La Comisión Ética determina que Gallardo y Veganzones "no vulneraron el código ético"

La Comisión de Ética Pública de Castilla y León desestimó las consultas presentadas por el procurador Francisco Igea sobre las declaraciones realizadas  por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en el balneario de Medina del Campo tras la llegada de un grupo de inmigrantes, así como por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, durante las manifestaciones a las puertas de las sedes del PSOE. Se señala que la imagen de la Administración de la Comunidad de Castilla y León “no se ha visto perjudicada por las manifestaciones” y sentencia que “no se ha vulnerado el código ético”. 

Así, la Comisión destacó que la conducta adoptada por los altos cargos “se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegida, sin prejuzgar otras posibles responsabilidades jurídicas que pudieran proceder contra sus autores”.

Con fecha 1 de diciembre de 2023, se recibió una consulta para esclarecer si estos dos altos cargos de la Junta pudieran “haber violado” el artículo sexto , apartado dos del Código Ético, que establece que “en su condición de ciudadanos, cumplirán con diligencia los deberes a los que, de manera general, estén sujetos. En actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios”. Esta presunta violación, detalla el interesado, se habría producido en el contexto de unas declaraciones en materia de inmigración, informa Ical.

Esta consulta es objeto de una primera toma en consideración por la Comisión de Ética Pública en su reunión de fecha 22 de diciembre de 2023, en la que se considera necesario profundizar en su análisis, por lo que se propone una nueva reunión de la Comisión el 15 de enero de 2024. 

Esta nueva reunión se pospone al recibirse pocos días antes, con fecha 9 de enero de 2024, una consulta complementaria a la primera y formulada por el mismo interesado, al objeto de poder ser así contestadas conjuntamente. Esta segunda consulta pedía a la Comisión analizar las declaraciones realizadas por el vicepresident e de la Junta en relación con el archivo de unas diligencias de investigación fiscal de una denuncia formulada sobre el mismo tema.

De igual modo, trasladaron que el texto constitucional “no impide, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas” . Asimismo, la tercera persona que presuntamente pudiera estar ofendida, por su profesión y conocimientos jurídicos específicos, “cuenta con sus propias facultades y procedimientos para su defensa, sin que se haya hecho pública ninguna acción suya al respecto”.

En todo caso, la Comisión de Ética Pública ha llegado a estas conclusiones teniendo en cuenta la doctrina generada por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.