Los servicios jurídicos de la Junta estudiarán si la orden de las mascarillas "vulnera" competencias autonómicas

Los servicios jurídicos de Castilla y León estudiarán si la normativa del ministerio de Sanidad que impone el uso de las mascarillas en centros sanitarios "vulnera" las competencias autonómicas. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo deja claro que desde el Ejecutivo autonómico siempre defenderán los intereses de la Comunidad. 

El consejero aprovechó la ocasión para criticar la forma en la que el ministerio liderado por Mónica García ha decretado la orden que obliga al uso de las mascarillas. Carriedo calificó de "improvisación" y de "imposición" esta medida que ya está en vigor.

El portavoz autonómico hizo una recomendación a la población para ampliar el uso del cubrebocas. Fernández Carriedo hizo hincapié en aquellos ciudadanos que "presenten síntomas" para evitar la "propagación" de las enfermedades respiratorias e indicó que hay ciudadanos que ya las usan con "naturalidad". De hecho, también lo señaló para aquellos que visiten las residencias dado la especial vulnerabilidad que presentan. "No queremos que esta decisión se limite a llevar solo la mascarilla en los centros sanitarios , donde es obligatorio, sino que también se utilice, por ejemplo, en el autobús para una persona con síntomas, al igual que en las residencias de personas mayores”, apuntó. De la misma manera, recalcó la importancia de "insistir en las vacunaciones". 

La orden también recoge el fomento de medidas higiénicas y asegurar una adecuada ventilación de espacios interiores, al entender que para disminuir la transmisión a nivel poblacional se debe insistir en la importancia de las medidas higiénicas como la etiqueta respiratoria o lavado de manos.

El último aspecto recogido en la orden comunicada de la ministra de Sanidad se refiere a incrementar las tasas de vacunación antigripal y frente al SARS-CoV-2 en la población con indicación vacunal. Fernández Carriedo aseguró que esta vacunación es una medida fundamental para reducir las complicaciones y gravedad de estas infecciones, por lo que la Junta recomienda su administración en todos los grupos de riesgo, especialmente en una temporada de alta incidencia como la que estamos experimentando, informa Ical. 

En el momento actual, la Junta continúa recomendando la vacunación de gripe y COVID-19 a la población que con mayor probabilidad puede tener enfermedad grave tras una infección por virus de la gripe y SARS-CoV-2 (sobre todo, personas de 60 y más años de edad, aquellas que residen en instituciones, embarazadas y aquellas con condiciones de riesgo y sus convivientes), así como a las personas que por su situación laboral se consideran importantes para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad. En este sentido, precisó que la Consejería de Sanidad puso en marcha, de forma novedosa, un sistema de vacunación contra la gripe para los bebés y los niños menores de seis años.