UGT califica de "nefasta" la gestión de los bomberos del presidente de la Diputación de Salamanca
El sindicato recuerda que “desde hace tiempo” viene advirtiendo de las “complicaciones” que podía tener para Javier Iglesias la negativa a profesionalizar este área
Javier Iglesias, en una imagen de archivo. -ICAL
UGT Servicios Públicos señaló este jueves que la denuncia presentada por la Fiscalía de Salamanca, y que sigue su curso judicial, contra el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias , investigado por prestar servicios con personal voluntario demuestra la “nefasta gestión” que en las últimas décadas ha realizado la institución provincial con los bomberos de la provincia.
El sindicato señaló, además, que “desde hace tiempo” viene advirtiendo de las “complicaciones” que podía tener para Iglesias la negativa a profesionalizar este área. Es más, recordó que el pasado mes de junio ya se reveló la “grave situación” del Servicio de Bomberos de la Diputación de Salamanca , con una plantilla “insuficiente e incompleta” y que requería a los profesionales de nuevo ingreso una formación “mediocre e incompleta”, informa Ical.
A pesar de estas advertencias, el actual equipo de Gobierno de la Diputación Provincial mantuvo su “gestión nefasta” del Servicio de Bomberos , como ahora se expresa a través de una denuncia presentada por la Fiscalía de Salamanca, después de que la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León presentara un escrito ante ese órgano judicial advirtiendo de los trabajos realizados por voluntarios y empresas privadas.
No es la primera vez que este sindicato exige la contratación de Bomberos profesionales funcionarios públicos incorporándolos a su plantilla de empleo en un número “suficiente” para poder atender el servicio de manera “eficiente” y con unas remuneraciones salariales “adecuadas” , sin atrasos e impagos de complementos y servicios extraordinarios trabajados, entre otras cuestiones.
En último término, el sindicato insistió en la necesidad de evitar la externalización de los trabajos profesionales de extinción de incendios realizados mediante gestión indirecta por voluntarios y empresas privadas contratados por la Diputación, contraviniendo así las sentencias judiciales dictadas en contra de la institución provincial por hacer uso de esos servicios externos.