Barcones confirma que 29 de los 30 investigados por el cobro de ayudas de la PAC son de Castilla y León

Un total de 29 personas, de las 30 investigadas por el presunto fraude por el cobro de subvenciones de la PAC de la Unión Europea , vinculadas a la sanidad y el bienestar animal, son de Castilla y León . Así lo denunció hoy la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, en su visita a Segovia, donde recordó que las investigaciones comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención de las ayudas , presuntamente en connivencia con personal de la administración de la Junta, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En concreto, de los investigados, diez se corresponden con la provincia de Valladolid ; otros ocho, con Palencia;  cinco, con Ávila, además de tres, con Segovia; otro, con Salamanca, y uno más, con Zamora. Se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

Los ganaderos investigados solicitaron la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Los referidos ganaderos poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda. Así, recibían una cantidad anual, ilícita, que rondaba los 45.000 euros por ganadero, por simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas.

Se ha podido demostrar además, que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC, eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España , los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia. 

De esta manera se obtenía un doble beneficio ilícito por los pastos, que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos.

Una trama familiar encabezaba las operaciones

Este fraude estaba encabezado por el jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que era el encargado de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración. Coincide que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del referido jefe de la SAC, quien no realizó ninguna inspección de campo, en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de multitud de condicionantes de riesgo. 

Además, el presidente de la Junta Vecinal, hermano del jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas). 

Se estima que el beneficio económico obtenido ronda el millón de euros y la investigación patrimonial realizada en paralelo culminó con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.