El Consejo de Cuentas califica “razonable” el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública durante la pandemia

El Consejo de Cuentas de Castilla y León consideró “razonable” el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública realizada, de manera excepcional y a través de la fórmula de emergencia, durante la crisis de la Covid-19 por parte de la Junta de Castilla y León, si bien apuntó “salvedades” que, en algunos casos, incluso fueron “incompatibles con la situación de emergencia” planteada por la crisis sanitaria.

Inició su intervención Amilivia, en relación al informe de fiscalización sobre la contratación pública vinculada a la Covid-19 en 2020, recordando que la enfermedad “parece olvidada, pero está muy presente en nuestras vidas”, por lo que vinculó su incidencia no solo al primer informe sino también al segundo, por su afección aún en la contratación administrativa de 2021, informa Ical.

No obstante, se refirió en concreto al informe sobre la contratación pública vinculada a la Covid-19 en 2020, y que fue presentado en diciembre de 2022, para “analizar los efectos de la pandemia” en la contratación de la Comunidad y fiscalizar así la gestión de los contratos de emergencia suscritos en 2020 por la Covid-19 y que, en todo caso, supuso “un problema de Estado” , como indicó Amilivia, que planteó poner “en contexto” las salvedades marcadas en el informe.

El informe del Consejo de Cuentas concluye así que la Administración autonómica ha cumplido “razonablemente” con la legalidad en la tramitación de emergencia “excepto por salvedades” como que en 71 expedientes no haya habido una concurrencia competitiva o que incluso nueve de los contratos sean “incompatibles con la situación de emergencia”, así como que dos casos no tuvieran relación con la pandemia pero “se aprovechara para adjudicar los contratos, lo que incumple la ley”.

Conclusiones que se disgregan del centenar de expedientes analizados, 73 incluidos en el Registro Público de Contratos de Castilla y León por valor de más de 96 millones de euros y los otros 27 no incluidos en el registro y por valor de 20 millones, y tras cuya fiscalización se realizan, por parte del Consejo de Cuentas, seis recomendaciones entre las que se pide a la Junta el registro adecuado de todos los contratos en el Registro Público de Contratos.

También pidió el órgano presidido por Amilivia que la declaración de emergencia y la orden de adjudicación y ejecución incluya objeto, precio, plazos y adjudicatario; que la Administración promueva algún tipo de concurrencia siempre que sea compatible con la inmediatez de las necesidades planteadas; que se formalice un documento por ambas partes con derechos y obligaciones; o que se cumplan las obligaciones de publicidad de las adjudicaciones; así como vigilar el estricto cumplimiento de los contratos, siempre teniendo en cuenta la “excepcionalidad” de una situación que Amilivia deseó que “no vuelva a pasar”.

En la misma línea se expresaron los portavoces en la Comisión de Economía y Hacienda de los grupos de la oposición, como Pablo Fernández , que en representación del Grupo Mixto, lamentó las “numerosas irregularidades” mencionadas por Amilivia que, aún reconociendo que son fruto de una situación “excepcional”, no dejan de ser “puntos negativos remarcables y reseñables” por parte de la Junta donde, según apuntó la procuradora de UPL, Alicia Gallego , “se produjo, si no un abuso, cierta extralimitación de la vía excepcional de los contratos de emergencia”.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Comisión, Francisco Javier Carrera , también crítico con el Gobierno previo de la Junta al no encontrarse su partido en él, se refirió a las “salvedades y debilidades” de la Administración a la hora de realizar las tramitaciones de los contratos derivados de la Covid-19, entre los que apuntó la falta de definición de la cuantía “aproximada” para saber “los cálculos de coste” porque la Administración “tiene la capacidad suficiente para saber lo que va a necesitar”.

En cuanto al objeto de cada contrato, manifestó la necesidad de puntualizar “para qué se contrata” con el objetivo de que luego el coste no sirva para invertir “en otras cosas”, así como la publicidad del contrato y la falta de comunicación a la Junta , que aseguró que es “recurrente” y por lo que su grupo mostró “preocupación” dado que “ya se ha visto en otros informes”.

El Grupo Parlamentario Socialista, a su vez, encabezado hoy por el procurador salmantino Juan Luis Cepa , mostró su entendimiento por los posibles fallos en la gestión dadas “las circunstancias que pasamos” durante la pandemia y la dificultad que atravesaron también las administraciones, teniendo en cuenta que “lo más importante era salvar vidas”.

No obstante, Cepa preguntó por las salvedades planteadas en el informe del Consejo de Cuentas por referirse a la “falta de legalidad” de algunos expedientes, y consideró que “no es lo mismo” que un contrato se adjudique a una sociedad “y luego la justificación lo haga otra”, incluso sin NIF, a que “se publique o no un contrato que se incluya en el Registro Público de Contratos”, siendo la primera cuestión “más grave” y que, apuntó, “aparece publicada en el informe”.

“Donde hay más fallos y situaciones más graves es en la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente”, puntualizó, restando valor a la crítica realizada sobre la Consejería de Sanidad por parte de Vox, y criticando que “será porque la Administración soy yo”, en referencia a las polémicas palabras del actual consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones .

Justificó las contrataciones, por su parte, el procurador ‘popular’ David Beltrán , que inició su intervención con unas “palabras de recuerdo y duelo” por las víctimas de la Covid-19 y de “reconocimiento” a los trabajadores de la Sanidad pública, tras lo que quiso “poner en contexto” la fórmula de la contratación por la vía de emergencia porque hizo posible “la respuesta a la crisis sanitaria”.

“Todas las administraciones pública garantizaron el acceso a determinados materiales necesarios por la vía de emergencia” , recordó, apuntando que el informe de fiscalización servirá para “mejoras futuras” tras acometer en 2020 “un reto de gestión sin precedentes” y que requirió de la “mayor rapidez posible”, como refrenda la Comisión Europea al permitir los procedimientos de emergencia para situaciones como la Covid-19.

Y es que la dificultad de acceso a materias por plazos, precios de entrega y cantidades “impidió concretar” en tiempo y forma las cuantías y, en ocasiones, los objetos, por lo que, pese a ello, y debido a la situación provocada por la Covid-19, “la Administración autonómica cumplió razonablemente con los procesos de contratación”.

Previamente a la presentación del informe, la Comisión de Economía y Hacienda celebró la votación de su nuevo presidente, el procurador ‘popular’ José Alberto Castro, que actuará a partir de ahora al frente de dicha Comisión en sustitución de su compañera de partido, Paloma Vallejo.