El PSOE pide que el 112 sea público y acusa a la Junta de “maltratar” a sus 120 trabajadores

El Grupo Parlamentario Socialista urgió este lunes la conversión de la prestación privada hacia lo público del servicio del 1-1-2 porque, tal y como ha reconocido una reciente resolución del Procurador del Común, “no es más caro” y redundaría, de forma directa, en una mejor gestión y lógica social”. Así lo aseguró hoy el procurador José Luis Vázquez , quien acusó al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones , de “maltratar” a los 120 trabajadores y de “mentir” en la respuesta a una pregunta oral, formulada en el Pleno de la semana pasada, sobre la “gran satisfacción” del servicio.

Vázquez, que estuvo acompañado por varios miembros del Comité de Empresa del 1-1-2, señaló que los socialistas “responderán a las mentiras con propuestas y reivindicaciones justas”, con el fin de atender las quejas de los trabajadores. La petición del PSOE se sustenta en una resolución del Procurador del Común en la que se plantea que el 1-1-2 sea un servicio gestionado por la Junta, algo para lo que Suárez-Quiñones contestó que se trata de una decisión política y no hay motivo para un cambio , informa Ical.

“Es un servicio eficaz, eficiente y en permanente mejora y un servicio extraordinariamente valorado por los usuarios”, argumentó hace seis días el consejero, algo que molestó a los trabajadores del servicio, que hoy han remarcado, en palabras del presidente del Comité de Empresa, Domingo Largo , que trabajan de forma “precaria” y explicaron que la gestión externa es más cara que sí fuera prestado directamente por la Administración autonómica.

Vázquez manifestó que no están en contra de las empresas pero insistió en que “no deben tener cabida en lo que es un servicio público”, dado que su objetivo es “la lógica empresarial, cuya perspectiva es económica y nunca puede competir con la prestación directa del servicio y la lógica social”. El socialista recordó que el Procurador del Común ha solicitado esta reversión, como ya lo hacen otras autonomías, como Madrid o La Rioja”. Algo que, a su juicio, se puede llevar a cabo porque cuando Grupo Norte “rompió el contrato, la Junta asumió el servicio”.

Igualmente, consideró que estos 120 trabajadores son tratados “de forma absolutamente denigrante por parte de quienes nos malgobiernan, con complacencia”, y expuso que la resolución deja abierta la “potestad” a la Junta de elegir la posibilidad de prestarlo de forma directa o indirecta, “pero no eludir a dar explicaciones por las que opta por la prestación de un servicio privatizado”.

Sobre el grado de satisfacción, Vázquez entendió que es el “servicio de llamadas de emergencias más y mejor valorado de toda Europa , pero no puede ser nunca en contra de la Hacienda Pública y los derechos laborales de trabajadores”. “Es importante que los ciudadanos tomen conciencia de esto”, sostuvo el procurador socialista, quien recordó que el actual contrato, que se ha iniciado el 1 de septiembre de 2023, tiene una vigencia de dos años con la actual empresa, Ilunion Emergencia (Telefónica se encarga de la parte informática), aunque con la posibilidad de prorrogarlo dos años más. El coste del servicio hasta 2025 es de 11 millones de euros .

“La Junta tiene la obligación de estudiar cómo llevar a cabo la reversión del servicio para su prestación pública”, dijo Vázquez, quien expresó que el Gobierno autonómico “ha anulado cualquier iniciativa, incluso con mentira, para mejorar esta situación, con innumerables veces que Luis Tudanca ha presentado iniciativas y PNL que desprecian”.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa del 1-1-2, Domingo Largo, recordó que esta resolución del Procurador del Común es la respuesta a una queja que planteó el propio hace un año tras un contrato que “contaba incluso con irregularidades”, con Grupo Norte. Lamentó que las alegaciones de la Junta para evitar la conversión hacia lo pública justificaban que en un “concurso de traslados los trabajadores se irían a otros sitios o que la calidad bajaría”. “En resumen, nos dicen que así trabajaríamos con miedo y lo haríamos mejor y espabilamos” , denunció.

En este sentido, consideró que “si mejoran las condiciones, pues mejoran las condiciones, nadie va a dejar de ir a trabajar ni habrá que despedir a los empleados para convocar oposiciones, valdría con una subrogación, como entre empresas privadas, para pasar a personal laboral, con derechos de empleados públicos”. De hecho, comentó que el Tribunal Superior de la UE “ya lo dictaminó así en el caso de La Rioja”. “Las justificaciones de la Junta no son válidas. La Ley pura y dura dice que puede decidir cómo quiera, si es gestión pública o privada”, espetó Largo.

Así, consideró que con contratos privados “se pueden dar las situaciones de que la Administración pague más por el servicio , por el beneficio industrial, o menos y que la empresa apretuje a los trabajadores”. “Si el servicio se presupuesta en una cifra, la Administración deberá hacer cálculos en base a eso. Habría que dejar de mirar el oráculo para no estar al arbitro de esas inversiones. Regule usted para que no ocurra y exista estabilidad”, exigió el presidente del Comité de Empresa, quien reconoció que la situación actual del servicio “en algunas cosas están bien, pero siempre hay aspectos que mejorar”.

También, admitió que en estos dos años de contrato que restan “no da tiempo a la conversión a lo público, pero sí a estudiarlo”, porque “si el presupuesto es ajustado al servicio, no tiene por que ser más caro, pero si se hace un presupuesto a la baja, no lo hagas a costa de los trabajadores , que a veces parecemos animales de granja”, acusó.

Largo denunció que el salario base de una jornada a tiempo completo es de 1.177 euros en el servicio , a 16 horas semanales, que se complementan con fines de semana y festivos que “castigan la conciliación familiar”, si bien aclaró que una tercera parte del personal cuenta con contratos de carácter temporal. Esto se debe, achacó, a que dependen del convenio colectivo de ‘contact center’, un marco regulatorio que “no da estabilidad”, al contrario de lo que reclama la Unión Europea, que se firme uno nacional o propio. “No somos venta telefónica”, discernió.