La Junta denuncia que se ha enterado “por la prensa” de la nueva convocatoria del bono joven del alquiler
Quiñones reclama a la ministra que entregue "ya" los 37 millones de Europa para vivienda
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda, y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participa en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo.- ICAL
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, denunció este jueves haber tenido que enterarse “por la prensa” de una nueva convocatoria del bono alquiler joven, que depende del Ejecutivo central. Así lo trasladó tras la Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada en Madrid bajo la presidencia de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en la que el consejero recordó que “este bono fue una bandera que enarboló el presidente Sánchez para acercarse a los jóvenes, pero después fue eso solamente, un anuncio". "Al final fue gestionado por las comunidades autónomas y sin presupuesto suficiente”, apuntó el dirigente autonómico, que insistió en que, de nuevo, el Gobierno va a abrir una nueva convocatoria “sin coordinar con las regiones”.
“Desde luego, lo que no vamos a admitir es que tengamos que gestionar nuevamente su bono joven y, encima, sin presupuesto suficiente. Luego, además, las consecuencias políticas son para las comunidades que parece que somos las que convocamos esa ayuda, que es una ayuda del Gobierno de España y con dinero insuficiente del Gobierno de España”, detalló.
La primera Conferencia Sectorial de Vivienda de la legislatura ha servido a la Junta para exigir “diálogo y consenso” al Ejecutivo central, aunque dudó "mucho de que las cosas vayan a cambiar en esta nueva etapa”, manifestó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tras exigir a la ministra que “abandone la unilateralidad” a la hora de tomar decisiones.
No fue la única discrepancia del representante de la Junta con el Ministerio en temas de jóvenes y vivienda, ya que en la reunión “se ha hablado de un convenio para avalar, no se sabe exactamente a quién, cuando Castilla y León tiene implantado un aval para los jóvenes para que puedan conseguir un apoyo para una mayor amplitud del préstamo hipotecario para adquirir una vivienda”. “Lo lógico es sentar a las comunidades autónomas, ver qué medidas tienen, ver cómo coordinar con el Estado… Y no ha sido así. Nos damos cuenta de que el Gobierno toma medidas que nosotros ya hemos implantado en Castilla y León, y lo hace sin preguntar, sin consensuar y sin coordinar”, enfatizó Suárez-Quiñones, que confió en que, al menos, “la ministra haga caso a las apelaciones" realizadas con las políticas unilaterales”. A su juicio, ese consenso es exigido por los ciudadanos, “que quieren políticas coordinadas y no dar una imagen de que cada administración va por un lado”.
En su intervención en la reunión, según explicó él mismo, ha hecho una mención especial a la Ley estatal de Vivienda, y concretamente a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según defendió, “retrasa y dificulta que el propietario de una vivienda que sufra una okupación ilegal pueda recuperar su vivienda”. “Es una situación que no se puede consentir, y por tanto le he recordado a la ministra que así no vamos bien, con una Ley de Vivienda que toma medidas que invaden las competencias autonómicas, retrae el mercado con medidas confiscatorias e inquieta a los propietarios”, subrayó el consejero, que espera que, al menos, la ministra tome nota de las recomendaciones trasladadas por las comunidades, aunque “ahora mismo no pinta bien la actitud del nuevo Ministerio y de la nueva ministra y por sus hechos los conoceréis”.
En cuanto a los 37 millones de euros de los fondos europeos relativos a la vivienda que la Junta denuncia que están sin traspasar a Castilla y León, Suárez-Quiñones recordó que la Conferencia Sectorial “llevaba muchísimos meses sin convocarse”, algo que a su juicio no puede repetirse, ya que “los avatares electorales no pueden impedir que se gestionen los interés públicos”. “Por lo tanto, si hubiera habido antes una Conferencia Sectorial ya se hubieran recibido esos 37 millones que no se nos han trasladado y podíamos haber ampliado la convocatoria que terminó el 31 de diciembre. Ese dinero tiene que llegar a los ciudadanos y, por lo tanto, hemos exigido la máxima agilidad para que se trasladen esos fondos”, subrayó.
Traspaso de 430 millones
Por otro lado, en la Conferencia Sectorial que reúne a los consejeros responsables en la materia de las autonomías y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se ha acordado el reparto de fondos por un importe de 430 millones de euros. Este dinero proviene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y va dirigido, fundamentalmente, a la rehabilitación de viviendas, de edificios públicos y de espacios urbanos, así como a la construcción de vivienda asequible y eficiente.
Además, se suman a los más de 3.500 millones de euros que, según el Ministerio, ya han sido transferidos a las regiones. “Estamos hablando de que con la suma de estos millones que hoy aprobamos, estamos ya en el entorno de los 4.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para esta finalidad, complementados con otras acciones, como también el Plan de Rehabilitación de Edificios que hemos conveniado con los ayuntamientos, donde hemos dispuesto otros 600 millones de euros”, detalló la ministra, Isabel Rodríguez.
Por otro lado, Suárez-Quiñones, exigió este jueves al Ejecutivo central que entregue los fondos europeos pendientes de pago y que se “comprometa” con los jóvenes, dotando de dinero el bono joven de ayudas al alquiler que “se organizó y convocó sin la coordinación de las comunidades autónomas”. Así lo dijo minutos antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda que supuso, además, el estreno de Isabel Rodríguez como ministra del ramo.
A juicio del consejero, el Gobierno solo es “el intermediario en la entrega de esos fondos”, por lo que se va a exigir que traslade ese dinero de la Unión Europea a las autonomías. “Vamos a reclamar la entrega inmediata de esos 37 millones de euros, porque además Castilla y León ha cumplido con los objetivos establecidos”, remarcó.
En este primer encuentro con la nueva ministra, el Gobierno autonómico pondrá otros temas sobre la mesa, según adelantó el consejero. Así, explicó que le cuestionará a la ministra si se van a comprometer o no con el bono alquiler joven, porque “trasladaron la gestión sin dinero suficiente, con lo que tres de cada cuatro jóvenes se quedaron sin ayudas”. “Les vamos a pedir que tengan el mismo compromiso que tiene la Junta”, ha remarcado, recordando “que las ayudas convocadas para el alquiler de viviendas con fondos del convenio de vivienda y con fondos autónomos importantes de la Junta han llegado a todos los jóvenes”.
Destacado que desde el Gobierno autonómico se va a exigir al Ministerio “que ese bono alquiler joven sea un compromiso real con los jóvenes”, al tiempo que imploró a la nueva ministra “que no traslade la pelota al tejado de otros, y plantee que seamos nosotros, los territorios, los que tenemos que financiar también ese bono, cuando las comunidades ya financiamos las ayudas que son de nuestra responsabilidad con un importante esfuerzo presupuestario”. “A ellos les toca dotar de fondos las ayudas que ellos convocan. Además hay que recordar que las convocaron y las organizaron sin el consentimiento y la coordinación con las comunidades”, ha subrayado Suárez-Quiñones.
Por otro lado, la Junta también planteó en la cita del Ministerio con las comunidades, otros aspectos como las ayudas para la eficiencia energética, que podrían sufrir “un parón importante” una vez que dejen de llegar fondos europeos. En cuanto a las viviendas de la Sareb, “que tanto habló de ellas el presidente del Gobierno en la campaña electoral”, el consejero reclamará “información de esas viviendas que se supone que van a poner a disposición de las comunidades autónomas”. También se cuestionará a la ministra sobre la Ley del Suelo y sobre sus políticas de cara a esta legislatura.
Al ser cuestionado sobre la legislatura anterior, Suárez-Quiñones detalló que había habido una relación “razonable” con el equipo del Ministerio. Aún así, ha recordado que desde la Junta se han criticado determinadas actuaciones como el traslado de fondos, “porque va con una regulación del Estado” que, a su juicio, dificulta su tramitación. En este sentido puso como ejemplo “el Real Decreto que regula las ayudas a la eficiencia energética” que es “excesivamente complejo” y ha complicado a los ciudadanos cumplimentar los requisitos. “Lo hemos dicho hasta la saciedad y no se ha dulcificado ni flexibilizado”, denunció.
“Y luego está el bagaje de la Ley de Vivienda del Estado, que nosotros ya mostramos nuestra contrariedad a muchas de sus medidas, a su intervencionismo”, remarcó el consejero, que insistió en que es una norma “que pone freno al alquiler porque desincentiva el alquiler de las viviendas y tiene figuras de intervencionismo que invaden competencias autonómicas”.
Además, recordó que el Gobierno central “mantiene ese apoyo a la okupación material para que las personas que vean su casa okupada tengan más dificultades y tarden mas tiempo en recuperar sus viviendas”. “Por eso nosotros hemos puesto en marcha unas oficinas de información que, afortunadamente, han tenido un uso limitado porque en Castilla y León las políticas están ordenadas. Y tenemos un mercado del alquiler protegido con el aval de la Junta. Pero es verdad que la Ley del Estado, la ley del Gobierno, preocupa a los propietarios”, concluyó, antes de entrar a la reunión.