Cómo pedir la renovación de las ayudas del alquiler en Castilla y León

Los beneficiarios de las ayudas al alquiler de viviendas de 2022, un total de 14.277, pueden solicitar desde el próximo viernes, 1 de diciembre, la renovación prevista en la nueva convocatoria de este año, para lo que tendrán tan solo que aportar un formulario rellenado y los recibos bancarios de los pagos efectuados. En el caso de los que opten por primera vez o no la hubieran recibido por no cumplir las condiciones, tendrán que seguir el procedimiento habitual.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio informaron de que ya se habían abonado “en su totalidad” las ayudas de la convocatoria de 2022 , con un montante de 29,35 millones de euros. Éstas se resolvieron a finales de octubre, en medio de polémica y tras completarse diferentes fases en las que los solicitantes presentarán la documentación pendiente, una vez que se revisaron 24.721 peticiones, un 14,65% más que en 2021, informa Ical.

Desde diciembre, la maquinaria de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo se prepara para recibir de nuevo un aluvión de solicitudes, si bien la convocatoria de 2023, llega con novedades en su tramitación, con el objetivo de simplificar el procedimiento para los posibles beneficiarios, de acuerdo al extracto publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 23 de octubre.

La principal novedad de la convocatoria es que los que resultaron beneficiarios (14.277) en la convocatoria de 2022, deberán aportar un nuevo modelo denominado Renovación y no tendrán que presentar nada más salvo los recibos bancarios de 2023 (y un anexo si conviven personas mayores de 14 años). En el caso de que haya cambios en algún dato con respecto a la pasada edición, tendrán que enviar un nuevo anexo denominado variación de datos y que se ha incluido en el modelo de renovación.

En cuanto a los que no resultaron beneficiarios por cualquiera de los motivos establecidos en la convocatoria pasada y para los que no hayan presentado solicitud en 2022 se reserva el modelo de solicitud habitual. El plazo, que comienza el próximo viernes, se cierra el 15 de enero de 2024, cuando comenzará la revisión de los expedientes para su resolución en los siguientes meses, si bien el periodo establecido en la convocatoria para hacerlo son seis meses.

La Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones contempla un presupuesto de 19,72 millones para la convocatoria de 2023, de los que 630.045 euros se reservan para las solicitudes de personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. No obstante, este departamento contempla la posibilidad de incrementar la cuantía total en otros 14 millones, lo que no requerirá una nueva convocatoria, pero dependerá de la declaración de disponibilidad del crédito. Con ello, el importe total ascendería a 33,72 millones, lo que supone 4,36 millones más que en 2022.

De nuevo, estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo facilitar el acceso a viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso a sectores de la población con recursos económicos limitados. Los beneficiarios podrán ser personas físicas mayores de edad, que sean titulares de un contrato de alquiler, de cesión de uso o de arrendamiento de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente.

Además, en cuanto a renta, es necesario que el total de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a tres veces el IPREM (23.725,80 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (3.954,30 euros). El límite máximo se incrementa hasta cuatro veces el IPREM (31.634,40 euros) para familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo o hasta cinco veces (39.543,00 euros) para familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

En la convocatoria de 2022, se incluyó por primera vez el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, siempre que su importe no supere los 150 euros si se ubica en un municipio del medio rural y 200 euros en el resto.