La Junta urge al Gobierno a escuchar a Bruselas y rebajar la protección del lobo en Castilla y León

Después de que la Unión Europea reconociera este miércoles la necesidad de rebajar el régimen de protección del lobo por el aumento de los ataques al ganado, la Junta de Castilla y León no ha tardado en reaccionar para urgir al Gobierno de España que asuma esta recomendación y la ponga en práctica con la misma agilidad que incluyó al carnívoro en la lista de especies protegidas. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, fue el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien apeló a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera a que si al menos no escucha a las comunidades que lo haga con Europa. «No pasa nada por rectificar o escuchar a las comunidades y a la Unión Europea» , dijo el también consejero de Economía y Hacienda, al mismo tiempo que reclamó recuperar el estatus anterior. 

Carriedo destacó que la Comisión Europea con su planteamiento ha «dado la razón» a la Junta de Castilla y León y consideró que el Gobierno puede modificar el estatus de protección del lobo en España, tras incorporarlo «discrecionalmente» al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021. De esta forma, pidió que sea «sensible» al pronunciamiento de Bruselas que aseguró defiende los intereses del mundo rural, los ganaderos y la conservación de la especie.

Asimismo, el portavoz de la Junta destacó que el Gobierno con su decisión lo que hizo fue «romper» el «equilibrio» existente entre el sector ganadero y la conservación de la especie, una opción que pidió «restaurar». De hecho, Fernández Carriedo sostuvo que el Gobierno «haría bien» en aceptar que las comunidades tenían razón cuando pidieron cambios en el régimen de protección del lobo ya que señaló no lo hicieron por «molestar» sino por el mundo rural, la ganadería y la propia especie. Insistió en que las autonomías, entre ellas Castilla y León, Galicia, Asturias o Cantabria, quieren «colaborar» y dar «ideas», no sólo ser administraciones que se dediquen a «requerir» o «demandar».

Al respecto, el consejero expuso que precisamente si alguien ha sabido gestionar «bien» el lobo, han sido las comunidades autónomas, por mantener el «equilibrio» entre la conservación de la especie y la actividad ganadera. Además, comparó lo sucedido con este asunto con el cambio de posición de Europa, frente al criterio del Gobierno español, en relación a la norma Euro7, que recordó «ponía en riesgo» al sector del automóvil y el empleo , sin que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se alineara con los países productores para lograr una flexibilización. 

Finalmente, el portavoz de la Junta expresó el deseo de recuperar el régimen anterior que tenía el lobo en Castilla y León, donde al norte del río Duero era una especie cinegética, bajo controles de la Administración, que fijaba unos cupos, mientras al sur estaba protegida por una directiva europea que impedía que pudiera ser cazado. Esta regulación cambio con la incorporación del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, una decisión que la Junta ha rechazado y combatido junto a otras comunidades ‘loberas’ como Galicia, Asturias y Cantabria.

Al igual que la Junta, Asaja Castilla y León exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que derogue la orden de septiembre de 2021 de protección al lobo por considerarla «una barbaridad», aprovechando que la Unión Europea ya se ha pronunciado. Así lo puso ayer de manifiesto el presidente de la organización agraria, Donaciano Dujo, en la capital soriana, durante su participación en la entrega de Premios Espiga y Tizón que otorga cada año Asaja Soria, un acto celebrado en el Aula Magna Tirso de Molina y en la que participaron unos 300 socios.

«Exigimos a la ministra Teresa Ribera que derogue la orden de septiembre de 2021 de protección al lobo, al no considerarla como especie cinegética ahora que ya se ha pronunciado la Unión Europea por el estatus que tiene esta especie en nuestro país». En este sentido, aseguró que «nadie lo sabe mejor que nosotros que el lobo no está en peligro de extinción, sino al contrario, porque tiene superpoblación». 

En este sentido, apostilló que «al año el lobo mata en Castilla y León más de 5.000 animales y Europa ha visto cómo se está extendiendo y que, no sólo causa un daño cuantificado en unas indemnizaciones que oscilan entre siete y ocho millones de euros al año, sino que además echa a los ganaderos de las zonas».

No obstante, insistió en que no sólo el lobo crea problemas en la Comunidad: «En Castilla y León se registran más de 12.500 accidentes al año, de los cuales más de 2.000 son en Soria, por la invasión de la cabaña cinegética en las carreteras». Por ello, apuntó a la Junta de Castilla y León a que se constituya un operativo para reducir estos animales, que «evitaría accidentes y enfermedades». Porque aseguró que a estas alturas «Castilla y León no soporta la cantidad de caza mayor que hay por los perjuicios a las personas, al territorio y a la cabaña ganadera». 

El coordinador de Unión de Campesinos (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, por su parte, pidió al Ministerio de Transición Ecológica que «se alinee» con la Comisión Europea en su proposición de rebajar de «especial protección» a «protección» el estatus del lobo, ante la proliferación de ataques a la ganadería, informa Europa Press.

Para el líder de UCCL, la medida europea «es un aviso para navegantes» a fin de que el departamento que dirige Teresa Ribera vaya en la misma línea y rebaje la protección a dicha especie, lo que permitiría volver a realizar un control cinegético, «un control de la población sin tener que dar más explicaciones, solo poniendo sobre la mesa los ataques en determinados territorios».

González Palacín puso como ejemplo Noruega, país que ha decido acabar con el 80% de los lobos al considerar mucho más interesante desde el punto de vista medioambiental la ganadería extensiva que la población de lobos.

«El lobo no está en peligro de extinción. En Europa hay más de 20.000 lobos y están en expansión debido a esa hiperprotección de los últimos tiempos», recordó González Palacín, quien insiste en la necesidad de poner sobre la mesa el valor medioambiental de la ganadería extensiva, sin olvidar que el lobo cumple su función en la cadena trófica, que es una especie a conservar pero sin que ello ponga en peligro la actividad ganadera.

Como ejemplo de los negativos efectos de esa hiperprotección de lobo citó las 30.000 hectáreas que se quemaron en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, en un escenario donde solo había 28 ganaderos. «Eso es un desierto demográfico, allí no hay ganadería, y luego pasa lo que pasa», advirtió.

En la misma que Fernández Carriedo, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, confió en que el Gobierno central acoja «con la misma alegría» que la Junta la recomendación de la Comisión Europea para rebajar la protección del lobo en el Lespre en la zona norte del Duero.

Dueñas comentó que es una «buena noticia» para los ganaderos de la Comunidad, siempre que el Ministerio lo aplique, para que estos profesionales «tengan capacidad de poder defenderse un poco más ante el lobo». «Nuestro trabajo ya está todo hecho y ahora la decisión está en el tejado del Ministerio», sentenció.

«AROMA ELECTORALISTA»

Con un punto de vista algo diferente se mostró el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, quien mantuvo ayer que el Gobierno de España debe revisar el régimen de protección del lobo si Europa y el Convenio de Berna terminan adoptando una decisión en ese sentido que rebaje el estatus de la especie de «estrictamente protegida» a sólo «protegida». No obstante defendió que, a su juicio, la decisión de este miércoles de la Comisión Europea tiene un «poco de aroma electoralista», con la vista puesta en los comicios de 2024, ya que aseguró parece que ya está en «campaña».

En la tradicional recepción a la prensa del PSCyL, que se celebró en un hotel de Valladolid, Luis Tudanca aseguró que la defensa de los intereses del sector ganadero debe ser «compatible» con la protección de especies en peligro de extinción. Además, aseguró que el último pronunciamiento de la Comisión indica que el Gobierno de España «tenía razón», porque a su juicio se demuestra que no era un «capricho ideológico», sino que se basaba en criterios científicos de la Unión Europa.

Por ello, el dirigente socialista señaló que si se revisan y se cambian en el conjunto de Europa, también deben revisarse «aquí». No obstante, precisó que para ello será necesario que dentro de un año se aborde este cambio sobre el lobo en el Convenio de Berna y que se apruebe, algo que recordó no se producirá con que un sólo país se oponga, informa Ical.

En ese sentido, Luis Tudanca acusó a la Junta de «mentir» y de haber tomado como «rehenes» a los ganaderos para utilizarlos como «ariete» conta el Gobierno de España. Además, recodó que el Ejecutivo autonómico tiene desde hace un año nueve millones de euros destinados por el Gobierno para cubrir las indemnizaciones por daños en la cabaña ganadera y adoptar medidas preventivas. Sin embargo, indicó que tienen guardado el dinero en el «cajón», como a su juicio hizo con las ayudas del alquiler o las de fomento del autoconsumo, con 20.000 familias afectadas.