incluidos todo tipo de siniestros, tanto por la sequía como por el pedrisco y otros.
Agroseguro ha desvelado este jueves que las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos asegurados en Castilla y León por los siniestros registrados en 2023 han superado los 233 millones de euros (en concreto 233,11), casi el triple que en el año 2022 (81,42 millones) . Suponen el máximo histórico de indemnizaciones en la región en los 43 años de historia del seguro agrario. Con estas cifras, y debido al peso de los cultivos herbáceos en la región, Castilla y León es la comunidad autónoma con mayores indemnizaciones abonadas en el ejercicio 2023 . Precisamente estos cultivos herbáceos son los más afectados por la sequía.
Por producciones, destacan los siniestros registrados por los cultivos herbáceos (cereal de invierno, cereal de primavera, oleaginosas y legumbres) con 189,4 millones de euros en indemnizaciones, muy afectados por la falta de precipitaciones y elevadas temperaturas registradas durante la campaña anterior. La superficie siniestrada de herbáceos se ha elevado hasta los 1,35 millones de hectáreas aseguradas .
Además, destacan los siniestros sufridos por el viñedo de Castilla y León (15,6 millones abonados) por el efecto de las heladas y las tormentas de pedrisco. El resto de las indemnizaciones, hasta completar el total, corresponde a productores asegurados en otras líneas de seguro: hortalizas, ajo, industriales no textiles (remolacha), forrajeros, frutales, entre otras. En el caso de los seguros pecuarios , los ganaderos castellanoleoneses asegurados han registrado siniestros por valor de 21,5 millones de euros .
Por provincias, las indemnizaciones abonadas a los productores asegurados de Burgos se han situado en 56,5 millones de euros. A continuación, se encontrarían las provincias de Soria (45,3 millones), Valladolid (37,5 millones), Palencia (26,6 millones), Segovia (18,4 millones), Zamora (15,8 millones), Salamanca (12,4 millones), León (11,5 millones) y Ávila (8,9 millones).
La alta siniestralidad e indemnizaciones abonadas por Agroseguro confirman los graves efectos de la realidad climática actual, y constatan la necesidad de contar con un seguro agrario para garantizar el futuro y viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. El aumento de los fenómenos meteorológicos graves ha sido constante a lo largo de la última década, como lo pone de manifiesto el máximo histórico de indemnizaciones registrado en 2023 a nivel nacional: 1.241 millones de euros. En concreto, las cuantías abonadas en el periodo 2017-2023 son, junto a 2012, las más elevadas en los 43 años de historia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados, según las cifras aportadas por Agroseguro.
Las Opas están de acuerdo con que el cambio climático está produciendo fenómenos meteorológicos adversos cada vez con más frecuencia, y con la necesidad de que agricultores y ganaderos cuenten con un seguro que cubra los siniestros de sus explotaciones. Piden para ello implicación del Gobierno de España para que elabore una nueva regulación y aporte fondos públicos, de tal manera que las tarifas sean asumibles por los profesionales agrarios y las coberturas sean realmente útiles para agricultores y ganaderos.