Ecologistas alerta de que toda Castilla y León respiró aire contaminado por las olas de calor

Según las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la repercusión de la contaminación atmosférica en las personas en el año 2020 la mala calidad del aire causó entono a 300.000 muertes prematuras en los países europeos. En el caso de España, las víctimas de la contaminación ese año fueron 24.000 , un 10% de estas causadas por la exposición a ozono troposférico.

Ecologistas en Acción elabora cada año un informe estatal sobre la contaminación por ozono para así analizar los niveles que se han obtenido ese año y poder alertar a la ciudadanía de sus posibles repercusiones. Estos datos son recogidos en casi 500 estaciones de medición, entre ellas 30 situadas en Castilla y León.

En lo que respecta a nuestra comunidad, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2023 los niveles han repuntado ligeramente como consecuencia de que esta primavera y el verano han sido los terceros periodos más cálidos desde 1961 , con varios episodios entre abril y septiembre y cuatro olas de calor en julio y agosto. Debido a estas altas temperaturas se ha llegado a superar el objetivo legal de contaminación propuesto para 2030 por la Comisión Europea en zona del Valle del Tiétar y la del río Alberche en Ávila, que juntas suman 31.000 personas afectadas.

Por suerte, la frecuencia con la que se superan los estándares máximos de la OMS, de 100 microgramos por metro cúbico, ha sido inferior a la de antes de la pandemia, con un descenso del 10 % , y el 54 % si tenemos en cuenta el máximo legal, en el conjunto de Castilla y León. Las áreas que no han seguido esta tendencia y han experimentado un aumento significativo son, aparte de las previamente mencionadas, la ciudad de Burgos, Valladolid, y El Bierzo.

La AEMA afirma que la contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, ya que causa cada año en torno a 2.500 muertes solo en España. Sus efectos afectan a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias, además de contribuir a que se hayan producido 270 muertes por las altas temperaturas durante este verano en Castilla y León, según el Instituto de Salud Carlos III, debido a que el ozono está estrechamente ligado con el cambio climático.

Este contaminante es muy complejo, puesto que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes emitidos por actividades como el transporte, las centrales termoeléctricas o la ganadería intensiva. Este contaminante típico de primavera y verano se ve además propulsado por la falta de las precipitaciones en España, como sucede en la sequía primaveral y la estival.

A pesar de sus graves efectos, la información que recibe la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es “ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”, según considera Ecologistas en Acción. A lo que suma su inacción para actuar, como demuestran las sentencias del Tribunal Supremo (2020) y los tribunales superiores de Castilla y León (2018 y 2023), Navarra (2021), Cataluña (2022) y Comunitat Valenciana (2023), que condenaron a sus gobiernos a aprobar planes de calidad del aire para reducir el ozono por incumplir desde 2010 de los objetivos legales.

Una de las causas de esto es que, según el CSIC , las estaciones del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León no están optimizadas para la medición del ozono, “lo que restringe su representatividad”, por lo que Ecologistas en Acción ha solicitado su reubicación al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Ecologistas en Acción también le pide a las autoridades locales que “prioricen la salud de sus vecinos” teniendo en cuenta que, según el Banco Mundial, el coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, sin tener en cuenta  os daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

A esto se suma que pasados nueve meses desde el fin del plazo para que los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, ninguna de las ciudades de Castilla y León ha cumplido “formalmente” esta obligación legal, “pese a los fondos públicos que están recibiendo para su implantación”. 

Ecologistas en Acción considera inaceptable que “un año” más la Junta y el Gobierno de España “sigan careciendo de planes eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que reduzcan los elevados niveles de ozono” . Y eso que la dramática situación creada por la pandemia demostró cuáles son “las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, la reducción estructural del transporte, la descarbonización de la industria y los edificios”. En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha otorgado un plazo de seis meses para que la Junta elabore un plan acorde con la normativa vigente.

La confederación de grupos ecologistas de España concluye que “el Gobierno español y las Comunidades Autónomas ya no tienen excusa ni para seguir incumpliendo sus obligaciones legales en materia de información, control y prevención de la contaminación por ozono, ni para retrasar las medidas necesarias para combatir de manera efectiva el cambio climático”