Castilla y León confía en que la obligación de las mascarillas caduque a la semana de aprobarse
La Junta, a la expectativa de la incidencia del martes por si baja como se espera eliminar la imposición de la mascarilla con la paradoja de que haya comunidades con más casos sin obligación de usarla y otras con menos que tengan que llevarla
Mónica García, ministra de Sanidad, en una imagen de archivo de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. EL MUNDO
Ni una semana puede que dure en la Comunidad la polémica imposición unilateral por parte del Ministerio de Sanidad de las mascarillas en centros sanitarios públicos y privados. Castilla y León permanece a la expectativa de que la obligatoriedad caduque a una semana de aprobarse la medida impuesta por el Ministerio que dirige Mónica García. La Junta confía en que tras conocerse los datos de incidencia de este próximo martes (día de la semana en la que la red centinela sanitaria proporciona los datos que a su vez Castilla y León traslada al Ministerio) el uso del tapabocas deje de ser imperativo y vuelva a ser cosa de la responsabilidad individual y no una obligación. Y es que la polémica orden comunicada aprobada por Mónica García tiene varios agujeros y alguna generalidad que pueden desembocar en situaciones estrambóticas.
Vayamos por partes. La orden ministerial establece que «las comunidades autónomas que presenten datos de descenso de la Incidencia Acumulada de Infecciones Respiratorias Agudas durante dos semanas consecutivas, según los datos reportados al Ministerio de Sanidad por medio de la Red de Vigilancia, podrán pasar, si así lo consideran adecuado según el conjunto de su situación epidemiológica, de la situación de obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios a una situación de recomendación de uso». Eso es todo. Ni parámetros, ni dejar de superar unas determinadas tasas, ni ningún criterio que tenga en cuenta la situación sanitaria y la presión asistencial de cada Comunidad. Sólo que baje. Tampoco cuánto porque con que descienda en un paciente cumple ese requisito tan genérico.
Pues bien, Castilla y León va en esa senda del descenso a tenor de los datos de la pasada semana y de certificarse esta tendencia este mismo martes –que es lo que se espera, según fuentes sanitarias– se quitaría la imposición puesto que el departamento que pilota el consejero de Sanidad Alejandro Vázquez ya mostró su oposición a que se aprobara esta medida. La acató pero mostrando su disconformidad al entender que con la recomendación era suficiente y que tan sólo escondía un movimiento de imagen, de cosmética política, como «cortina de humo» de otros temas candentes de primera línea. El viejo truco de hacer como que se hace, como parece avalar el insólito resultado.
Y aquí vienen los escenarios esperpénticos y los desequilibrios territoriales: puede darse el caso, y se daría, de que en comunidades con alta incidencia el tapabocas deje de ser obligatorio y en otras con grados de incidencia sustancialmente menor sí tengan que usarlas por orden ministerial. Vamos, que con el descenso ya se puede eludir la imposición aunque se descienda de muchísimo a mucho. Y quien tenga poca pero se mantenga o suba algo sigue sujeta a esa orden.
Tal y como ha podido saber este periódico por las mismas fuentes, Extremadura , por ejemplo, baraja este mismo lunes poder ratificar el descenso de la incidencia de infecciones respiratorias agudas y retirarla.
Que vaya a haber territorios como Castilla y León con una de las incidencias acumuladas de infecciones respiratorias agudas más elevadas que pueda despojarse de la imposición, mientras otras con niveles más bajos estén obligadas evidencia el sinsentido de la redacción de la medida, poca profundidad en el asunto y, sin duda, nula efectividad.
La orden comunicada, además de criticada por unilateral, ya habría llegado tarde, cuando el cóctel de gripe, covid y otras afecciones respiratorias saturan servicios sanitarios como las urgencias hospitalarias que soportan una carga asistencial notablemente mayor por esta oleada. La ministra accedió al cargo en noviembre y habría tenido tiempo desde entonces para decidir esta actuación, tal y como le reprochó el propio presidente de la Junta de Castilla y León. Pero decidió actuar cuando ya una gran proporción de la ciudadanía la utilizaba de modo responsable.
Pero hay más. En la orden del Ministerio del 10 de enero –de este miércoles pasado– no hay ninguna referencia a qué sucede si la incidencia acumulada volviera a subir. Despacha este peliagudo asunto en un párrafo en la página cuatro que forma parte del primer anexo. En este documento también refleja que «aquellas que a pesar de cumplir ese criterio quieran mantener la obligatoriedad, de acuerdo con el análisis de sus datos, podrán hacerlo durante la vigencia de la declaración de actuaciones coordinadas», y agrega que «tiene el objetivo de reducir la transmisión de estos virus y proteger a las personas con riesgo de complicaciones asociadas a infección que acuden a estos centros o se encuentran hospitalizadas, además de proteger la salud de los trabajadores sanitarios».
Los datos de incidencia de las enfermedades respiratorias agudas correspondientes a la primera semana del año, conocidos el pasado martes, apuntaron a una estabilización al reducir ligeramente los registros de los últimos siete días de 2023. En concreto, de 1.508 casos por cada cien mil habitantes que arrojan el conjunto de estas infecciones respiratorias se ha pasado a 1.477. Aunque la gripe y el Covid-19 sí que aumentaron. La primera subió de 207 casos por cada cien mil habitantes a 230, mientras que el coronavirus-19 pasó de 70 a 79 casos. Hay que esperar al martes para conocer los últimos datos y comprobar la fugacidad de esta medida ‘fija discontinua’.