El Procurador del Común de Castilla y León urge el pacto con la sanidad vasca suspendido por el adelanto electoral

El texto del convenio estuvo cerrado y se llegó a fijar una fecha para firmarlo: el 29 de diciembre de 2021  los presidentes de Castilla y León y País Vasco se habían citado en Bilbao para rubricar un protocolo de colaboración que permitiría a todos los habitantes de Las Merindades elegir entre Sacyl y el sistema vasco de salud, la Osakidetza, para ser atendidos por el médico especialista. El abrupto adelanto electoral anunciado por Fernández Mañueco nueve días antes de esa cita dio al traste con un acuerdo que esperaban como agua de mayo miles de vecinos de esta comarca del norte de la provincia de Burgos . Han pasado dos años desde entonces y el acuerdo sigue en el aire. El retraso ya no tiene justificación y por eso el Procurador del Común reclama a la Consejería de Sanidad que firme «lo antes posible» este convenio llamado a atender por fin las reivindicaciones de los habitantes Las Merindades para mejorar «la asistencia sanitaria de los residentes» en este territorio limítrofe. 

Y lo hace Tomás Quintana esgrimiendo argumentos jurídicos, como el derecho constitucional de los ciudadanos a la protección de su salud, garantizado también en el Estatuto de Autonomía y en la Ley General de Sanidad, en condiciones de equidad y calidad. Pero su resolución va más allá de razones puramente legales y arguye también motivos sociales y demográficos, consciente de que la falta de unos servicios públicos de calidad supone minar las oportunidades de desarrollo de esos municipios, algo «indispensable» para frenar el abandono en territorios limítrofes tan amenazados por la despoblación.

El pronunciamiento del ‘defensor del pueblo’ da respuesta a una queja que reclamaba la firma de este convenio de colaboración. El retraso por la convocatoria electoral del 23-F provocó «inquietud en los habitantes de esta zona limítrofe», apunta Quintana , «puesto que el traslado hasta los hospitales de referencia, en Miranda de Ebro y Burgos, puede durar hasta tres horas por carreteras sin arcén y sin transporte público, en el caso del Hospital Santiago Apóstol, al margen de que para determinados tratamientos (pacientes trasplantados o litotricias) tengan que hacer desplazamientos de más de 200 kilómetros». 

Preguntada la Consejería de Sanidad por este asunto, el departamento dirigido desde hace dos años por Alejandro Vázquez, explicó al Procurador del Común que «la Junta de Castilla y León, de forma coordinada con el Gobierno del País Vasco, está determinando el clausulado del futuro Convenio intentando resolver las necesidades de los habitantes de las zonas limítrofes entre ambas comunidades» . Y añadió también que el pasado 12 de julio, «se celebró una reunión en Vitoria para avanzar y cerrar las cláusulas» de este convenio. Esta semana, fuentes de la Consejería Sanidad confirmaron a este periódico que, tras ponerse en contacto con Osakidetza, ahora Sacyl está «esperando su respuesta».

La resolución de Quintana reivindica una planificación del servicio público de salud que considere «las especiales circunstancias de los municipios de estas zonas limítrofes para lograr una prestación en términos de equidad». Recuerda que el mantenimiento de unos servicios básicos de calidad constituye «una obligación y un desafío para la Administración autonómica». Y, «de no abordarse debidamente, cercenará el ejercicio de los derechos de los residentes en zonas limítrofes de Castilla y León , así como, indirectamente, las oportunidades de desarrollo de los propios municipios, algo que resulta esencial en Castilla y León teniendo en cuenta la gran extensión territorial de la Comunidad y, por ello, la existencia de amplias zonas periféricas». 

«Resulta indispensable –apostilla el Procurador del Común– la provisión de unos servicios públicos de calidad en estos entornos y mejorar de esta forma las condiciones de vida de esta población , evitando así el riesgo de despoblación de estas áreas y que se produzca el abandono de este territorio por parte de los habitantes de estas zonas o que decidan empadronarse fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para poder acceder a la cartera de servicios sanitarios de la Comunidad más próxima». 

Estas medidas de colaboración «también permiten luchar contra la despoblación del medio rural», resume Quintana, que emplaza a las administraciones de territorios limítrofes a abordar estas colaboraciones porque «comparten elementos tanto geográficos/territoriales, históricos, económicos y culturales» que justifican «programas y proyectos comunes en beneficio de sus habitantes». 

En su resolución, recoge las reivindicaciones de alcaldes de Las Merindades, que explican el vínculo de muchos ciudadanos con Vizcaya, porque la proximidad y la mejoría de las comunicaciones ayudan a que  «las relaciones personales y familiares sean mayores con este territorio». «Los flujos migratorios han creado estas relaciones sociales y permiten que, por ejemplo, en el caso de hospitalizaciones los residentes de esta comarca puedan tener en Vizcaya una red de apoyo y acompañamiento», indica.

Castilla y León y País Vasco firmaron en enero de 2012 un protocolo general de colaboración en zonas limítrofes , aún en vigor, pero el nuevo convenio en asistencia sanitaria permitiría ampliar la colaboración entre ambas administraciones para ampliar las prestaciones. Supondría extender a los más de 24.000 vecinos de la comarca la posibilidad de elegir especialista y hospital a uno u otro lado de la frontera autonómica, incluyendo a los empadronados de Villarcayo y Medina de Pomar. En la actualidad, sólo los 7.000 residentes de Espinosa de los Monteros y Valle de Mena se benefician de esta opción.

«Resulta evidente que la Consejería de Sanidad era y es consciente de esta realidad y de las dificultades a las que se enfrentan los habitantes de esta zona» , sostiene el Procurador para indicar que «urge que se materialice este acuerdo» que lleva años «reivindicándose por los ciudadanos y por los principales ayuntamientos de la comarca, puesto que permitiría a sus habitantes elegir entre la atención especializada y hospitalaria de Sacyl y la de Osakidetza, dada su cercanía geográfica e, incluso, sociológica con Vizcaya». 

La argumentación

Obligación y desafío. «El mantenimiento de unos servicios básicos de calidad constituye una obligación y un desafío para la Administración autonómica». |  Oportunidades de desarrollo. «De no abordarse, cercenará los derechos de los residentes e, indirectamente, las oportunidades de desarrollo de esos municipios». |  Evitar el abandono. «Resulta indispensable mejorar sus condiciones de vida, evitando así el riesgo de despoblación y que se produzca el abandono de este territorio» por parte de los habitantes de estas zonas o que decidan empadronarse fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para poder acceder a la cartera de servicios sanitarios de la Comunidad más próxima».