León y Zamora ostentan las cifras más bajas de cotizantes por jubilado

Mantener el equilibrio entre el número de afiliados a la Seguridad Social y el número de pensionistas para que haya una ratio adecuada entre quienes están cotizando y quienes ya no están dentro del mercado laboral se torna complicado en algunos territorios, donde apenas hay diferencia entre ambas cifras cuando, para garantizar que la ‘hucha de las pensiones’ siga con fondos suficientes, es evidente que se necesitan más trabajadores que jubilados. León y Zamora están en la cuerda floja .    

En la relación de provincias españolas con una peor proporción entre los afiliados y los pensionistas, los dos citados ejemplos de Castilla y León se sitúan en la parte alta del listado, con 1,34 cotizantes por cada beneficiario de una pensión en el caso de León y 1,39 en el caso de Zamora . 

La tasa no hace sino evidenciar la falta de población y el envejecimiento que sufre la Comunidad, teniendo en cuenta que Ávila, Palencia y Salamanca también están en el ‘top ten’ de demarcaciones con una ratio más baja del país al comparar las dos variables. 

«Para que el sistema sea sostenible, la ratio debería estar en 2,5 . Ahora bien, como mínimo debería haber dos trabajadores por cada pensionista», recordó el ex consejero de Empleo y ex presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), Germán Barrios . Sin embargo, seis de las nueve provincias autonómicas no llegan a la barrera del dos pues, además de las ya mencionadas, tampoco en Burgos se alcanza. 

Únicamente Segovia, Soria y Valladolid –en este orden– superan ese mínimo necesario para que exista un equilibrio en la ‘hucha de las pensiones’, pero el resto están provocando un «agujero al sistema», ya que «no hay tantos cotizantes como pensiones hay que pagar» , añadió Barrios. Así, aunque el escenario óptimo sería llenar ese depósito gracias a la masa laboral y poder también engordar los Presupuestos Generales del Estado, lo cierto es que la situación empuja a que haya que recurrir a los Presupuestos para poder pagar las prestaciones.

La única manera de revertir esta fotografía, apuntó el ex responsable de Economía, se centra en «crear una base económica y social» , asentada en primer lugar en la mejora de las infraestructuras y, después, en el impulso a la industria , sobre todo en las provincias de la franja oeste autonómica. 

En todo caso, el problema no es exclusivo de la Comunidad. De hecho, los puestos de oro y de plata no se refieren a provincias que se encuentren en Castilla y León, sino en la vecina Galicia, pues son Ourense y Lugo las que presentan indicadores más bajos , con 1,13 afiliados por pensionista y 1,31, respectivamente, según se desprende de recientes datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con la referencia de cotizantes actualizada a 29 de septiembre, y la de pensionistas en alta con fecha a 1 de octubre de este año.

Dentro de Castilla y León, Segovia es la que está en una mejor situación , pues la proporción es de 2,1 contribuyentes por cada persona retirada del mercado laboral pero, aún así, la referencia está por debajo de la media del país, que se sitúa en 2,28. Soria, con 2,05 y Valladolid , con 2,01 también superan la barrera de dos ciudadanos activos por cada uno que ya no lo está, aunque también se trata de una ratio inferior a la nacional. Todas las provincias de la autonomía están por debajo del dato nacional.

El análisis por comunidades refleja que la media de Castilla y León se sitúa en 1,7, el tercer peor dato por detrás de Asturias (1,4) y de Galicia (1,56) . En términos absolutos supone que en la autonomía hay 970.191 afiliados frente a 570.487 pensionistas. En esta cifra hay que tener en cuenta que se incluyen, en orden de importancia, los que tienen una jubilación, una jubilación procedente de una incapacidad, las incapacidades permanentes, casos de viudedad, orfandad y favor de familiares. 

Teniendo en cuenta que la proporción nacional es de 2,28 –pues hay 20.800.895 afiliados y 9.131.829 pensionistas –, el dato por comunidades revela que Castilla y León está muy alejado, si bien Cantabria, Extremadura, País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Aragón, Andalucía, y Comunidad Valenciana también están por debajo del indicador del país. 

Por el contrario, destaca la situación en Islas Baleares , donde hay 3,36 personas en activo por cada ciudadano fuera del mercado laboral, al contabilizar 613.183 afiliados y 182.336 pensionistas. También Madrid eleva la media nacional, con una proporción de 3,17, seguido de Murcia (2,72), Canarias (2,69), Cataluña (2,38) y Navarra (2,34), que también están por encima de la tasa media. 

Según las últimas tablas publicadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social referidas a la evolución de las pensiones, todas las comunidades experimentaron un incremento de pensionistas en el último mes, con una subida del 0,1% en Castilla y León que coincide con la variación anotada en el conjunto del país. En la práctica, supone que en la autonomía se sumaron 438 pensionistas en octubre , respecto a los que había inscritos en septiembre. Con el foco puesto en las provincias de la región, sólo León y Zamora aparecen con el símbolo negativo , si bien apenas restaron siete y cinco, respectivamente. 

En cuanto a la evolución del último año, ahora hay 4.878 pensionistas más en Castilla y León que en octubre de 2022 , lo que se traduce en una subida del 0,9%, mientras que a nivel nacional el incremento se concreta en un 1,2%. En este caso, sólo Zamora está en negativo, pero la diferencia tampoco resulta significativa. 

Los indicadores revelan también que los pensionistas se han incrementado un 3,9% en la última década (10,2% en España), y un 7,3% en los últimos quince años (19% en España), lo que evidencia, como ya se ha mencionado con anterioridad, un envejecimiento de la población, fruto de una reducción de los nacimientos y de un aumento de la esperanza de vida. Baste comprobar que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida al nacer es de 83,9 años en Castilla y León –la última referencia es de 2021–, y hace tres lustros era de 81,9. 

Así que el número de pensionistas es cada vez mayor y cobra su pensión durante más tiempo , lo que dificulta un escenario con una cifra suficiente de trabajadores para mantener la ratio entre cotizantes y pensionistas, teniendo en cuenta ese menor número de nacimientos. Según el INE, en quince años los alumbramientos se han desplomado un 30% a nivel nacional y un 33,8% a nivel autonómico.

Teniendo en cuenta que en Castilla y León los últimos datos de población reflejan un total de 2.385.223 habitantes y que el cómputo de pensionistas asciende a 570.487, se desprende que el 24% de los residentes en la Comunidad ya no están dentro del mercado laboral, pero cobran una paga . Esto supone que prácticamente uno de cada cuatro castellanos y leoneses están jubilados (o perciben algún otro tipo de pensión, si bien la jubilación es la más habitual).

Dentro del conjunto de España, esos 570.487 pensionistas de Castilla y León –265.339 mujeres y 305.148 hombres– representan el 6,24% de los 9.131.829 contabilizados en el total del país.  

La cuantía media que perciben los pensionistas de la Comunidad, según los datos de aquellos en alta a 1 de octubre de este año, se cifra en 1.302,79 euros, en sintonía con los 1.322,33 euros de importe medio en el país. País Vasco, con 1.640,44; Asturias, con 1.551,65; Madrid, con 1.519,43; y Navarra, con 1.501,30, son los que más perciben. 

Más allá de la media de dinero que ingresan a final de mes, las estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social reflejan que el 52,9% de los pensionistas de Castilla y León cobran un importe inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente , el 41,9% se engloba entre ese Salario Mínimo y la pensión máxima, y el 5,1% cobra la pensión máxima y superior. En España la proporción es del 51,4%, el 43,3% y el 5,3%, respectivamente. 

En cuanto a la edad de los pensionistas, los perceptores de la Comunidad son los más mayores de España, con una media de 73,6 años , casi dos puntos por encima de la referencia del país, que se sitúa en 71,8 años. Las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta registran los indicadores más bajos, con 65,5 años en el primer caso y 67,1 en el segundo, seguidos de Canarias, con 69,5. El resto de autonomías están por encima de los 70.