Carriedo desautoriza la actuación de Gallardo contra el desembarco de 250 inmigrantes en Medina
El vicepresidente afirma que “los racistas son los socios del PSOE” y defiende que su postura sobre la llegada de inmigrantes es la de la Junta
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.- ICAL
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, desautoriza la actuación del vicepresidente Juan García-Gallardo respecto al desembarco de 250 inmigrantes en el balneario de Medina, después de que el número dos del Ejecutivo autonómico se desplazara este miércoles por la noche hasta la localidad vallisoletana para grabar un video en el que denuncia una "invasión migratoria" y afirma que "el gobierno trae aquí a inmigrantes ilegales que generan inseguridad en el pueblo" .
Preguntado acerca de estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha querido mostrar la "solidaridad" de Castilla y León y su "apoyo a comunidades autónomas que han atravesado una crisis migratoria , especialmente las Islas Canarias". Asimismo, también aseguró que el objetivo del Ejecutivo autonómico es "poner en el centro lo más importante, que es el inmigrante. La persona vulnerable es nuestra prioridad y su protección siempre es lo primero" , aseveró.
En el mismo sentido, Fernández Carriedo también apuntó que "Castilla y León es tierra de acogida, lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo" , aunque matizó que eso no les permite manifestar que "por parte del Gobierno se ha actuado con improvisación, falta de lealtad y ausencia de transparencia".
Pese a todo lo anterior, el portavoz del Ejecutivo autonómico remarcó en varias ocasiones que las palabras de García-Gallardo no representan la opinión de la Junta con respecto a las personas migrantes, si bien rehusó condenarlas de manera explícita. "Yo lo que transmito es la opinión de la Junta de Castilla y León, que es la que fija el presidente de la Junta y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades", reiteró en varias ocasiones.
"Otras declaraciones deben estar en el marco de la opinión personal o de un partido", agregó también Carriedo, quien incidió también en que su "misión no es valorar las opiniones que pueda tener cualquier partido político o cualquier persona". Eso sí, para dejar clara la distancia que existe entre las declaraciones de García-Gallardo y la postura del Ejecutivo autonómico, el portavoz argumentó que el vicepresidente no hace público el vídeo "con los medios propios de la Junta de Castilla y León. No está en la web, ni en las redes sociales, ni se ha remitido a través de los cauces. No es en el ámbito de la comunicación oficial que realiza la Junta", remachó.
Al igual que hizo el miércoles al ser preguntado por esta cuestión, Fernández Carriedo no escondió el malestar de la Junta con la forma de actuar del Gobierno de España, pues le reprochó que no hubiera comunicado la llegada de los inmigrantes. "Si se nos hubiera anticipado con tiempo podríamos haber hecho un proceso de acogida como nos hubiera gustado", expresó, al tiempo que recordó que "algunas de las cosas que pueden necesitar estas personas son competencia de la Junta". En cualquier caso, comprometió "todos los refuerzos que sean precisos para atender estas circunstancias" .
Frente a las declaraciones de Fernández Carriedo fue el propio García-Gallardo quien espetó este jueves que en España “los racistas son los socios del Partido Socialista Obrero Español” y “no admitimos ni una sola lección de democracia de quienes tienen en el Gobierno a amigos del terrorismo internacional; de quienes integran en la dirección del Estado a los terroristas de ETA y a quienes pactan con los separatistas la disolución nacional”.
“El PSOE ha adquirido la condición de socio preferente de los separatistas, que han sido los que han traído el racismo a nuestra nación”, dijo García-Gallardo tras dar lectura ante los periodistas para ilustrar su afirmación de varias a citas de líderes independentistas catalanes y vascos.
El dirigente de Vox trasladó que no teme “en absoluto” que la fiscalía actúe contra sus declaraciones, como demandó el PSOE, porque “todavía hay libertad expresión”. “El deber de cualquier dirigente es decir la verdad”, aseguró, y destacó que se limitó tras visitar Medina del Campo, donde el Gobierno ha desplazado a ciento de inmigrantes, a “transmitir las sensaciones” que le trasladaron los vecinos. Agregó que siempre ha acudido a los juzgados como abogado pero si tiene que ir como investigado pedirá “consejo a los miembros del PSOE que han acudido con tanta frecuencia y tan poco éxito a defender su inocencia”.
García-Gallardo defendió que su posicionamiento sobre la llegada a la Comunidad de cientos de inmigrantes procedentes de Canarias, es el de la Junta y se abordó “con total normalidad hoy en el Consejo de Gobierno”. En este sentido, incidió en que el acuerdo de gobierno PP y Vox es “nítido” en su apuesta por una inmigración “legal y ordenada”. Así, insistió en que el acuerdo gobierno que suscribieron PP y Vox el 10 de marzo refleja “el compromiso de facilitar una inmigración legal y ordenada con capacidad de adaptación cultura y social”.
Exigimos al Gobierno central que detenga el efecto llamada y que deje de financiar a ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas.
— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) October 26, 2023
Ese es el compromiso del Gobierno de Castilla y León. pic.twitter.com/6jBy0nNb5P
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico puso de relieve en su alocución que Castilla y León es el lugar del germen de los derechos humanos, “los llevamos a América a través de la Escuela de Salamanca y las leyes de Burgos de 1512”, dijo, para defender: “Esa es la herencia que reivindico: Castilla y León como vanguardia de los derechos humanos a nivel internacional”.
En cuanto a las críticas de cargos socialistas como la alcaldesa de Miranda de Ebro, argumentó que si alguien cree que acoger a estos inmigrantes “es tan beneficioso, que coja el toro por los cuernos y los lleve a sus municipios”, aunque recomendó que “primero recomiendo que pregunte a sus vecinos”, para responder: “Tengo la sensación de que la población quiere que vengan personas para construir una Castilla y León mejor, con capacidad de adaptación y que vengan a trabajar y no están de acuerdo con la maniobra del Gobierno central de traer cientos personas que no tienen capacidad suficiente para su integración rápida”. Al respecto, reseñó que la mayoría de los inmigrantes que han llegado a la Comunidad son de Senegal, Malí y Costa de Marfil. "Aquí se habla el español y sino lo hablan difícilmente podrán trabajar aquí”, apuntó, para reseñar que “donde hay más inmigración ilegal suben los ratios de delincuencia”.
En este contexto, exigió al Estado que cumpla la ley de extranjería y expulse a todas las personas que “accedan a nuestro país de forma ilegal” y cargó de nuevo contra la “absoluta falta de lealtad institucional del Gobierno” que les llevó a acudir a Medina del Campo para “conocer la situación de primera mano y hablar con los vecinos ante la falta de información total”. Así, insistió en que en su valoración de la situación que se vive en el municipio, “no dije ninguna mentira”, informa Ical.
García-Gallardo exigió una y otra vez al Gobierno que deje de traer y “detenga de una vez por todas el efecto llamada” de personas que “no conocen nuestro idioma y no comparten nuestra cultura y tienen unas dificultades enormes de integración”. Asimismo, reclamó que “detenga la financiación de oenegés que se lucran del tráfico de personas y están generado un problema de con vivencia serios”.
“No tenemos capacidad de absorción de tantos inmigrantes, las Canarias están saturadas por esta invasión migratoria, y el Gobierno debe proteger nuestras fronteras”, dijo, para sentenciar: “Lo que genera inseguridad en España es un gobierno social de la ruina y del completo desprestigio internacional, incapaz de gestionar esta invasión y propiciando un efecto llamada”.
