La Fiscalía entierra otra denuncia de Igea contra Gallardo

No ve delito. La Fiscalía Superior de Castilla y León entierra otra denuncia del procurador Francisco Igea contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por un delito de odio y discriminación tras las manifestaciones de Gallardo, en noviembre pasado, delante del balneario de Medina del Campo en Valladolid donde se encontraban realojados en torno a 200 inmigrantes. El fiscal superior de Castilla y León, según detalla el propio Igea en una nota remitida a los medios en la que asegura comparte el auto de la Fiscalía, entiende que las palabras del vicepresidente de la Junta en el balneario de Medina del Campo "no alcanzan la gravedad y relevancia suficiente para imponer una sanción penal", aunque las califica de "reprobables y ofensivas".

No es la primera vez que el Ministerio Público archiva una denuncia de Igea contra Gallardo , ya lo hacía en octubre de 2022 al tumbar la que el procurador interponía contra el número dos de la Junta y líder de VOX en Castilla y León, por lo que consideraba un uso "inadecuado" de logo de la Junta en un vídeo de VOX. Un hecho en el que el fiscal jefe de Castilla y León, Santiago Mena, tampoco veía ilícito penal alguno.

En su nota, remitida a los medios a través de whatsapp,  Igea manifiesta que comparte las palabras del Fiscal Superior de Castilla y León  que califica de "reprobables, ofensivas y desafortunadas" las afirmaciones de Gallardo en las puertas del balneario de Medina del Campo, el pasado 25 de octubre de 2023. Esol sí, señala también el archivo de su denuncia. "En el escrito, Mena entiende que no alcanzan la gravedad y relevancia suficiente para imponer una sanción penal y advierte que 'aún siendo reprobables socialmente las expresiones despectivas y desde luego desafortunadas que se recogen en alguno de los comentarios, su contenido ofensivo no cumple a nuestro juicio el requisito de gravedad que es exigible", detalla el procurador del grupo mixto en las Cortes.

En este punto, y pese al archivo de su denuncia, Igea continúa en su escrito pidiendo que se pronuncie el Comité de Ética Pública,  que asegura aún no lo ha hecho ante el escrito que se registraba el pasado 30 de noviembre de 2023, y por el que solicitaba la reunión de la Comisión de Ética Pública ante una "violación fragante" del Código Ético por parte del vicepresidente del ejecutivo autonómico, ante una violación del artículo sexto del Código Ético y, por tanto, una infracción grave. Y recuerda que el artículo sexto de dicho código exige que, a los altos cargos en actos públicos o privados, "evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios".