El PP y VOX tumban la PNL de Podemos que buscaba un modelo residencial "público como regla general"

El pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó este miércoles la Proposición No de Ley presentada por el procurador de Podemos, Pablo Fernández, para que la atención residencial de la Comunidad sea “pública como regla general” debido al voto contrario de los grupos parlamentarios de Vox y el Partido Popular que, en el caso de este último, invitó a los grupos de la oposición a votar, en los próximos meses, a favor de la nueva ley autonómica de atención residencial, en fase de tramitación, y que “garantiza que ninguna persona pierde el acceso por falta de recursos económicos” .

La iniciativa de Fernández proponía “un cambio radical” en el modelo residencial de Castilla y León, dado que, actualmente, “más del 70% de las plazas residenciales en la Comunidad son privadas” y, además, el proyecto de ley de atención residencial, defendido por el PP, “insiste en la vorágine privatizadora, ahondando en la desigualdad de un servicio que debería ser igual para el conjunto de la ciudadanía”.

También lamentó que ya, a día de hoy, apenas una veintena de las residencias de la Comunidad sean de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales cuando el total de centros existentes en Castilla y León asciende a más de 700, y propugnó por ello un cambio en los ratios de atención directa, garantizar condiciones laborales “dignas” para los trabajadores de las residencias públicas y privadas y garantizar las condiciones de control y supervisión de las residencias privadas para “asegurar que estas están en condiciones adecuadas”.

La PNL de Podemos contó con el apoyo del PSOE, dado que ambas formaciones comparten “la visión del modelo de cuidados de larga duración” , aseguró la procuradora socialista Nuria Rubio, que además pidió al Gobierno autonómico que “se deje ayudar” para cambiar un modelo de atención residencial “fracasado y que hace aguas” como demostró “la crueldad de la pandemia”.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por PP y Vox. Los primeros, en voz de la procuradora Noemí Rojo, justificaron su ‘no’ por tratarse la PNL de Fernández de “un claro ejercicio de vagancia y oportunismo” que “evidencia su absoluto desconocimiento sobre el proyecto de ley de atención residencial”. Y es que este, aseguró Rojo, “garantiza que ninguna persona pierda el acceso por falta de recursos económicos”, motivo por el que pidió el voto favorable de la oposición a la ley cuando se someta a su aprobación en Cortes en los próximos meses, informa Ical.

Además, continuó con sus críticas a Fernández al asegurar que “vive una idea, pero no la realidad”, que la procuradora popular afirmó que muestra a Castilla y León como “la comunidad con mayor cobertura de plazas residenciales, donde la plantilla es superior a la exigida por el acuerdo del Consejo Territorial, y donde se aumenta el presupuesto para obras de centros residenciales para la adaptación de los centros de día al nuevo modelo de atención”, lo que llevó a Noemí Rojo a afirmar que la Comunidad “lidera los servicios sociales en España” .

Comunismo frente a neoliberalismo

Por su parte, Vox aseguró que la propuesta, detrás de su “interés aparentemente benigno, esconde la mano de quienes no quieren legislar la realidad, sino planificarla, en una sociedad sin arraigo, bandera ni moralidad” que promueve “la abolición de la familia” como sostiene el Manifiesto Comunista, que calificó como “la ideología más aberrante, atroz y genocida de la historia de la Humanidad”.

“Bajo un manto de falsa misericordia, construyen un relato que aleja a nuestros abuelos de sus familias y les empuja a la dependencia absoluta” , sostuvo Miguel Suárez Arca en nombre de Vox, que recordó que “la primera responsabilidad del cuidado de nuestros mayores es de nuestras familias” y que, en todo caso, la obligación de los responsables públicos es “enfrentar el problema” en vez de “construir un modelo bajo las ideas de aquellos que desean destruir la familia y España”.

Fernández retomó su turno de palabra para acusar a Vox de “mentir” para “tapar a los verdaderos criminales, sus compañeros de Gobierno” con un “modelo ideológico” que aseguró que comparten y que tildó de neoliberal, al “impedir a muchas personas llevar a sus mayores a las residencias porque no tienen dinero”.

Políticas que, además, calificó de "asesinas" y sostuvo que fueron las responsables, bajo el mando del PP durante la pandemia en Castilla y León, de “enviar a la muerte a más de 2.000 personas mayores” que fallecieron en las residencias ante el “deleznable protocolo de la vergüenza” que, en la Comunidad, “dio la orden de no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales” .

Esta aseveración provocó que la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Mercedes Cófreces, solicitara a Fernández retirar sus palabras, que este simplemente matizó al señalar que fueron las políticas del PP, y no este partido, las que “condujeron a la muerte” a los mayores durante la pandemia en Castilla y León.