La Iglesia sólo reconoce 40 víctimas de abusos sexuales en Castilla y León

Los abusos sexuales a menores son la principal mancha que ensombrece la historia moderna de la Iglesia católica como consecuencia de las miles de víctimas que a lo largo de los años han salido a la luz, muchas de ellas a pesar de los esfuerzos de algunas autoridades eclesiásticas por ocultar tan deleznables delitos. En España, un informe reciente elaborado por el Defensor del Pueblo ha vuelto a poner el foco sobre esta cuestión por las cifras escalofriantes que revela y que en el caso de Castilla y León no lo son menos. Además, contrastan con los datos mucho más reducidos ofrecidos por las distintas diócesis, que solo reconocen 40 de las al menos 84 víctimas registradas en la Comunidad .

Lo primero a tener en cuenta del mencionado informe es que la lista que ubica los lugares en los que se produjeron abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia hace referencia a eso, a localizaciones, lo que significa que en algunas de ellas pudo tener lugar más de uno agresión. El propio anexo al informe señala que «cada localización no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima . De igual modo, aunque sea excepcional, un agresor puede haber generado distintas localizaciones al actuar en sitios diferentes con víctimas sucesivas».

A partir de ahí, Salamanca, León y Valladolid figuran como las provincias en las que más lugares hay en los que se produjeron abusos , y entre las tres acaparan más de la mitad. En el caso del territorio salmantino son hasta veinte las ubicaciones que el Defensor del Pueblo incluye en su informe y, al igual que en el resto, no se limitan solo a la capital sino que se extienden por varios municipios. En las provincias leonesa y vallisoletana, por su parte, aparecen catorce lugares en los que se produjeron agresiones de este tipo.

Frente a estos datos que encabezan la tabla autonómica, Burgos se sitúa con doce localizaciones; Zamora , con nueve; Palencia , con siete; Ávila y Segovia , con tres en cada caso; y Soria cierra la lista con dos.

El informe del Defensor se extiende a lo largo de más de 750 páginas, a las que hay que sumar un anexo donde, precisamente, aparecen algunos detalles de las localizaciones mencionadas. Así, se puede ver como una buena parte de los abusos sexuales perpetrados por religiosos se produjeron en las instalaciones de colegios o seminarios , lugares en los que los niños y adolescentes  quedaban a su cargo. De hecho, estas instalaciones copan más de la mitad de la lista elaborada por la institución que encabeza Ángel Gabilondo . No obstante, esto no evita que también se produjeran agresiones en parroquias, e incluso en domicilios particulares , lo que acentúa aún más lo escalofriante de esta situación.

Asimismo, y a pesar de que se ha avanzado a la hora de sacar a la luz estos casos después de muchos años marcados por la ocultación y el oscurantismo, no todas las instituciones religiosas han sido igual de transparentes. Como el propio Defensor del Pueblo advierte, «algunas congregaciones muy relevantes, como Jesuitas o Maristas, solo han referido la comunidad autónoma, y algunos obispados y arzobispados tampoco han localizado el lugar de los abusos» , lo que ha impedido que se incluyan en el listado. 

En el caso de Ávila, las tres ubicaciones que figuran en el informe son tanto la catedral de la capital como dos seminarios de la localidad de Arévalo, el Corazonista y el Menor Don Bosco . En Burgos, por su parte, se tiene constancia de dos colegios sin identificar, así como La Salle , el Padre Manjón o el Santo Tomás , la parroquia San Pedro y San Felices y el Seminario Menor San José . También se sabe de al menos un abuso sexual en la Ermita de la Virgen de las Viñas de Aranda de Duero, así como en el Noviciado Redentorista en el Monasterio de El Espino de Santa Gadea del Cid. En la provincia burgalesa se incluyen también tres parroquias sin concretar en Iglesias y en otros dos pueblos, uno de la zona norte y otro de la zona sur. 

Ya sobre territorio leonés, en la capital el Defensor del Pueblo desvela abusos en la Ciudad Residencial Infantil San Cayetano , en el Colegio Huérfanos Ferroviarios y en el Colegio Jesuita Sagrado Corazón . También lo hace en el de La Filial Virgen Blanca de León, en el Marista San José, en el de Nuestra Madre del Buen Consejo y en el San Francisco. Finalmente, cierra la lista en la ciudad la parroquia de San Marcelo . En la provincia, por su parte, aparecen el colegio Espíritu Santo de Ponferrada, el Juan XXIII de Astorga, la parroquia Santa María de Palacios de la Valduerna, el Seminario Menor San José de La Bañeza y dos domicilios particulares en Carrizo de la Ribera y Villarejo de Órbigo.

En Palencia, la mayor parte de los abusos identificados se produjeron en municipios distintos a la capital, ya que allí solo se contabilizan tres: en la catedral de San Antolín , en el colegio La Salle y en el colegio Marista Castilla . También figuran en el informe agresiones en el colegio Apostólico Don Orione de Frómista, en el colegio Marista Villa María y en el Seminario Sagrado Corazón de Venta de Baños y en el Seminario Diocesano de Carrión de los Condes.

En Salamanca, la mayor parte de la lista la ocupan instituciones religiosas de la capital como el Club Social Kotska Residencia Jesuita y los colegios Padres Trinitarios, Salesiano y San Jerónimo . Figuran también las parroquias de Santa Teresa, la de El Milagro de San José y la de San Julián, así como la residencia Juniorado Jesuita, el seminario de La Salle, el seminario de los Padres Redentoristas, el seminario Mayor Diocesano y dos domicilios particulares. En otras partes de la provincia, por su parte, tuvieron lugar abusos en el Aspirantado de La Salle de Tejares, en el colegio seminario San Jerónimo de Alba de Tormes, en parroquias de Espeja y Peñaranda de Bracamonte y en la de Asunción de Nuestra Señora de Guijuelo, así como en el seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo y en un domicilio particular de Sequeros.

En Segovia, los abusos que figuran en el informe del Defensor del Pueblo se localizan en el c olegio Claret , el colegio Jesuita y la parroquia Santiuste de San Juan Bautista , todos ellos en la capital. En Soria, por su parte, hay constancia de agresiones en el colegio Salesiano de El Royo y en el Colegio Rural Agrupado de Arcos de Jalón .

De las catorce localizaciones de las que se tiene constancia en Valladolid, solo dos se encuentran fuera de la capital, como son el Juniorado Mayor Hispanoamericano Marista de Peñafiel y la parroquia Asunción de Nuestra Señora en Villanubla . A estos lugares se suman hasta siete colegios, el de los Agustinos Recoletos, el Dominico de Arcas Reales, el Dominico de Nuestra Señora del Rosario, La Salle, Marianistas Nuestra Señora del Pilar, Marista Huerta del Rey y Marista La Inmaculada. Completan la lista el convento de San Gregorio, el hospicio provincial, la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, el Seminario Mayor y un piso de convivencia.

Finalmente, en lo que respecta a la provincia de Zamora, la localizaciones de abusos en la capital que figuran en el informe son el colegio Corazón de María , el Oratorio Salesiano de la Universidad Laboral , el seminario Diocesano San Atiliano y la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes . En la provincia aparecen el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria y una parroquia de esta misma localidad, el seminario Diocesano y una parroquia de Toro y la parroquia de Vigo de Sanabria.

Salamanca registra 20 localizaciones pero la diócesis solo informa de 3 víctimas

Una de las cuestiones más llamativas que pone de manifiesto el informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia es la enorme diferencia que existe entre los datos recopilados por la institución que dirige Ángel Gabilondo y los ofrecidos por las diócesis y las congregaciones religiosas, que siempre están por debajo. Sin embargo, en algunos casos la disonancia de las cifras es clamorosa, como en Salamanca, que sirve de ejemplo tanto en Castilla y León como en el conjunto de España.

En esta provincia, el Defensor refiere 20 localizaciones en las que se produjeron abusos, lo que significa que, como mínimo, debería haber el mismo número de víctimas. No obstante, la información proporcionada por la diócesis salmantina a Gabilondo solo reconoce tres. Es cierto que a ellas se deben sumar también otras cuatro confirmadas por la diócesis de Ciudad Rodrigo, si bien estas siete totales todavía se quedan muy lejos de la cifra alcanzada por el Defensor.

En cualquier caso, esta situación se repite en la inmensa mayoría de las provincias de Castilla y León, con la única y sorprendente excepción de Soria. Allí, la diócesis de Osma-Soria informa de tres víctimas, si bien en la lista de localizaciones del informe solo figuran dos, en El Royo y en Arcos de Jalón.

De «cero» a 84 víctimas

El informe sobre los abusos sexuales elaborado por el Defensor del Pueblo expone la magnitud de una realidad que nunca se ha podido conocer al completo, ni siquiera ahora. Los esfuerzos de las instituciones religiosas por ocultar estos hechos no son ningún secreto, a pesar de que en los últimos años se ha podido apreciar cierto aperturismo a la hora de desvelar este tipo de casos.

Aún con todo, las cifras desveladas por la Iglesia distan mucho de las recopiladas en el informe del Defensor, que de hecho deja en evidencia a algunos de los más altos cargos de la institución. Conviene recordar que hace pocos años, en 2020, el por entonces portavoz de la Conferencia Episcopal Española y ahora arzobispo de Valladolid, Luis Argüello , realizaba unas declaraciones en las que aseguraba que en los últimos meses las denuncias por abusos en la Iglesia habían si «cero o muy pocas».

Si bien es cierto que a través del informe del Defensor del Pueblo no se puede certificar si las palabras de Argüello eran ciertas, puesto que no es tan exhaustivo como para fechar en qué momento se produjeron las denuncias, lo que es incontestable es que aunque en los últimos años hubieran sido pocas, eso no exime a la Iglesia de todas las que tuvieron lugar con anterioridad y que tantas consecuencias negativas tuvieron para las víctimas.

Por otro lado, tampoco se puede cuestionar la pérdida de confianza de estas personas, en su mayoría hombres, con la institución religiosa, puesto que ni siquiera sus mecanismos de denuncia han sido de los más demandados. Esto también se pone de manifiesto en el informe, que bebe principalmente de sus propias vías para recopilar el testimonio de las víctimas y de la base de datos que elabora el periódico El País. Por su parte, la información procedente de fuentes eclesiásticas siempre queda en un segundo plano por escasa o por incompleta, salvo en contadas excepciones.

Son lugar a dudas, el informe del Defensor arroja luz sobre un asunto que durante décadas ha permanecido en penumbra y que ahora, gracias sobre todo al coraje de las víctimas, empieza a cobrar el protagonismo que merece. Aún con todo, es mucho el camino que queda por recorrer para cortar de raíz estas prácticas deleznables en una institución histórica como es la Iglesia Católica y reparar los daños de las víctimas, aunque en algunos casos eso resulte imposible.