Mañueco afirma que Europa da la razón Castilla y León con el lobo y deja en evidencia a Teresa Ribera

La respuesta de la la Junta de Castilla y León tras la decisión de Europa de rebajar la proteccion del lobo no se hacía esperar. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mostraba su satisfacción por la decisión de la Comisión Europa de rebajar la protección al lobo y asegura que con esta decisión Europa da la razón a la Junta en la gestión del lobo y pone en evidencia a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera , y su orden ministerial que priva a las comunidades autónomas de esta gestión.

Además, a través de su cuenta de X, antes twitter, Mañueco reclama al Gobierno que derogue de forma inmediata esa orden y “cesen los ataques del Gobierno de Sánchez a nuestra tierra. Con la decisión de la Comisión Europea gana el medio rural de Castilla y León, el sector ganadero y la propia conservación del lobo”.El consejero de Medio Ambiente considera la decisión de Bruselas un "golpe terrible de efecto" sobre las posición del Ejecutivo central.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez-Quiñones, se sumaba a la petición del presidente de la Junta de de soilicitar a Teresa Ribera, que derogue "de inmediato" la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) para no apartarse e ir 2en sentido contrario" de la Comisión Europea que propone catalogar a la especie como protegida, y no como estrictamente protegida.

En los pasillos de las Cortes, según Ical, tras la celebración del pleno, el titular de Medio Ambiente se pronunciaba con "prudencia" sobre lo que consideró una "gran noticia" para Castilla y León y para la conservación del lobo, la ganadería y el medio rural. Además, consideró que finalmente Europa da la razón a la Junta de Castilla y León frente a la decisión "ideológica" de extender la protección que regía al sur del Duero a la zona norte, impidiendo que pueda ser cazado.

Al respecto, el consejero destacaba el trabajo realizado por la Comunidad, junto a Asturias, Galicia y Cantabria , así como al pronunciamiento del Parlamento Europeo en 2022 en el que reconocía preocupación por los daños que producía el lobo y el oso en algunos territorios. A esto, indicó, se unió la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, quien se comprometió este año a trabajar en esta materia y ordenó que se estudiasen soluciones.

Ahora, insistía Suárez-Quiñones sobre un extremo que se tiene que "confirmar", Bruselas decide que la protección del lobo tiene que cambiar, lo que de aplicarse en España supondría dejar sin efecto la inclusión del animal en el catálogo de especies protegidas y recuperar la gestión que se aplicaba en el norte del Duero hasta entonces, para extenderla también al sur, donde no se podían cazar.

"Europa ha dicho que el régimen que había al norte del Duero, que era un régimen de protección simple, es el que tiene que haber en toda Europa" , explica el consejero, quien añadió: “Es un golpe terrible de efecto a favor de la tesis que ha mantenido la Junta”, dice y señala que el Gobierno queda "absolutamente en evidencia" por haber aplicado una orden por "razones ideológicas".

Al respecto, el titular de Medio Ambiente insistió en que la decisión europea es que cambie el rango jurídico de protección del lobo en Europa y para ser de "simple protección", que señala es el que se aplicaba en Castilla y León , si bien reconoce que los estados pueden incrementarla. Por ello, considera que no tendría "ningún sentido", salvo el "ideológico", "ir en contra del medio rural" puesto que señaló Europa mantiene la “máxima intensidad” en las políticas de conservación de las especies.

Finalmente, Suárez-Quiñones aseguró que la Comisión avala la posición de la Junta, que defendía un estado "favorable" del lobo en la Comunidad, y expresa su satisfacción por la decisión de la Comisión ya que consideró que es un "éxito" del medio rural y de los ganaderos que denunció estaban "abandonando sus explotaciones" al no poder gestionarlas por los “daños constantes” que indicó se habían incrementado y que hacían la situación "insostenible".