El TSJ rechaza el acuerdo del PSOE con Puigdemont por "quiebra de la separación de poderes”
La Sala de Gobierno emite un comunicado en el que critica que se someta a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales, con "rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’"
Sede del TSJ. - EUROPA PRESS
El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL, a propuesta de su presidente, José Luis Concepción , rechazó este martes el acuerdo suscrito entre PSOE y Junts, para la investidura de Pedro Sánchez , por contar con “expresiones” que traslucen “alguna desconfianza” hacia el Poder Judicial.
El TSJCyL acuerda suscribir el comunicado emitido por las cuatro asociaciones judiciales, del siguiente tenor literal: “Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias”, según trasladó en un comunicado recogido por Ical.
El texto del acuerdo alcanzado, prosiguió el TSJCyL, contiene “explícitas referencias” a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, “con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas” .
Ello podría suponer, “en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes” .
En este sentido, el TSJCyL aseguró que los jueces han de estar sometidos “únicamente” al imperio de la Ley , puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo que calificó estas expresiones, “en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”. “Es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, sentenció.