Mañueco promete más presupuesto en 2024 para el campo y las opas demandan más ayudas e inversiones

Habrá más presupuesto para el campo, como pedían las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas). El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , anunció en la mañana de este jueves un aumento de las cuantías de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, lo que afectará al complemento de los seguros agrarios, que se elevará casi un 8%, tras pasar de diez a 13 millones de euros. Mañueco participó en la reunión del Consejo Regional Agrario, donde trasladó a los representantes de las Opas su «total compromiso y apoyo» al sector por ser de «vital importancia» para la Comunidad y una fuente de riqueza para todos los castellanos y leoneses.

Asimismo, el presidente de la Junta avanzó que c onvocará nuevas ayudas para todos aquellos ganaderos que se han quedado fuera de la línea para hacer frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), cuyos pagos, cercanos a los seis millones de euros, ya se han realizado. Además se refirió a las ayudas a la sequía, a las que se han destinado un total de 145 millones de euros de fondos propios o los planes de modernización de regadíos. El presidente destacó la construcción de las primeras balsas o el impulso al relevo generacional para garantizar el futuro del mundo rural. También, avaló el acuerdo firmado con las organizaciones agrarias para llevar la voz de Castilla y León al Ministerio y a la Unión Europea, con propuestas para modificar la Política Agraria Comunitaria (PAC ). Además, pidió seguir trabajando y colaborando para poder impulsar nuevas líneas de trabajo ante la llegada de un nuevo Plan Hidrológico.

Sin embargo, las organizaciones agrarias reclamaron un incremento del presupuesto para la Consejería de Agricultura, que «ha perdido peso» en las cuentas de la Comunidad en los últimos ejercicios, así como más inversiones en regadíos, ayudas a la sequía y otras enfermedades o plagas, así como que se trabaje para introducir cambios en la nueva PAC. De la misma forma, reivindicaron más inversiones en las concentraciones parcelarias o los regadíos. 

Decálogo de Asaja

 

Asaja planteó un decálogo de reivindicaciones para impulsar el campo al presidente de la Junta. Entre sus demandas, r eclamó seguros agrarios «universales, con coberturas amplias y asequibles», así como el impulso de los regadíos y el relevo generacional, junto a otras medidas vinculadas con la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) y la limitación a los «macroparques» fotovoltaicos. 

En un comunicado que recogió Ical, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, aseguró que la Comunidad está «llamada a ocupar un lugar muy importante en la producción agroganadera nacional, tiene la capacidad de ser una potencia y no puede perder ese tren, en un momento muy complicado, tanto nacional como europeo e internacional, en el que la falta de apoyo puede repercutir en que ese motor se frene». «Es fundamental que contemos con una política propia de defensa de nuestra agricultura y ganadería», dijo. 

Además, el presidente autonómico de Asaja v aloró la recuperación, «tras un periodo demasiado largo, de estos encuentros en Presidencia, importantes porque el apoyo al campo tiene que emanar del conjunto del Gobierno autonómico» . De esta forma, reclamó una interlocución “fluida” con el presidente y valoró el “inminente reconocimiento” de las organizaciones agrarias como entidades colaboradoras de la Administración autonómica tras diez años esperando el desarrollo normativo. «Esperamos que no se quede en simple reconocimiento», dijo y confió en que este marco legal ampare la colaboración no solo político-sindical sino también la gestión y colaboración administrativa”.

En cuanto a la aplicación de la nueva PAC, Asaja expresó su rechazo al «barbecho obligatorio y de aspectos como la rotación y diversificación de cultivos», porque consideró hay que reducir la presión en las obligaciones y restricciones que se imponen en abonado, tratamientos fitosanitarios y uso de medicamentos. Por ello, instó a la Junta a intensificar el trabajo necesario para conseguir los cambios propuestos. «Tenemos que recordar que esta PAC que hemos estrenado en 2023, y que de una forma u otra estará vigente hasta finales de la década, supone menos recursos económicos que la anterior y nos obliga a prácticas agronómicas que merman la capacidad de producción de las explotaciones y encarecen los costes de producción, por lo que nos hace menos competitivos en los mercados globales». 

Igualmente, el sindicato defendió el actual sistema de seguros agrarios como «herramienta válida» , pero reclamó una mejora de las condiciones y coberturas al tiempo que criticó el encarecimiento del coste de las pólizas que se ha producido en los seguros de 2024 con respecto a los de 2023. “Pedimos a la Junta de Castilla y León que sea cómplice y nos apoye en las propuestas de mejora del seguro agrario, y que incremente su participación en la subvención del mismo para que, en todas las líneas de seguro, el complemento al apoyo del Estado alcance el máximo de ayuda permitida por la UE”, indicó Asaja.

Por otra parte, Asaja reclamó que Castilla y León tiene que ser «más ambiciosa en las políticas hidráulicas a futuro», planificando nuevas regulaciones o aumentando las existentes, y recargando acuíferos deficitarios, y que este mayor volumen de agua sirva para consolidar los regadíos actuales y para transformar a nuevos regadíos". “Urge la modernización de todo el regadío de Castilla y León, que debería de estar ejecutada a lo largo de la década actual”, apostilló. También pide dar respuesta a todos los proyectos de concentración y reconcentración parcelaria allí donde hay demanda de los agricultores profesionales. 

En materia de sanidad animal y vegetal, reclamó materias activas y medicamentos «eficaces» para el tratamiento de plagas y enfermedades, medidas preventivas , y coberturas de daños en el seguro oficial. En sanidad vegetal, defiende que la persistencia de ciertas plagas y enfermedades cultivos tiene mucho que ver con el hecho de estar prohibida la quema controlada de rastrojos, por lo que puso de nuevo en el debate la propuesta de poder hacerlo por razones fitosanitarias.

También consideró que es necesario un marco autonómico que permita de la venta directa del productor al consumidor y pidió que se ahonde en medidas que refuercen el papel de los productores a la hora de negociar la venta de sus mercancías para que haya un reparto justo de los beneficios y en todo caso se impida la venta a pérdidas.

Por otra parte, Asaja pidió que se revise el sistema de módulos a efectos de la declaración del IRPF de 2023 e incrementar el tope máximo de ingresos para poder acogerse a este régimen tributario simplificado, teniendo en cuenta el incremento del tamaño de las explotaciones y el incremento del precio de los productos. Por otro lado, ante la subida del salario mínimo interprofesional, a lertó del aumento de los costes laborales y de la «dificultad» para encontrar trabajadores cualificados y con deseo de permanencia en la empresa agraria, se han convertido en un problema más para muchas explotaciones.

Igualmente, el sindicato seguirá reivindicando un control de lobo y de otras especies que causan daños en cultivos, de especies que trasmiten enfermedades como el jabalí, y una compensación “rápida y total” cuando los daños se produzcan. En temas medioambientales, denunció las “trabas injustificadas” a los proyectos agroganaderos para superar los trámites ambientales, en particular la ganadería intensiva.

Finalmente, pidió a la Junta que no fomente ni permita «macroparques» para producir electricidad por encima del consumo, que los autorizados se ubiquen en terrenos sin interés agronómico y donde no se hayan ejecutado inversiones en regadíos o concentraciones parcelarias.

Mayor inversión

La Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), por su parte,  pidieron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mayor inversión autonómica en política del agua y regadíos , en un contexto de cambio climático, en el que este factor «será clave para asegurar la capacidad de producir alimentos y garantizar la seguridad alimentaria», por lo que abogan por que sea una «prioridad absoluta de las administraciones». Igualmente, trasladaron su «descontento» con las medidas agrarias adoptadas por la Administración agraria y exigieron un cambio, dada la «insuficiencia» de las ayudas por sequía, el apoyo a la contratación de seguros agrarios y los protocolos de sanidad animal.

De forma excepcional, acudió a la reunión del consejo el jefe del Ejecutivo autonómico , a quien solicitaron el incremento del presupuesto para la Consejería del ramo, que «ha ido perdiendo peso» en el conjunto de las cuentas regionales y «apenas tiene margen» para hacer frente a situaciones «excepcionales», como la sequía o la crisis de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) . Este aumento de recursos es «imprescindible» para desarrollar medidas propias y afrontar los nuevos retos de la agricultura, que «estará muy condicionada por la falta de agua», explicaron en declaraciones que recogió Ical.

Lorenzo Rivera y Aurelio González, coordinadores de la Alianza UPA-COAG, participaron en este primer encuentro formal de Mañueco con los representantes del sector agrario en la actual legislatura, un primer paso para «recuperar una interlocución institucional que estaba muy deteriorada». El fomento de las producciones propias de Castilla y León y el fortalecimiento de la marca Tierra de Sabor para ganar valor añadido que repercuta en el precio percibido por los productores «debe ser otra prioridad» en la que la Junta «se implique con mayor ahínco, dado que la retribución de los agricultores y los ganaderos proviene mayoritariamente a través del mercado».

Por último, la Alianza UPA-COAG incidió en la necesidad de un pronto desarrollo normativo y la aplicación de la figura de entidades colaboradoras de la Consejería que reconozca, a todos los niveles, «el servicio que las organizaciones profesionales agrarias desarrollamos en el sector agrario».

Por su parte, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, trasladó la importancia de «reconducir y adaptar a la realidad del sector la política agraria en esta Comunidad, dentro de las competencias que puede ejercer». Así, por un lado, reiteró su «más absoluto desacuerdo» con las ayudas por sequía que Castilla y León puso encima de la mesa, que calificó de «insuficientes y mal repartidas». «La mitad de los agricultores y ganaderos no han recibido nada de nada. No puede vincularse la percepción de una ayuda a la suscripción de un seguro agrario que tiene carácter voluntario y que en numerosas zonas no se contrata porque no alcanza a cubrir los costes de producción», comentó.

Igualmente, apostó por «reformar, de forma sustancial, con acuerdo de todos, y no solo a voluntad de Agroseguro, el sistema de seguros agrarios para que llegue a todas partes y cubra efectivamente los riesgos garantizando al menos los costes de producción». A su juicio, el apoyo público al seguro agrario «ha venido sufriendo una importante minoración» y la Junta destina «cada vez menos presupuesto a esta medida», por lo que solicitó que los apoyos se incrementen.

En segundo lugar, respecto de la sanidad animal, UCCL insistió en que el objetivo de erradicación de las enfermedades «debe desecharse de forma inmediata» y abogó por un control de la sanidad de las ganaderías. Esta propuesta, «basada en la ineficiencia de los protocolos de sanidad aplicados desde hace más de 40 años , debe ser asumida por la Comunidad y presionar a nivel estatal para que se produzca un cambio».

Por último, la opa considera que una Comunidad Autónoma en la que el peso del sector es «sobradamente conocido», las reuniones del presidente con los «legítimos representantes» de agricultores y ganaderos «deberían producirse de forma habitual, como venía haciéndose en otras etapas», una reivindicación que también trasladó UPA-COAG .