El Común pide a las diputaciones de Castilla y León que ayuden a los pueblos a reformar casas para atraer vecinos

Las casas de los maestros, de los médicos o de los secretarios que en otros tiempos ocupaban quienes ejercían estas profesiones en los pueblos han quedado, en muchos casos, en el olvido . Igual que las viviendas o los solares cedidos o donados a los ayuntamientos. El tiempo y el abandono han ido haciendo mella en estas propiedades que no encontraban moradores en las décadas que siguieron al éxodo rural del siglo pasado y, ahora que hay gente interesada en asentarse en el mundo rural, esas viviendas vacías de titularidad municipal no están en el mercado, reflexiona el Procurador del Común.

No forman parte de la oferta inmobiliaria porque se encuentran en un «deficiente estado de conservación» y, por tanto, no reúnen las condiciones necesarias para ser habitadas. El problema es que en las ‘huchas’ de los ayuntamientos no suele haber recursos económicos suficientes como para rehabilitarlas y, sin esa necesaria reforma, no pueden venderlas ni alquilarlas.

Conscientes de esta encrucijada y, teniendo también en cuenta que los pequeños consistorios pueden necesitar apoyo para llamar a la puerta de otras administraciones supramunicipales en busca de subvenciones, la institución que preside Tomás Quintana ha pedido a las diputaciones provinciales que ayude a los municipios y entidades locales a tramitar subvenciones relacionadas con la rehabilitación de viviendas, sobre todo la puesta en marcha por la Junta de Castilla y León en marzo de este año. 

En concreto, el Defensor del Pueblo se refiere a una orden por la que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha convocado subvenciones destinadas a financiar proyectos para la dinamización demográfica en la Comunidad gracias al Fondo de Cohesión de la Unión Europea, en que la que precisamente puede tener encaje el acondicionamiento de propiedades municipales que ahora mismo están desocupadas y en mal estado de conservación. 

 El Defensor del Pueblo considera que esta convocatoria es una oportunidad para afrontar proyectos que los ayuntamientos quizá no podrían financiar con sus propios recursos, pero pide a las diputaciones que les ayuden con los trámites o que sean ellas mismas las que participen como beneficiarias, para que después puedan impulsar actuaciones dentro de sus territorios. 

El objetivo es que los pueblos no pierdan la oportunidad d e «facilitar el acceso a la vivienda y, con ello, de incorporar otro instrumento a la lucha contra la despoblación» , ensalza la resolución del Procurador después de insistir en la necesidad de que las instituciones provinciales presten «la asistencia específica y el soporte necesario para la tramitación del procedimiento administrativo» y la «gestión» en la presentación de solicitudes. 

Y es que, recuerda el Defensor del Pueblo, la «dificultad de los ciudadanos par acceder a una vivienda» se ha convertido en un «problema relevante» que ahonda en el «declive demográfico del medio rural». Sin oferta inmobiliaria, el asentamiento de la población en el medio rural se torna complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que «más de la mitad» de los 2.248 municipios de Castilla y León «no alcanzan los 200 habitantes» , según detalla el expediente con datos del INE del año 2022 Censo de Población y Viviendas.  

«La oferta inmobiliaria real de viviendas en los municipios rurales de la Comunidad, tanto en alquiler como en venta, y ello no tanto por la falta de viviendas que se hallan desocupadas, sino porque aun estando sus titulares en disposición de enajenarlas o alquilarlas en muchos casos, lo cierto es que generalmente el estado de las mismas no resulta adecuado para ser ocupadas, debido en gran medida al estado de deterioro e, incluso, casi abandono en el que se hallan después de años sin haber sido habitadas», considera la resolución, tramitada de oficio después de varias quejas ciudadanas relacionadas con este problema. 

La institución capitaneada por Quintana pone el acento en que la pandemia ha puesto en evidencia que «muchas personas podrían estar dispuestas a realizar un cambio en la forma de vida y de sus hábitos sociales», después de que hayan «apreciado las bondades de la vida en los municipios rurales» si pasaron allí el confinamiento, y también hay muchas personas que quisieran disponer de una segunda residencia porque es «una aspiración muy sentida», pero no pueden. 

Por otra parte, el Procurador valora que las nuevas tecnologías facilitan el desempeño de determinadas actividades profesionales «debido a las mejores comunicaciones que hoy existen» y también permiten, por ejemplo, teletrabajar. Gracias a ellas podría haber más gente dispuesta a cambiar su lugar de residencia pero, sin un techo, las posibilidades se esfuman. 

Quizá es más complicado dar solución a los inmuebles privados, esos en los que figuran varios dueños porque lo heredaron y nunca llegan a un acuerdo sobre qué hacer con él, traspasando el problema de generación en generación. O esos en los que los propietarios piden precios desorbitados pero el valor sentimental no coincide con el de mercado y no encuentran comprador. Así, la solución más ‘sencilla’ al problema de la falta de vivienda puede pasar por el impulso al acondicionamiento de bienes municipales . 

Es cierto que ya hay fórmulas en marcha, como el programa Rehabitare que desde hace años desarrolla la Junta de Castilla y León en colaboración con las diputaciones para financiar la reforma de viviendas públicas en entornos rurales con el fin de arrendarlas bajo la fórmula del alquiler social, cuando se trata de enclaves que no superan la barrera de los 5.000 habitantes. 

Pero, a tenor de la reciente resolución emitida por el Procurador del Común, Rehabitare no es suficiente y todavía se contabilizan muchos inmuebles en «deficiente» estado que «ya no tienen interés» para los ayuntamientos y que, incluso, pueden «convertirse en una carga», ya que están obligados a conservarlos, puesto que se trata de patrimonio público, pero no disponen de medios para ello.

 En este sentido, el Común no sólo insta a las diputaciones a echar una mano a los consistorios en la solicitud de la mencionada subvención –de la Orden 320/2023, de 9 de marzo de 2023, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio–,  sino que también las pide que les trasladen un «recordatorio» sobre su «deber urbanístico de conservación de los inmuebles de titularidad municipal en las condiciones legales de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad». 

«EL PRINCIPAL PROBLEMA ES  EL FINANCIERO» 

«El principal problema que siguen encontrando los ayuntamientos es el financiero, a pesar del esfuerzo de la Junta para financiar las rehabilitaciones», explican fuentes de la institución provincial zamorana porque, añaden, «en muchos casos los municipios no disponen de liquidez para afrontar esos gastos». Y más ahora, «teniendo en cuenta la gran subida del coste de los materiales de la construcción».

Son conscientes, por tanto, de que los pueblos no tienen recursos para afrontar las obras de acondicionamiento de bienes públicos con el objetivo de atraer nuevos moradores, ni los programas que ya hay en marcha son suficientes para abarcar todas las reformas que se necesitarían. En todo caso, otras diputaciones consultadas, como la de Palencia, recuerdan que tienen servicios de asesoramiento para ayudar a los ayuntamientos con los trámites que demandan, como los relacionados con la solicitud de ayudas.